Las claves del coronavirus
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Con los datos de afiliación y desempleo del mes de abril, que se suman a los de la EPA y Contabilidad Nacional del primer trimestre, ya tenemos una imagen clara del impacto de la crisis en el empleo.
Más allá de la obviedad, para la que no hacía falta ni encuestas ni estadísticas, de que la COVID-19 está destruyendo empleo con una velocidad e intensidad nunca vista, disponemos de datos cualitativos que nos permiten analizar el impacto de la crisis, la utilidad de las medidas aprobadas y las que se precisan para el futuro.
En estos dos meses – 50 días- la caída de la afiliación interanual, -771.695 (-4%) se come todos los aumentos de los cuatro años anteriores (2015-2019). Los datos de abril son muy malos en comparación anual, pero si se comparan con marzo no tanto; mientras entre el 12 y el 31 de marzo se perdieron 919.000 afiliados, durante todo el mes de abril la pérdida solo fue de 49.000 afiliaciones. Esta ralentización del ritmo de destrucción de empleo no obedece a razones económicas, sino políticas: las medidas del Gobierno, facilitando ERTEs, aplazando pagos tributarios y de seguridad social, ofreciendo –aunque limitadamente- liquidez y prohibiendo los despidos, han taponado la sangría que se produjo en los 20 días de marzo.
Las medidas aprobadas explican que por primera vez el ritmo de destrucción de empleo sea menor que el de la caída del PIB. Esta es una diferencia importante en relación a otras crisis, en las que fruto de la elevada precariedad del empleo y la tipología muy frágil - sectorial y de tamaño- de nuestras empresas, el empleo caía más que la actividad económica.
En esta ocasión no está siendo así y ha sido determinante la legislación excepcional aprobada sobre ERTEs vinculada al estado de alarma, que otorga mucha facilidad y agilidad a la suspensión temporal de contratos y al pago de prestaciones.
Por eso el debate sobre el estado de alarma es importante. No deberíamos olvidar que el art. 22 del RD Ley 8/2020 establece un procedimiento distinto – ágil y casi automático- al ordinario para las suspensiones de contrato por fuerza mayor, que están acotadas en su duración al período en que se mantenga el estado de alarma – lo establece la disposición adicional 1ª del RD Ley 9/2020.
De todas las personas que están hoy en suspensión de contratos y cobrando prestación de desempleo, 3.074.462 lo son por fuerza mayor vinculada al estado de alarma y sólo 312.323 lo están por otras causas, y esos son los únicos que se mantendrían en esta situación sin prórroga de la alarma.
Por supuesto, es posible aprobar una nueva ley que dé cobertura a las suspensiones de contrato por fuerza mayor, en el caso de no prorrogarse del estado de alarma, incluso aunque se prorrogue para alargar su vigencia, pero ello requiere una nueva tramitación parlamentaria.
La caída de la afiliación del mes de abril que en términos interanuales (abril 2020/abril 2019) es del -4,01% es muy desigual en función del Régimen de Seguridad Social, de la modalidad del contrato, de sectores y territorios. Y de ahí se desprenden muchos datos para tener en cuenta.
Mientras caen mucho los afiliados ocupados, entre diciembre del 2019 y abril del 2020 aumentan en 780.000 los afiliados en situación de desempleo. Este es otro de los impactos positivos de los ERTEs que hace que la reducción de la afiliación global sea solo de unas 85.000 personas, lo que, en este contexto, es una buena noticia para la Seguridad Social.
El impacto de la caída de la afiliación es mucho mayor entre los asalariados (-4,48%) que entre autónomos (-1,70%). A diferencia de otras crisis, en esta no se está produciendo un trasvase del régimen general al de autónomos por dos razones. Ahora las actividades de los autónomos no actúan como refugio de los asalariados que han perdido su empleo, como ha sucedido en otras crisis.
Durante el mes de abril, la caída de la afiliación continúa afectando mucho más a los temporales (-1,63%) que a los indefinidos, cuya afiliación ha subido en este mes en 21.118 personas, un 0,23%. Pero el impacto en los contratos temporales es menor que en marzo, cuando se produjo una reducción de 613.250 (-14,45%) solo entre 12 y 31 de marzo, como expliqué en este artículo.
Un dato que se mantiene es la anomalía de las altas y bajas en el último día de cada mes – las llamadas bajas y altas oportunistas de las empresas para transferir sus costes a la Seguridad Social. En un solo día, 31 de marzo, se produjo una caída de la afiliación de 120.171 personas, y ahora el 30 de abril ha sido de 103.888 menos. En este aspecto son preocupantes los datos de actividades educativas que deberían ser objeto de alguna inspección.
Sectorialmente hay diferencias en la caída de la afiliación durante estos dos meses. Como era de esperar, en Hostelería (-4,85%) y Construcción (-4,53%) está siendo mayor que en la industria manufacturera (-0,99%). A ello contribuye la mayor musculatura de las empresas industriales mientras en hostelería se concentra mucha micro-pyme. Esta resistencia de la industria puede ser una de las palancas de la recuperación. Las diferencias territoriales están muy vinculadas al peso de cada sector económico en cada CCAA o provincia.
Los datos sobre prestaciones de desempleo ponen de manifiesto el inmenso esfuerzo de nuestro sistema de protección social para convertirse en pagador de último recurso. Durante el mes de abril, el Servicio Público de Empleo Estatal tienen reconocidas prestaciones a 5.197.451 personas, de las cuales 3.333.700 son nuevas beneficiarias. Con una nómina mensual de 4.512 millones de euros. Por primera vez, a los autónomos además de discursos les llegan prestaciones, cerca de 1.100.000 están cobrando la prestación por cese de actividad, con un horizonte que puede llegar a ser de 1.400.000, cerca del 50% de los autónomos afiliados. Estos datos no incluyen las prestaciones que han entrado en vigor esta semana para los contratos temporales sin cotización suficiente y las empleadas de hogar.
Sin duda se trata del mayor esfuerzo jamás realizado por nuestro sistema de protección social, que puede resultar difícil de mantener por mucho tiempo, sobre todo si va acompañado de una reducción en los ingresos tributarios y por cotizaciones. Es inevitable aumentar de manera significativa la deuda pública para sostener este esfuerzo pero este es un camino que España no puede recorrer en solitario y para el que se precisa una política europea que mancomune la deuda pública, aunque sea por la puerta de atrás de un BCE que compre deuda pública a perpetuidad y con interés cero.
Hay retos que superan la capacidad de la mayoría de los estados nacionales y que solo tienen respuesta en el marco de una profunda cooperación europea. No hacerlo así impactará negativamente en todos, aunque algunos se nieguen a verlo.