Hace unas semanas, una pareja de adolescentes fue expulsada de un Burger King de Madrid por el encargado de seguridad del establecimiento, atendiendo la petición de unas familias muy respetables que consideraban que unos chicos besándose eran un mal ejemplo para los niños allí presentes. A pesar de las protestas de varias personas, que defendieron a la pareja, el jefe de seguridad los echó a la calle. Unos días después, un grupo de neonazis le dio una paliza a otra pareja como castigo por estar sentados en un banco cogidos de la mano. Son solo dos ejemplos de los numerosos casos de agresiones verbales o físicas sufridas por personas LGTB en los últimos meses en varios lugares de nuestro país.
En 2013 se denunciaron en España 452 delitos homófobos o transfóbicos, más aún que delitos racistas o xenófobos. Esta cifra es solo “la punta del iceberg” de las agresiones contra lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, según la Federación Estatal de LGTB (FELGTB). La mayoría de las veces las víctimas no denuncian, por miedo, por considerarlo inútil o por la falta de sensibilidad de la policía ante este tipo de delitos. Pero los ataques violentos son solamente la manifestación más brutal de una discriminación que sigue existiendo en todos los ámbitos de la vida: en la calle, en las familias, en el sistema educativo o en el trabajo.
Según un informe de la asociación COGAM, dos tercios de los alumnos y alumnas pertenecientes a minorías sexuales1 han sufrido algún tipo de acoso o violencia en su centro escolar. La mayoría del profesorado no sabe cómo tratar la diversidad sexual de sus alumnos y el desconocimiento fomenta la falta de respeto a los alumnos LGTB por parte de sus profesores y compañeros. Habrá quien piense que el acoso homófobo es una cosa de críos, pero lo cierto es que la discriminación homófoba y transfóbica también es sistemática en el mundo del trabajo. Un 75% de los trabajadores y trabajadoras LGTB ocultan su orientación o identidad sexual en su centro de trabajo, lo que significa que mucha gente sale del armario para su familia y amigos pero no en el trabajo, donde pasamos aproximadamente un tercio de nuestras vidas. La creciente precarización de las condiciones laborales no hace sino agravar esta situación, ya que aumenta la vulnerabilidad de los trabajadores y trabajadoras; es más difícil rebelarse contra un ambiente hostil en el trabajo con la amenaza del despido a la vuelta de la esquina. La situación laboral y económica de las personas transexuales es la más alarmante: un tercio vive con menos de 600 euros al mes y la mayoría están en paro.
Todos estos datos corresponden a un país en el que el 88% de la población dice aceptar la homosexualidad, un país que ha sido pionero en la extensión de los derechos de las minorías sexuales. El matrimonio igualitario y la adopción conjunta por parejas del mismo sexo en 2006 o la Ley de Identidad de Género de 2007, que permite cambiarse el nombre y el sexo legal sin necesidad de operarse, constituyeron avances innegables. En nuestra sociedad la igualdad jurídica es un valor fundamental, por lo que era necesario acabar con injusticias como la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo y esto sin duda ha contribuido a normalizar la diversidad sexual.
Pero no podemos seguir viviendo de las rentas, no basta con seguir alegrándonos de lo que logramos hace siete u ocho años. Las asociaciones LGTB siguen consiguiendo avances legislativos, como la ley catalana para la erradicación de la homofobia o el protocolo de intervención policial contra los delitos de odio. Pero no nos podemos conformar con pequeños avances o concesiones de un gobierno que se siente más cercano de las respetables familias que echaron a los chicos del Burger King que de las víctimas de la agresión, el mismo Gobierno que niega a las lesbianas y a las mujeres solteras el derecho a la reproducción asistida. En este nuevo año de grandes esperanzas de cambios políticos, es necesario hacer un diagnóstico global y concienzudo de la situación de las minorías sexuales en nuestro país y ponernos a trabajar para acabar con todo tipo de discriminación por razón de orientación o identidad sexual, en cualquier ámbito. Es una tarea infinita, como terminar con la violencia de género o con el racismo y la xenofobia, pero debe ser una prioridad de cualquier gobierno que se quiera llamar demócrata.