“¿Qué potencial le veis a un posible Ministerio de Consumo?”. Era diciembre de 2019. La pregunta me la hacía en una llamada telefónica Desiderio Cansino, la mano derecha de Alberto Garzón. A ambos los había conocido unos meses atrás en una reunión por la crisis de la Listeria en productos cárnicos de la empresa Magrudis. El que sería director de gabinete del entonces líder de Izquierda Unida estaba calibrando qué jugo podían sacarle a la cartera que iban a asignar a Garzón en el reparto del Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos.
A esa conversación telefónica le seguirían otras muchas durante toda la legislatura. Y en esa conversación, como en decenas de llamadas y mensajes de Telegram posteriores, le planteé una cuestión que en Facua considerábamos clave y llevábamos años reivindicando: el Ministerio de Consumo debía asumir competencias para poder multar a las empresas por sus fraudes masivos. Unas competencias que estaban en manos de las comunidades autónomas desde mediados de los años 80 y que se habían traducido desde entonces en sanciones ridículas, la mayor de las cuáles apenas superaba los 6 millones de euros.
Sanciones ridículas consecuencia de una combinación de ausencia de voluntad política y de falta de recursos en los organismos autonómicos de consumo, a los que hay que sumar que cada comunidad debe dimensionar la cuantía de la sanción sobre la base del beneficio ilícito obtenido por la empresa con los consumidores de su territorio. Para poder multar de forma óptima un fraude masivo, era necesario que cada una de las diecisiete comunidades abriesen expedientes sancionadores -algo que nunca ha ocurrido- y qué todas determinasen cuantas basadas en el dinero ganado por la empresa como consecuencia de su práctica ilegal.
La reivindicación de Facua no planteaba quitar esas competencias sancionadoras a las autoridades de consumo autonómicas, sino compartirlas. Que el Ministerio de Consumo pudiese actuar ante los fraudes que afectan a los consumidores a nivel nacional sin restar a las comunidades su potestad para hacerlo también.
Convencimos a Garzón. Pero para que su ministerio asumiese la potestad sancionadora era necesaria una modificación de la ley general para la defensa de los consumidores y usuarios. Así que había que convencer también a otras fuerzas políticas para llevar a cabo la medida. El equipo de Garzón lo logró. Y la modificación de la ley fue validada sin problemas en el Congreso de los Diputados.
Desde mayo de 2022, la autoridad de protección de los consumidores del Gobierno de España tiene competencias para multar a las empresas que cometan fraudes masivos.
Ya estaban puestos los mimbres. Ahora tocaba que el ministerio articulase los mecanismos para poder ejercer su nueva capacidad. Una subdirección general dedicada al procedimiento sancionador y funcionarios que instruyesen los expedientes. Eran -y siguen siendo- muy pocos pero su trabajo está comenzado a dar sus resultados.
El primero, la histórica sanción de más de 150 millones de euros a cuatro compañías aéreas que acaba de trascender. El principal motivo, el cobro de un extra por llevar equipaje de mano en cabina. Facua llevaba batallando contra ese fraude desde que Ryanair lo puso en marcha a finales de 2018.
Llamamos a todas las puertas. Ese mismo año denunciamos a Ryanair y a Wizzair –la primera aerolínea que comenzó a imitar a la irlandesa– ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por este motivo. Ninguno de los dos organismos llevó a cabo ningún tipo de actuación al respecto. Y ese mismo año empezamos también a denunciar el cobro del extra por el equipaje de mano ante las autoridades de consumo autonómicas, sin grandes resultados.
Mientras convencíamos al equipo de Garzón de que asumiese la potestad sancionadora, en 2021 también intentamos que, de momento, advirtiese al menos a las aerolíneas de que sus prácticas eran ilegales y animase públicamente a los consumidores a llevarlas a los tribunales. Pero la reacción del ministerio se hizo esperar.
El ministerio acabó reaccionando gracias al director general de consumo de Baleares en la anterior legislatura, Félix Alonso –hoy diputado de Sumar–.
En marzo de 2021, Baleares había decidido abrir expediente sancionador a Ryanair por estas prácticas como consecuencia de la denuncia interpuesta por Facua tres años atrás. En abril de 2022, le abrió otro a Vueling tras otra denuncia de la asociación. Posteriormente, expedientó también a EasyJet y Volotea como consecuencia de un control realizado de oficio sobre las webs de las compañías que operaban en las islas. Pero ante la ridícula cuantía de las multas que iba a imponerles, Alonso decidió archivar todos estos expedientes sancionadores tras convencer al Ministerio de Consumo de que tomase las riendas del asunto.
Y lo hizo. El verano pasado, el ministerio anunció la apertura de expedientes a varias aerolíneas, entre otras prácticas por el cobro del extra por el equipaje de mano. No dijo cuáles eran, pero hoy sabemos que se trataba de las cuatro expedientadas por Baleares.
Con el nuevo gobierno, las competencias de Consumo pasaron a manos de Pablo Bustinduy. Y el equipo del nuevo ministro continuó con la instrucciones de los expedientes a las aerolíneas.
Ahora, la Secretaría General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha hecho historia con multas que las aerolíneas ya han anunciado que recurrirán. Es previsible que Bustinduy desestime los recursos. Y entonces llegará la batalla judicial. Las compañías recurrirán ante la Audiencia Nacional y pierden, volverán a recurrir ante el Supremo.
Faltan años para que sepamos cómo acabará todo esto. Pero lo que hoy sabemos es que sí, un Ministerio de Consumo tiene mucho potencial si cuenta con las competencias para actuar frente a los fraudes masivos. Sobre todo si tiene al frente a un ministro dispuesto a hacer su trabajo, que ponga la protección de los consumidores entre las prioridades de su agenda, que atienda las reivindicaciones y denuncias de las organizaciones que luchamos por sus derechos y al que no le tiemble el pulso frente a las presiones de las grandes empresas. Si Bustinduy sigue esa senda, nos quedan muchas buenas noticias por conocer en lo que queda de legislatura.