Dos grandes errores
Enric Juliana, el pasado sábado en un artículo en La Vanguardia, calificaba la decisión de Artur Mas de finales de septiembre de 2012 de disolver el Parlament y convocar nuevas elecciones como el “gran error” que había conducido a Catalunya, y por extensión a España, a la situación en que ahora mismo nos encontramos.
Pienso que Juliana no quería decir que en esa decisión estuviera “el origen” del enorme pandemónium (“lugar en que hay mucho ruido y confusión” RAE) en que se han convertido Catalunya y España, pero sí que había sido el “detonante” de la ciclogénesis explosiva que nos ha traído hasta aquí.
Con esta lectura de su artículo coincido plenamente con él. Sin aquella decisión nada de lo que ha ocurrido en el interior del sistema político catalán habría sido lo que ha sido. Por lo pronto, no habría desaparecido CiU, que era, con mucha diferencia, el partido que, dentro de la opción nacionalista, daba estabilidad política a Catalunya y, como consecuencia de ello, a la relación de Catalunya con el Estado.
Con dicha decisión, Artur Mas puso en marcha un proceso hacia la independencia que dividía de manera inmanejable a la sociedad catalana. Alimentaba, por una parte, la “ilusión” de una parte muy numerosa de dicha sociedad, pero provocaba, por otra, una “angustia” extraordinaria en otra parte igual de numerosa. El proceso que una parte viviría como un “sueño”, se convertiría para la otra en una “pesadilla”.
Lo que más me sorprende de esta decisión del President Mas es que él mismo, en el discurso de investidura de 2010, había anticipado este riesgo y, por eso mismo, había excluido la posibilidad de convocar un referéndum. “Es responsabilidad de un Presidente… no cerrar las puertas a los anhelos de un pueblo, así como evitar fracturas internas”, fueron sus significativas palabras. Derecho a decidir sí, pero referéndum, no.
Con esta ambigüedad en su discurso, Artur Mas no conseguiría el apoyo de ningún partido, siendo investido finalmente gracias a la abstención del PSC.
En 2012, con la decisión de convocar elecciones, CiU pasaría de 62 a 50 escaños y, como consecuencia de ello, perdió el control de la situación que tenía en la anterior legislatura. En 2010 ERC se ofreció a apoyar la investidura de Artur Mas sin exigir la convocatoria del referéndum. Mas no aceptó el ofrecimiento temiendo la posible pérdida de autonomía en el curso de la legislatura. En 2012 ERC exigiría el compromiso de la convocatoria del referéndum para apoyar la investidura.
Como Artur Mas se temía, “no cerrar las puertas a los anhelos de un pueblo”, que es lo que la convocatoria del referéndum suponía, entrañaba el riesgo cierto de “fracturas internas” en el seno de dicho pueblo. El salto de la Autonomía a la Independencia conllevaría la división de la sociedad catalana en dos bloques de tamaño similar. Todos los resultados electorales desde entonces lo vienen certificando.
En esas estábamos cuando se ha producido la aplicación del artículo 155 CE. Y la aplicación de dicho artículo de la forma en que se ha hecho, ha dado un paso más en esa dirección. Hacer uso del 155 CE para convocar elecciones podía contribuir a encontrar una salida de esa división en bloques. Pero aprovechar el 155 CE para poner en marcha querellas por delito de rebelión contra los miembros del Govern y de la Mesa del Parlament no ante los órganos judiciales radicados en Catalunya, sino en Madrid, no puede conducir más que a cimentar todavía más la división política de la sociedad catalana. El recurso al 155 CE podría haber abierto una puerta, pero ha conducido a todo lo contrario, a cerrar todavía más cualquier posible salida.
El PSOE no debería haber apoyado el recurso al 155 CE sin garantías previas por el presidente del Gobierno de que ordenaría a la Fiscalía General del Estado la no interposición de querellas en periodo electoral. La formación de un sedicente bloque “constitucionalista” haciendo uso simultáneamente de la fuerza represiva del Estado en su máxima expresión contra sus adversarios electorales, no puede conducir nada más que a lo que está conduciendo.
Con la amenaza del delito de rebelión no hay manera no ya de hacer desaparecer, sino de debilitar siquiera, la consistencia de la línea divisoria que separa políticamente a la sociedad catalana. Con la aplicación que se ha hecho del 155 CE se ha convertido el Código Penal en la Constitución. Y con el Código Penal como Constitución no hay manera de salir de donde estamos.
El 155 CE se ha aplicado de una manera disparatada. Se ha introducido una célula cancerígena en el sistema político español. O se entiende así y se reacciona adecuadamente o se puede llevar por delante no el ejercicio del derecho a la autonomía en Catalunya, sino todo el ordenamiento constitucional en España.
El error de 2012 del nacionalismo catalán me parece indiscutible. Pero el error de los partidos sedicentemente constitucionalistas en 2017 no me lo parece menos.
Ya se han cometido. Ahora hay que buscar la forma de enmendarlos. Todavía hay tiempo.
