La guerra abierta entre Cataluña y España que nos espera
Cuando el conflicto entre el Estado español y Cataluña estalle sin posibilidad de vuelta atrás la mayor parte de los españoles se quedará atónita. Porque nadie le habrá advertido de que eso podía ocurrir. Los medios masivos, y particularmente las televisiones, llevan muchos meses, y particularmente en los últimos tiempos, ocultando la gravedad del asunto. Porque eso es lo que el Gobierno cree que le interesa, por eso de que lo que no sale en la tele no existe. Pero cada día que pasa parece más inevitable una guerra abierta entre el independentismo catalán y el centralismo español. Una guerra de verdad, que puede derivar en lo que sea, hasta en lo peor. Y los plazos se acortan, sin que en el horizonte se atisbe el mínimo indicio de que ese designio pueda ser evitado.
El Gobierno del PP cree, o hace que cree, que tiene el pulso ganado. El independentismo, por muchos conflictos internos que lo aflijan, está convencido de que nadie va a poder derrotar su causa. Ese tipo de convencimiento mutuo en sus propias fuerzas ha sido siempre la condición necesaria para que se produjeran los enfrentamientos más terribles. La necesidad de mantener el tipo, de no ceder en nada porque se entiende que eso sería un signo de debilidad, suele ser un complemento que refuerza tales dinámicas infernales. Y estamos en eso. O muy cerca de eso.
Hace un par de meses, cuando recuperó oficialmente el Gobierno, Rajoy inició una tímida maniobra de acercamiento a los dirigentes catalanes. Seguramente sólo movido por la necesidad de demostrar que hacía algo, aunque no fuera a conducir a nada significativo. Pero ese intento, que nunca fue más que una insulsa operación de relaciones públicas, se agotó el día que José María Aznar tronó desde su púlpito de FAES. El expresidente le dijo muy clarito a su sucesor que si se atrevía a dar un solo paso negociador con Cataluña él pondría en pie en su contra a las bases del partido. Y Mariano bajó la cabeza sin decir nada. En eso consistió el rifirrafe. Que perdió Rajoy.
Unas semanas antes algo parecido se había producido en el interior del PSOE. Otro expresidente, en este caso Felipe González, salió inopinadamente a la palestra para pedir la cabeza de Pedro Sánchez. Porque no quería que éste, en su desesperada lucha por mantener el cargo, pactara un gobierno con Podemos. Pero sobre todo porque temía que el entonces secretario general socialista consiguiera la abstención de los independentistas catalanes en su investidura a cambio de no sabe qué, pero en todo caso de escuchar sus peticiones, de matizar el “no” a cualquier demanda que procediera de Cataluña que hasta ese momento el PSOE había mantenido como postura oficial.
Felipe González ganó su envite como más tarde Aznar ganaría el suyo. Pedro Sánchez fue apartado y hoy los dos primeros partidos del Parlamento tienen la misma posición ante el conflicto catalán. Sólo una derrota del oficialismo socialista, el de Susana Díaz y la comisión gestora, en las futuras primarias podría modificar esa relación de fuerzas. Que el PSC pueda quedar triturado por el centralismo de su partido no parece importar a quienes controlan la sede de Ferraz. Para ellos es más importante conservar el poder que les queda en Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Asturias, y en esos territorios, tras largos años de algo muy parecido al anti-catalanismo por parte de los dirigentes locales socialistas, cualquier veleidad negociadora con el independentismo se pagaría muy cara.
En este último frente, su crónica política del último año está marcada por la incapacidad de establecer una estrategia común y el riesgo constante de que ésta devenga en división abierta. En su seno se libran distintos combates, el más importante de los cuales es la lucha por la primacía que enfrenta a la antes vencedora CIU y ahora cada vez más débil PdCat, de un lado, y a Esquerra Republicana del otro. Con las CUP como francotiradores autónomos que amenazan día sí, día no con hacer imposible la tarea a ambos.
Aunque no lo reconozcan en público, el PP y el PSOE confían en que esa tensión interna, junto con el martilleo de las acciones judiciales contra sus líderes, acabe debilitando, si no arruinando, al independentismo. Ese es su único plan de acción. Pero todo indica que no va a valer para nada. Porque más allá del hartazgo de la opinión pública catalana, que debe ser muy extendido y profundo, incluso en sus ámbitos más independentistas, una mayoría abrumadora de la misma sigue queriendo que se celebre un referéndum. Ese es el dato central de la cuestión, por su contundencia y porque no se ha debilitado lo más mínimo en los últimos años.
No tiene sentido político alguno hacer como que se ignora esa realidad. Una gran mayoría de catalanes quiere que se les reconozca el derecho a decidir. Lo cual no quiere decir que esa mayoría opte por la independencia. Y mucho menos después de comprobar, con las idas y venidas del último año, lo mal que la pueden gestionar quienes van a encabezarla. El derecho a decidir colma buena parte de las aspiraciones que en este terreno tienen muchos de quienes lo demandan. Pero nada, seguramente ni siquiera un desastre, les va a apartar de ese objetivo.
El lunes juzgan a Artur Mas por desobediencia. El Financial Times acaba de decir que es un “juicio político, que tiene muy poco fundamento legal”. Le puede inhabilitar por 10 años. Si esa es la sentencia, Mas, la única esperanza que le queda al nacionalismo de centro-derecha, quedaría fuera del juego político para siempre y Oriol Junqueras y Esquerra tomarían el mando del frente independentista. ¿En qué mejoraría eso las posiciones del bloque centralista PP-PSOE? En nada.
Hace 40 años, nada más ser nombrado presidente del gobierno, Adolfo Suárez dejó helados a propios y extraños cuando llamó a La Moncloa a Josep Tarradellas, el emblema irredento del nacionalismo catalán que llevaba casi cuatro décadas en el exilio francés. Ese fue el primer paso, clamoroso, del reconocimiento de la autonomía catalana por parte de un poder central que todavía era franquista.
Vista fríamente la cosa, hoy no haría falta un gesto tan dramático. Bastaría con que el PP, apoyado por el PSOE, se mostrara dispuesto a explorar la posibilidad de un referéndum legal, incluso no vinculante, o cuando menos, la posibilidad de modificar algo las leyes para hacerlo viable. Pero nada indica que eso pueda ocurrir. A menos que pase algo muy gordo. Como que el Gobierno de Madrid precinte los colegios electorales donde habría de votarse un referéndum ilegalmente convocado por la Generalitat o que suspenda, en parte o en todo, la autonomía catalana al abrigo del artículo 155 de la constitución. Cualquier hipótesis sobre cuál sería la reacción popular a esas medidas carece hoy de fundamento. Pero no la suposición de que éstas puedan ser adoptadas. Y dentro de poco.
