Juan Pablo II en el Congreso de los Diputados
En 2007 nacía en Santiago de Chile la organización “Acción mundial de Parlamentarios y Gobernantes por la Vida y la Familia”, que ahora en 2014 ha “ocupado” el Congreso de los Diputados con el Seminario Internacional por el derecho a la vida. Para explicar esta cesión de un espacio institucional últimamente “vallado” a vindicaciones políticas, conviene una somera explicación de quiénes son y cuál es el origen de esta asociación que de modo tan vertiginoso ha trascendido fronteras y asentado sus reales en el centro de la toma de decisiones políticas. Y no sólo en España, por cierto.
Pertenecen a Acción Mundial de Parlamentarios y Gobernantes por la Vida y la Familia, un nutrido grupos de representantes políticos –procedentes de Latinoamérica, España, Estados Unidos, Portugal, Italia, Gran Bretaña y Francia, entre otros países– unidos en torno a un discurso que tiene por objetivos analizar estrategias y compartir experiencias para impedir reformas legales que avalen la despenalización del aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo.
¿De dónde les nace a estos parlamentarios esta vocación “antielección” centrada sólo en dos puntos? Su adhesión a tan limitada agenda, negación de derechos, no está inspirada en el hecho de ser mayoritariamente políticos conservadores, sino por compartir profundas convicciones religiosas, siendo la religión católica la mayormente representada. Los católicos –cuya religión es la más representada de esta organización– funcionan a todo efecto no como un cuerpo político, sino como un cuerpo eclesiástico en sintonía con las tesis vaticanas defendidas por el Papa Juan Pablo II. A la asociación “Acción Mundial de parlamentarios por la vida y la familia” se les podría definir como un auténtico “apostolado familiar” que “tienen como finalidad el bien humano y cristiano de la familia”.
Muchas de las afirmaciones vertidas por los integrantes católicos de esta asociación siguen fielmente lo expresado por Juan Pablo II en su Exhortación Apostólica “Familiaris Consortio”. En este documento, el expontífice hace un llamamiento a los católicos del mundo para que se erijan en defensores de la familia y de la vida, entendiendo por familia “la alianza esponsal que se establece entre el hombre y la mujer” cuyo fin es la procreación, y por vida aquella que se produce en el instante mismo de la concepción hasta que sobrevenga la muerte natural. En este texto papal se describe cómo han de actuar políticamente la Iglesia y las familias cristianas para contrarrestar la toma de decisiones políticas en la extensión de derechos sexuales y reproductivos: abogaba Juan Pablo II por la intervención política de los católicos cuya “misión debe ponerse al servicio de la edificación de la Iglesia y de la construcción del Reino de Dios en la historia”.
Para tan alto cometido, Juan Pablo II planteó la necesidad de promover el asociacionismo internacional entre organizaciones de familias y laicos especializados con la finalidad “de formar las conciencias según los valores cristianos y no según los criterios de la opinión pública”. No dudó tampoco el expontífice a la hora de afirmar la prevalencia de la familia cristiana sobre los Estados en la resolución de los conflictos que pudieran producirse por legislaciones que atentaran contra la doctrina cristiana: “La familia, según los planes de Dios, es célula básica de la sociedad, sujeto de derechos y deberes antes que el Estado. [...] Por esto la Iglesia defiende abierta y vigorosamente los derechos de la familia contra las usurpaciones intolerables de la sociedad y del Estado”.
Para Acción Mundial de Parlamentarios y Gobernantes por la Vida y la Familia, alineada con estas posiciones vaticanas, es rechazable todo proyecto de ley que acepte o suponga cualquier tipo de práctica abortiva, eutanásica, o que manipule la vida humana. En el ideario de esta organización, los cauces democráticos no existen si afectan a estas cuestiones. Son temas innegociables. Así pues, en el Congreso de los Diputados se ha dado expresión a un “apostolado y política familiar” que se resiste a aceptar la pluralidad en los modos de vida y que, por lo tanto, subordina los derechos de las personas, en este caso de las mujeres, a los designios divinos.
