La escena se repite machaconamente cada semana ante el Tribunal Supremo. En la acera de enfrente a la que ocupaban los compañeros de los dirigentes independentistas catalanes encarcelados por el procés que denunciaban que la Justicia española es “una farsa”, se plantan ahora periódicamente los dirigentes de Vox para anunciar a los medios de comunicación la nueva querella del día. Gestos graves, anuncios solemnes, miradas siempre fijas en el horizonte y palabras gruesas, que hablan de la necesidad de parar a los “golpistas” y de permitirles como máxima concesión, entre la chanza y la humillante condescendencia, que “pinten de amarillo los barrotes de su celda”.
La extrema derecha se coló en el escenario político español con su multitudinario mitin de Vistalegre y en el institucional con los doce diputados que el juez prevaricador Francisco Serrano conquistó en las pasadas elecciones andaluzas. Pero antes de eso se hizo un hueco en los medios de comunicación más conservadores gracias al procedimiento judicial contra los independentistas catalanes, en el que Vox se personó como acusación popular. Su presencia en la causa, en la que piden 74 años de cárcel, no por uno, sino por dos delitos de rebelión, organización criminal y malversación de caudales públicos, les permitió presentarse ante la opinión pública como un partido útil, útil para la España de la Reconquista que ellos defienden, y dejar de ser percibidos como la formación freak cuyos dirigentes se colaban en Gibraltar para colocar una bandera gigante en el Peñón.
El nuevo Manos Limpias del escenario judicial español, el partido que ve con buenos ojos los apoyos de Matteo Salvini y Marine Le Pen porque lo que le preocuparía es recibir el aplauso de Pablo Iglesias o Arnaldo Otegi, ha exprimido al máximo su protagonismo en los tribunales. Y lo ha hecho a base de querellas imposibles que han sido mayoritariamente rechazadas y de las peticiones más duras en la causa del procés, en la que han querido sentar en el banquillo al expresident de la Generalitat Artur Mas o a la presidenta de los Municipios por la Independencia, Neus Lloveras, tras prometerles que prolongarían su “calvario judicial”.
El partido que proclama que la migración no es “un derecho humano”, que las embarcaciones de Salvamento Marítimo son “taxis acuáticos” para los subsaharianos que naufragan a bordo de una patera o que invitó a Soraya Sáenz de Santamaría a marcharse a vivir a Afganistán por defender que el mundo es una “aldea global” ha hecho, curiosamente, del delito de odio su preferido del Código Penal. Para atribuírselo a los demás.
Es el delito que imputan a la presidenta en funciones de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, por afirmar que Vox es un partido “machista” y acusar a su líder, Santiago Abascal, de “justificar la violencia contra las mujeres”. O el que atribuyeron al actor Guillermo Toledo por afirmar en el programa de Juan Carlos Monedero que “al fascismo hay que combatirlo en la calle y a hostias”. El mismo que creen que cometió la alcaldesa de Girona, Marta Madrenas, por cambiar el nombre de la plaza de la Constitución, que ahora está dedicada al 1 de Octubre, y colocar una placa en la que se denunciaba “la brutal agresión de las fuerzas de seguridad españolas”. En este último caso al delito de odio se unieron los de ultraje a España, contra el honor, calumnias, injurias, malversación de caudales públicos y desobediencia.
A la presidenta navarra, Uxue Barcos, le cayó una denuncia ante la Fiscalía por un delito de provocación sexual por autorizar la publicación de un plan de coeducación que, según Vox, buscaba explicar a los niños de entre cero y seis años la existencia de “múltiples identidades sexuales” o que los pequeños tuvieran “vivencias sexuales a través de juegos eróticos infantiles”. A los pocos días se archivó por falta de fundamento.
Contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la formación se querelló por el supuesto fraude de su tesis doctoral y por promocionar de manera irregular la carrera profesional de su mujer, Begoña Gómez, pero la Fiscalía ya le ha pedido al Supremo que archive las actuaciones por limitarse a “reproducir una información periodística sin concretar los simples datos que un periódico le proporciona”.
A la interminable lista de querellados de Vox hay que sumar al juez belga que admitió una demanda contra el magistrado español Pablo Llarena, al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a su abogado, Gonzalo Boye, a los exconsellers Serret, Comín, Ponsatí y Puig, a los activistas que colocaron una imagen de Felipe VI en Barcelona diciendo que no era bienvenido o a los responsables de la Consejería de Interior de la Generalitat y de los Mossos d’Esquadra que, según la formación, hicieron “caso omiso a los avisos” de posibles atentados yihadistas como los que se produjeron en la capital catalana y Cambrils en agosto de 2017.
Tal es la afición de Vox por las querellas que durante la presentación de la ultima contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, por conspiración para la rebelión y odio al haber apelado a la vía eslovena para la independencia, a Santiago Abascal debió de parecerle poco y acabó amenazando al Gobierno de Sánchez con propinarle otra si no aplicaba ya el artículo 155 de la Constitución. La de la semana que viene.