¿Por qué no investigar?

Desprecia la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la potestad que puede tener una comisión de investigación a la hora de aclarar lo sucedido —bajo su mandato y durante la pandemia— en las residencias de ancianos que gestionó su gobierno. Ella prefiere hablar con las familias (a las que no ha atendido en dos años). Ella no quiere “comisiones espurias que lo que hacen es falsificar y no ayudar”. La líder del PP de Madrid confirma cuál es el mensaje desde su partido, el mismo que había lanzado el día anterior su vicepresidente al afirmar que “los familiares ya han superado” las muertes de sus seres queridos y que una comisión de investigación podría mandarles “un mensaje falso”. Para Enrique Ossorio, abrir una comisión de investigación “va a causar un daño irreparable a familias que podrán volver a pensar '¿Se podría haber evitado la muerte de mi familiar?’”. Para Ayuso, solo servirá para “retorcer el dolor de las familias”. 

Sin embargo, las familias de los fallecidos en las residencias de la Comunidad de Madrid piden investigar la gestión de Ayuso y su gobierno. El argumentario del PP de Ayuso de querer proteger a las familias de intereses electoralistas, no se sostiene. Ellas, con voz propia, llevan casi dos años pidiendo una investigación de lo sucedido en las residencias madrileñas. Lo han hecho en los juzgados, en la Asamblea de Madrid, en las calles, en los medios de comunicación, en varios informes de ONG, ante el Defensor del Pueblo y, por supuesto, auto organizándose en la Asociación Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias de la Comunidad de Madrid. 

Parece una obviedad, pero no se puede ser juez y parte. Si de lo que se trata es de que prime la integridad ante un tema tan delicado como la muerte de más de 7.000 personas mayores en las residencias madrileñas en circunstancias que inducen a pensar que no recibieron la atención médica adecuada, quizá una comisión de investigación es lo mejor para aclarar lo sucedido. Máxime cuando parece que las circunstancias y protocolos en la Comunidad de Madrid sí fueron diferentes al resto de comunidades autónomas. No en todas pasó lo mismo, es lo que viene a demostrar la investigación periodística que ha venido haciendo Manuel Rico en InfoLibre, gran parte de la cual se recoge en su libro: 'Vergüenza, el escándalo de las residencias'. 

Es algo muy elemental que cuando quien dice “no” y bloquea una investigación es la persona o la institución que va a ser investigada, algo huele mal. Eso es lo que hizo el PP de Ayuso el pasado mes de julio con el apoyo de Vox, y eso es lo que quiere evitar ahora que el partido de extrema derecha le ha retirado su apoyo y sí está a favor de dicha comisión. La pregunta es: ¿por qué no investigar si no hay nada que ocultar? ¿Por qué desactivar una comisión que serviría para zanjar las dudas que existen sobre las decisiones que tomaron Ayuso y Escudero sobre los residentes mayores más vulnerables? ¿Por qué negarse si su información y sus datos les darían la razón? 

Lo único cierto es que la información más concisa y clara, además de la de Rico, ha venido siendo la ofrecida por el que era consejero de Políticas Sociales en aquel momento hasta que lo apartaron y dimitió. Alberto Reyero afirma que la Comunidad de Madrid aprobó un protocolo que impidió trasladar a los hospitales a las personas mayores que vivían en residencias y tenían una alta dependencia física o que sufrían un deterioro cognitivo importante. En su libro 'Morirán de forma indigna' da fe de todo ello en primera persona, con hechos y documentos. 

La acusación al gobierno de Ayuso de abandonar a su suerte a miles de ancianos durante la pandemia negándoles una asistencia médica es lo suficientemente grave como para, si es falsa, fuese la propia presidenta la primera interesada en crear una comisión que apartase de ella y de su consejero de Sanidad (Enrique Ruiz Escudero) cualquier sombra de sospecha. En cambio, parece que su único interés es que pase el tiempo, culpar a la izquierda de politizar a las víctimas y lograr que caiga en el olvido la muerte sin explicación de miles de personas. Una vez más, la derecha española prefiere el olvido a la verdad, la justicia y la reparación. Y una vez más, antes o después, no conseguirán que triunfe el olvido porque son las propias familias, al margen de partidos políticos, las que van a luchar por saber qué les pasó a sus seres queridos. La memoria personal que se organiza en lucha colectiva nunca olvida.