Normalizar la violencia policial citando los Evangelios

En estos días que tanto se insiste en condenar la violencia, llama la atención que esté pasando tan desapercibido el uso (sesgado) que ha hecho algún que otro representante político de la extrema derecha de ciertos versículos de la Biblia para alentar a los antidisturbios a usar la violencia contra los manifestantes: “A todo el que te pida, dale” (Lucas 6:30)  

Curiosamente, la oración a la que hace referencia la diputada en el Congreso por Vox continúa y propone todo lo contrario a lo que quiere promover en su apoyo a la Policía. En realidad es una exhortación al amor incondicional al prójimo y poner la otra mejilla: “30 A cualquiera que te pida, dale; y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. 31 Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. 32 Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman.33 Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo.34 Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores, para recibir otro tanto.35 Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada; y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo; porque él es benigno para con los ingratos y malos.36 Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso”.

 Sin embargo, ha dado bastante igual que se tratase del versículo suelto de una oración que llama a la misericordia y no a la violencia. Imágenes similares a las del tuit se han compartido en grupos de mensajería policiales. Además, estos días de disturbios, los emuladores de la diputada de Vox vienen acaparando el hashtag #YoApoyoALaPolicia con imágenes de cargas policiales desproporcionadas, textos bíblicos que justificarían la violencia en nombre de Dios o proclamas automáticas a favor de la propiedad y la libertad frente a lo que llaman “terrorismo callejero”. 

Mensajes que devuelven una imagen inquietante de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que parecen describir y aplaudir más la actuación de un grupo parapolicial que la intervención de los servidores y funcionarios públicos que la ley les otorga. La mezcla entre confusión y furor es tal que hasta en una de las tertulias de Hoy por Hoy se ha escuchado a Ignasi Guardans defender “el monopolio” de la violencia por parte de la policía en defensa de la democracia, para ser puntualizado un rato después por Antón Losada con un “siempre que sea legítima”.

Desde la lógica de los derechos humanos, aunque parezca una obviedad, es necesario recordar que toda intervención policial en un Estado de Derecho debe ser proporcionada y ha de llevarse a cabo en el marco de una ética pública. Es erróneo y temerario hacer creer a la ciudadanía que para garantizar la seguridad toda actuación policial es legítima por el solo hecho de venir de un agente o cuerpo de policía. Esa función policial solo lo es si entiende la seguridad ciudadana desde la perspectiva de los derechos humanos, de lo contrario será arbitraria y tiránica con la excusa de garantizar una idea de seguridad muy subjetiva que se aleja de la idea de convivencia pacífica, plural y diversa.

Desde esa perspectiva de derechos humanos, el concepto de “seguridad” es mucho más amplio que la idea de seguridad pública que defienden los estados autoritarios, aquellos que buscan preservar el orden político y el cumplimiento de la ley por las buenas o por las malas. En derechos humanos, la seguridad se entiende como seguridad humana, es decir, como la forma de garantizar a las personas una vida digna y segura, libre de necesidades y opresiones, velando por su bienestar e invirtiendo desde lo público en su calidad de vida para luchar contra la pobreza, el desempleo, la desigualdad... O como dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “en la práctica, la seguridad ciudadana, desde un enfoque de los derechos humanos, es una condición donde las personas viven libres de la violencia practicada por actores estatales o no estatales”. 

Para garantizar esa seguridad humana, ciudadana, la función policial juega un papel fundamental, siempre que lo haga desde el apego a la ética pública, al respeto a los derechos humanos y a la ley. Este apego implica una cultura en la que el uso de la fuerza policial solo puede ser ejercida de forma moderada, siempre que sea necesaria y de manera proporcional a las necesidades de la situación y al objetivo legítimo a alcanzar. Lamentablemente, en España, tal y como lamenta Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos, no existen organismos independientes que puedan valorar cuándo las actuaciones policiales son abusivas y desproporcionadas. Hay que esperar a que lo diga un juez en procesos no siempre exentos de sesgos ideológicos por parte de los jueces. Esto viene provocando un grado de impunidad hacia los abusos y brutalidad policial que es mucho más alto y preocupante de lo que se puede permitir una democracia plena. 

Siete sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y multitud de denuncias de organizaciones defensoras de estos ponen en evidencia que en nuestro país existen importantes disfunciones estructurales en el funcionamiento de los mecanismos institucionales y judiciales de investigación y rendición de cuentas ante los abusos policiales que tienen lugar. Esto, guste o no a los afines a la derecha centrada, es una realidad. Disfunciones que pueden y deben evitarse siendo responsabilidad de los representantes del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales el que así sea. Desde qué armas autorizan que sean utilizadas, algunas desaconsejadas reiteradamente (pelotas de goma, balas de foam, pistolas eléctricas, etc.) hasta qué protocolos seguir para disolver una manifestación o la sola capacitación para estas labores. Disfunciones y deficiencias que imagino poco ayudan a quienes dentro de esos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad tienen una verdadera vocación de servicio público y apoyo a la convivencia.

Dice Naciones Unidas en su Manual ampliado de derechos humanos para la Policía que todas las medidas de restablecimiento del orden han de ser compatibles con los derechos humanos. Tras ver las imágenes de estos días (y no solo de estos días) en Linares, Barcelona, Madrid... la pregunta es sencilla: ¿todas las medidas y órdenes dadas para restablecer el orden en las calles han sido compatibles con los derechos humanos? Yo tengo serias dudas. Por eso, quizá, antes de dejarse llevar por el frenesí de una porra golpeando a un grupo de jóvenes cuya ideología o aspecto disgustan, molestan o inquietan a los conservacionistas del Orden (por encima de todas las cosas), se debería dar un espacio para la reflexión política, social y colectiva sobre cuál es la función pública que se quiere dar, como democracia, a la policía en situaciones de alta tensión. Lo que estamos viendo últimamente resulta muy desasosegante. 

De ello dependerá que estemos más cerca o más lejos de esa democracia tan nombrada estos días. En una democracia plena real de verdad es incompatible garantizar el respeto a los derechos humanos con la violencia policial, y cuando se da, se investiga, no se alienta. No hay Constitución ni versículos de Lucas que lo amparen, basta leer para saberlo bien.