La posibilidad de que España logre un pacto social para afrontar los próximos dos años bajo unas reglas acordadas entre Gobierno, sindicatos y empresarios, ha sido despachada con demasiada prisa y sorprendente facilidad. Bastó una reunión entre los agentes sociales para concluir que las posiciones de ambos estaban muy alejadas y para que el conjunto del país (desde el Gobierno a la opinión publica) haya arrinconado una estrategia fundamental para combatir los peligrosos riesgos que nos depara la actual geopolítica internacional y para afrontar la grave situación macroeconómica que nos rodea.
“La inflación es el impuesto de los pobres y de los pensionistas”, se decía en mis tiempos sindicales y hoy sigue siendo una gran verdad. Gran parte de la política social de este gobierno (salario mínimo, reforma laboral, pensiones, ingreso mínimo vital, etc.) queda oscurecida por los efectos de la inflación sobre los precios de la alimentación y de la energía. Las ayudas a los colectivos más afectados y las políticas de abaratamiento de la energía y de los combustibles, precisamente para luchar contra la inflación, se están planteando en un horizonte temporal muy limitado frente a las causas generales de estos desequilibrios sobrevenidos. La guerra en Ucrania será larga y los precios del gas, petróleo, materias primas y de los alimentos básicos en el mercado mundial no van a descender a corto plazo.
Nos enfrentamos, además, a un escenario de ajustes fiscales porque, aunque se haya prorrogado la suspensión del Pacto de Estabilidad europeo en el próximo año 2023, las previsiones de control del déficit desde Bruselas, se van a acentuar. Los llamados países frugales y Alemania, enormemente sensible a la inflación, presionarán para una subida de los tipos de interés en el BCE y para una mayor reducción de los déficit público nacionales. No olvidemos que el Banco Central Europeo dejará de comprar nuestra deuda y los mercados están alarmados por el endeudamiento público producido durante la pandemia. La prima de riesgo asoma de nuevo y encarece nuestras emisiones. Finalmente, una progresiva reducción de los ritmos de crecimiento económico, aunque España lo esté liderando, reducen nuestros márgenes de gasto.
En estas circunstancias sería extraordinario que nuestro país recuperara la cultura de los grandes acuerdos entre los agentes sociales que comenzaron con los Pactos de la Moncloa y fueron seguidos de sucesivos Acuerdos Nacionales a lo largo de las dos últimas décadas del pasado siglo. La España de hoy es, en parte, deudora del sentido común y de la capacidad de pacto que mostraron los agentes sociales aquellos años: desde la reconversión industrial de comienzos de los ochenta, hasta la modernización de nuestro aparato productivo en los primeros años 90 y la internacionalización de nuestras empresas al final del pasado siglo.
Algo de ese espíritu constructivo ya está ocurriendo ahora, porque los salarios reales no han repercutido la inflación de estos últimos seis meses y porque la senda de los beneficios empresariales está siendo relativamente moderada. Pero no es suficiente y no está asegurado que no ocurra lo contrario el año que viene. Al elaborar los presupuestos de 2023 estos criterios de contención de la inflación deben extenderse a los funcionarios. También deberíamos ser capaces de incluir algunas medidas fiscales en el rendimiento de capitales, en sociedades y en otras figuras impositivas, aunque solo sea como símbolo de un esfuerzo colectivo del país y como compensación a los sacrificios que se demanda al conjunto de los trabajadores. Por supuesto, el pacto de rentas debería incluir también las ayudas a los sectores más vulnerables del país en lo que bien podríamos llamar políticas pre-distributivas hacia mercados básicos: vivienda, energía, movilidad, más las ayudas temporales a la supervivencia de la pobreza extrema.
Soy consciente de las dificultades políticas que encierra este proyecto, pero también afirmo que no hay en el horizonte actual mayor ni mejor esperanza para nuestra política económica. Junto a los fondos del Next Generation, un pacto de rentas colocaría a España en la mejor disposición interna e internacional para afrontar los difíciles años económicos que vienen. Un pacto de rentas es, contra lo que piensa cierta izquierda testimonial, la política más progresista y la que evita mayores males para la población más necesitada, la de las bajas rentas y los nueve millones y medio de pensionistas, cuando la inflación nos ataca.
Tomemos como buen ejemplo de buena política la reforma laboral pactada a finales de 2021. Pues bien, esa es la senda por la que deberíamos seguir. Por eso me extraña que la búsqueda de ese gran pacto que, además de los beneficios económicos y sociales descritos, daría al gobierno una centralidad social que necesita, se haya abandonado tan rápidamente.
Es difícil desde luego, pero imposible si no se intenta.