De las palabras a los hechos

Dato: por expreso deseo de Felipe VI, como consecuencia de su proclamación como rey en 2014, la nueva Familia Real quedó reducida a seis miembros: Felipe y Letizia; sus hijas, las infantas Leonor y Sofía, y Juan Carlos y Sofía.

Dato: en junio de ese mismo año, el Consejo de Ministros que entonces presidía Mariano Rajoy aprobó un Real Decreto que modificó el vigente desde 1987 sobre los títulos, tratamientos y honores de la Familia Real para añadir una disposición transitoria cuarta que decía: “Don Juan Carlos de Borbón, padre del Rey Don Felipe VI, continuará vitaliciamente en el uso con carácter honorífico del título de Rey, con tratamiento de Majestad y honores análogos a los establecidos para el Heredero de la Corona” 

Dato: en la normativa sobre Regalos en favor de la Familia Real que Felipe VI rubricó el 1 de enero de 2015, se establece que sus integrantes “no aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones” y tampoco  “aceptar regalos que por su alto valor económico, finalidad o interés comercial o publicitario, o que por la propia naturaleza del obsequio, puedan comprometer la dignidad de las funciones institucionales que tengan o les sean atribuidas”.

Dato: en el mismo texto, y a los efectos de la nueva regulación, se consideraban regalos institucionales los que fueran ofrecidos a los miembros de la Familia Real con motivo de un acto oficial o en razón de su condición y tenían tal consideración “los regalos ofrecidos por las autoridades de un Estado extranjero en viajes oficiales de carácter internacional”.

Dato: el mismo auto de la Fiscalía con el que el Supremo dio carpetazo a las investigaciones abiertas sobre la fortuna de Juan Carlos I -sobre las presuntas comisiones ilegales por la adjudicación del AVE a La Meca, el supuesto uso de tarjetas opacas sufragadas por un empresario mexicano y la fortuna que ocultaba en la isla de Jersey- enumeraba la comisión de hasta 13 delitos cometidos por el que fuera jefe del Estado que no fueron juzgados. Unos por haberse cometido durante la inviolabilidad que le confería la Constitución y, otros, por haber prescrito.

Primera anomalía: Juan Carlos I sigue siendo Familia Real, tiene tratamiento y honores de rey y, por lo tanto, sus actividades debieran estar incluidas en la agenda institucional de la Casa del Rey, algo que no sucede desde que el emérito decidió fijar su residencia habitual en Abu Dabi para hacer de su capa un sayo, esto es, actuar con absoluta libertad sin dar cuentas a nadie. Ni personal ni fiscalmente, claro.

Segunda anomalía: el emérito ha vuelto a España, como lo hizo en su primera visita a Sanxenxo hace un año, en un jet prestado por el emir de Abu Dabi, lo que, de acuerdo con las normas aprobadas por Felipe VI, se entendería como un regalo institucional por la autoridad de un Estado extranjero en razón de su condición que está expresamente prohibido para los miembros de la Familia Real. Y lo mismo se puede decir de la residencia de superlujo en la que se hospeda el padre del rey desde que se fue de España. 

Que los llamados entornos de Juan Carlos I, con la ayuda del cortesanismo de algunos analistas y de la prensa monárquica, se empeñen en hablar de “normalidad institucional” teniendo en cuenta todo lo anterior es tratar a los españoles de idiotas y es también un síntoma revelador de hasta qué punto puede repetirse la historia. Si el emérito pudo llegar hasta dónde llegó y actuar con absoluta impunidad durante 40 años fue por el silencio, cuando no la complicidad, de todos los gobiernos y de los medios de comunicación, con alguna excepción honrosa.

Nada de lo que haga o diga Juan Carlos I puede considerarse irrelevante y mucho menos perimetrarse en su agenda privada, porque sigue utilizando recursos del Estado para su protección y desplazamientos y porque como miembro de la Familia Real está sujeto a unas normas que incumple sistemáticamente.

Su sombra es alargada y es el principal problema que hoy tiene Felipe VI, quien el mismo día en que su padre ponía un pie en España tuvo que volver a improvisar un discurso en Ronda para pedir lealtad a la Corona y a España y subrayar que “la referencia ética del liderazgo pasa por entender el privilegio como servicio a los demás”. Toda una declaración de intenciones para poner de manifiesto la deslealtad de su padre para con España y para con él mismo.

Ahora, solo falta que pase de las palabras a los hechos, que excluya al emérito de la Familia Real como hizo con sus hermanas y que le retire los honores y el tratamiento de rey porque no cumple con sus obligaciones institucionales. Y porque su comportamiento de jubilado regatista multimillonario debiera ofender hasta a los más monárquicos.