Los dirigentes del PSOE vienen presumiendo de sus 140 años de historia, así como de haber sido el partido que ha ocupado más años el Gobierno de la nación en democracia. Presumen, por tanto, de experiencia y de que saben manejar adecuadamente los asuntos de Estado, a diferencia de lo que le ocurre a la mayor parte de los demás partidos y singularmente a Unidas Podemos, que carece de cualquier experiencia de gestión.
No se entiende que, siendo así, no se hayan dedicado a cerrar la investidura de Pedro Sánchez, si no inmediatamente después del 28A, sí inmediatamente después del 26M. Prolongar la situación de Gobierno en funciones no tenía ninguna ventaja y sí muchos inconvenientes. Especialmente cuando veníamos de una ausencia de Gobierno en sentido estricto desde finales de 2015 y tras una legislatura con mayoría absoluta del PP, que impuso la interpretación más reaccionaria de la Constitución desde su entrada en vigor.
En buena lógica, el candidato a presidente del Gobierno socialista debería haber tenido prisa en dejar de ser un presidente en funciones, para pasar a ser un presidente investido como tal por el Congreso de los Diputados. Habría podido empezar a poner en práctica su programa de gobierno, que, además de corregir algunas de las decisiones más lesivas del Gobierno con mayoría absoluta de Mariano Rajoy, hiciera frente a los problemas más urgentes que tiene planteados la sociedad española.
En buena lógica, debería haber iniciado inmediatamente la negociación con los partidos que podían asegurarle la investidura, bien en primera votación con mayoría absoluta, bien en segunda con mayoría relativa. Tanto en un caso como en otro, al no existir en el Congreso de los Diputados con su composición actual “una mayoría de censura”, podría desarrollar su programa de gobierno sin especial incertidumbre.
Su estrategia, por el contrario, ha sido la contraria. Dejó pasar el tiempo y acudió a la primera investidura sin haber negociado con ningún grupo parlamentario, excepto con el partido regionalista de Cantabria, y está dejando pasar el tiempo sin haber dejado claro siquiera si va a ser candidato a una segunda investidura.
Como no podía ser de otra manera, la situación política no ha hecho más que deteriorarse. El presidente del Gobierno en funciones ha necesitado que Unidas Podemos le ayudara a esquivar una comparecencia en agosto en la Diputación Permanente por la gestión del Open Arms y a retrasar al mes de septiembre la comparecencia para informar de la última cumbre de la Unión Europea. Las Comunidades Autónomas presididas por el PP están poniendo en marcha una suerte de rebelión por la financiación autonómica paralizada por la no investidura con solicitud de convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, a la que el Gobierno va a tener dificultades para oponerse sin sufrir un desgaste por ello. La Generalitat ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo por el mismo motivo. El desgaste de los Gobiernos socialistas de las Comunidades Autónomas que presiden por falta de financiación tampoco puede dejar de ser tomado en consideración.
Todavía no sabemos si habrá investidura en septiembre o no. Pero lo que sí es seguro es que, si la hay y en el supuesto de que salga adelante, Pedro Sánchez llegará a la presidencia del Gobierno con una situación más deteriorada que aquella en la que hubiera llegado hace unos meses. Y si no la hay y se tienen que repetir las elecciones, estas se celebrarán en unas circunstancias muy difíciles tanto por razones internas como externas, que el lector no creo que necesite que sean enumeradas.
Y sin que, además, sea probable que, tras las elecciones, la investidura del presidente del Gobierno sea más fácil con el nuevo Congreso de los Diputados que con el que ahora mismo tenemos. Se está jugando con fuego en un sistema político en condiciones políticas meteorológicamente extremas. El pedrisco que ha caído en Arganda y otros municipios del centro y del este de la península esta semana puede ser una broma comparado con el que puede caer el 10 de noviembre.