El poder y la losa de los secretos

“Es principio general, aun cuando no esté expresamente declarado en nuestras Leyes Fundamentales, la publicidad de la actividad de los Órganos del Estado, porque las cosas públicas que a todos interesan pueden y deben ser conocidas de todos”

Esto que acaban de leer no es de una Ley de un Estado democrático avanzado. No. Es la norma vigente en España sobre Secretos Oficiales y que data de 1968. Repito, 1968. No había llegado ni Carrero Blanco.

Podría parecer una broma pero lo que rige la existencia y el cerrojo a los secretos de Estado en España es una norma del régimen del general Franco. Han pasado 49 años y sigue vigente. Diez años después llegó la Constitución democrática y nada se ha hecho desde entonces.

Sí que de una manera muy perspicaz y sutil se llevó a cabo en el primer Gobierno de Adolfo Suárez, cuyo ministro de Interior (el primero, pues antes era de “Gobernación”) era Martín Villa. Pues bien, exactamente unos días antes de aprobarse la Constitución, realizaron unos retoques a esa ley con la finalidad de mantener vigente la ley franquista de 1968.

Conviene ser muy preciso en las fechas porque estas revelan cómo actuaron de modo sibilino. El 31 de octubre de 1978 los plenos del Congreso y Senado aprobaron el dictamen final de Texto Constitucional que quedaría así en condiciones de ser sometido a referéndum en diciembre. Por cierto, de los 16 diputados de la Alianza Popular, en la que ya militaban Aznar y Rajoy, solo 8 votaron a favor.

Pues bien, ese mismo día 31 de octubre entraba en vigor la ley aprobada sólo veinticuatro días antes que “afinaba” la ley franquista sobre Secretos Oficiales. Así ha llegado vigente a nuestras fechas. Ni un solo retoque hecho tras la Constitución. Ni Adolfo Suárez, ni Calvo Sotelo, ni Aznar, González, Zapatero ni Rajoy han modificado, sustituido ni retocado la ley del dictador sobre cómo guardar secretos de Estado.

Pero esa ley de 1968 no precisa modificaciones sino una sustitución total pues sus postulados están basados en una concepción totalitaria y cerrada del poder. Y es esta una de las herencias que han influido en que, quienes incluso no siendo de izquierdas pero sí demócratas progresistas, fuésemos pensando que al atado y bien atado, solo se le soltaron algunos cordeles pero poco más.

La sombra del franquismo es alargada y muchas semillas quedaron en la sociedad e incluso quienes se presentarían como reformistas y hasta rupturistas ayudaron con su acción de gobierno posterior a la continuidad de resortes o mecanismos de lo que eran efectos diseminados del régimen anterior contrario a la democracia.

Es frecuente la pervivencia de tics tras muchos años de gobierno unidireccional. Así, en mi especial dedicación al estudio de la antigua Unión Soviética, he puesto de manifiesto por escrito cómo en el régimen imperante allí tanto por el gobernante Putin como por la sociedad rusa perviven, y lo harán por muchos años, elementos que caracterizaron la etapa soviética y que han sido inhalados por el sistema actual allí.

En España, como antes señalaba, vemos cada vez más claro cómo elementos de nuestro proceso de reforma política, muy loable en su momento, sirvieron para perdurar ciertos elementos o tics de la época anterior. Y ellos están asentados tanto en una parte de la sociedad como en el régimen de partidos donde comportamientos opacos, autoritarios y controladores asfixian la verdad y la libertad. Y esto, incluso, en una muy reciente sentencia del Tribunal Constitucional lo contempla de modo inaudito y regresivo.

Es el caso del ocultismo de la historia para impedir que se conozcan hechos claves sobre los que se ha sostenido una etapa de transición que fue calificada como idílica pero que desgraciadamente, encerraba muchas sombras y trampas o, al menos, las percibimos algunos con el tiempo. De esas trampas se ha nutrido tóxicamente el nuevo “régimen”.

Estas se han tapado. Es suficientemente revelador que siga vigente la Ley de Secretos Oficiales del general Franco, tras una Constitución que califica a España como “un Estado Social y Democrático de Derecho” y el Preámbulo (lo único que le dejaron desde el PSOE redactar a Tierno Galván) la aspiración de alcanzar una “sociedad democrática avanzada”.

España es un país muy remiso a facilitar tanto a historiadores como al pueblo en general información sobre datos oficiales. Puede observarse un contraste con otros Estados modernos que, aun teniendo sus rémoras, son más transparentes para eso.

Así, en el caso de Estados Unidos, se han desclasificado documentos relevantes como algunos que se refieren a preparativos del Golpe de Estado contra Salvador Allende, la protección norteamericana a la dictadura en Bolivia y Argentina, sobre el documento que justificó la invasión de Irak, etc.

En el caso de Inglaterra, se han hecho públicos documentos sobre sobornos del servicio británico, sobre la guerra de las Malvinas, etc.

En el caso español, documentos oficiales que se refieren a situaciones históricas y que permitan a la ciudadanía conocer algunos documentos de nuestra historia, nada de nada. Sí que hace unos meses, exactamente en octubre, se anunció la desclasificación de hasta 1.900 páginas por el Ministerio de Defensa. ¡Pero el contenido, referido a 80 documentos, trata sobre…OVNIS! Desde que fue avistado el primer “objeto voluminoso de luz opaca” en 1962 en el Ferrol (entonces “del Caudillo”).

Eso es toda materia que ha dejado de ser secreta. Pero hay tantos otros “OVNIS” mucho más interesantes que desvelar. El poder se tapa tras una cortina. No hay nada hecho público oficialmente sobre la transición (hace ya más de cuarenta años), ni del golpe de Estado del 23-F ni sobre el tardofranquismo ni sobre nada.

Ahora hay en tramitación parlamentaria una proposición de ley presentada por el PNV, defendida por su sólido y afinado portavoz, Aitor Esteban, que entre otras cosas pretende, derogando la Ley de 1968, que se desclasifiquen documentos en 25 años (diez más si se trata de materias reservadas). Veremos a ver si se dilata o no su cauce parlamentario pero será un gran avance en orden a una mayor transparencia.

El Estado tiene ya varias deudas pendientes con la sociedad española a propósito de recuperar o conocer la memoria. Pero mientras, todo sigue tapado y bien tapado. Atado y bien atado.