Cuenta la leyenda que el diablo habita entre los cimientos de la Real Casa de Correos -sede del gobierno de la Comunidad de Madrid- desde tiempos de Carlos III. Algo de cierto debe haber cuando cuatro de los siete presidentes que ha tenido el Ejecutivo regional no han salido vivos de la política. Alberto Ruiz Gallardón, Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes. Cada uno por distintos motivos pero todos estuvieron bajo sospecha, investigados por la Justicia o en prisión. Hubo tres que aspiraron incluso en algún momento a presidir el Gobierno de España. ¿Imaginan?
En el Madrid oculto de las fábulas y las anécdotas, la del PP regional es una historia real. Muy real. De liberalismo salvaje, de corrupción, de poder, de venganza, de ambición, de traición y de fascinación por el dinero. Unas veces para la financiación ilegal del partido y otras, para el enriquecimiento propio. Todo en medio de una guerra de familias, en la que durante años chapoteaban también empresarios, policías e incluso algunos periodistas sin que la dirección nacional del partido pusiera orden ante tanto desmán.
Pues aún así, el PP sigue en el Gobierno. Algo habrá hecho mal también la oposición, más allá de que los electores no hayan castigado con la contundencia que merece la corrupción sistémica en la región más rica de España, la de mayor inversión extranjera y la que más aporta al PIB nacional.
25 años han pasado ya desde que en 1995, Alberto Ruiz Gallardón consiguió por primera vez el Ejecutivo de la Puerta del Sol para la derecha, la política se convirtió en un negocio y la mancha de la putrefacción se extendió sin disimulo por toda la Comunidad. Una comisión aquí, un sobrecoste allá y un sistema clientelar que, con la ayuda de algunos medios de comunicación subvencionados por el poder político y un endogámico socialismo madrileño, hacía imposible la alternancia. Todo era un lucro invisible donde se tramaba y conspiraba de la mañana a la noche y donde de todo se sacaba tajada. Daba igual que fuera el agua que salía del grifo, que la construcción de un colegio o un hospital, que un acto público con jóvenes o con jubilados.
Entre 1991 y 2015, los populares ganaron todas las convocatorias electorales en Madrid. Y sólo en los años de los gobiernos de Aguirre (2003-2012) y González (2012-2015), las consejerías de la Comunidad de Madrid y las entidades del sector público dependientes de la Administración firmaron miles de contratos valorados en 172 millones de euros con empresas relacionadas con las tramas Gürtel (133,7 millones) y Púnica (59,4).
El progresivo desgaste electoral con que los ciudadanos fueron castigando los casos de corrupción vinculados al PP culminó en su derrota en los comicios de mayo de 2019, la primera desde 1991. Y cuando todo parecía marcar un final de ciclo, Ciudadanos -el partido que prometió que llegaba a la política para regenerarla- quebró las expectativas de un PSOE que ganó las elecciones por primera vez en 23 años con Ángel Gabilondo como cabeza de lista.
Y es que entre el Madrid del progreso, las grandes infraestructuras, la inversión extranjera y la baja fiscalidad había una cara B que durante un cuarto de siglo perpetuó lo peor de la gestión pública sin que la oposición sacara ningún rédito de ello. Alguna lectura tendría que hacer la izquierda de todo ello y no solo conformarse con el lamento de que todo se pudrió en 2002 con el Tamayazo, uno de los episodios más sórdidos de la política madrileña en el que dos diputados del PSOE -Eduardo Tamayo y Teresa Sáez- se ausentaron del pleno de la Asamblea, a cambio supuestamente de un beneficio económico, que iba a investir presidente al socialista Rafael Simancas.
Las elecciones tuvieron que repetirse, Esperanza Aguirre ganó por mayoría absoluta y el PP inauguró desde entonces una época marcada por el saqueo de lo público y las corruptelas que en su gran mayoría han sido objeto de investigación judicial y algunas ya han sido sentenciadas. Ahí empezó todo, sí. Primero con la liberalización del suelo, y cuando se acabó pasaron a la privatización de la sanidad, los conciertos educativos y las comisiones ilegales en las obras públicas.
Y no es que el PP madrileño tenga un gen que le predisponga a la corrupción más que en otros territorios porque en Valencia durante 20 años ocurrió lo mismo. El problema es que nunca tuvo un sistema transparente de supervisión de la vida pública, unas instituciones despolitizadas, un electorado que le hiciera responsable de los saqueos ni una oposición que le marcara de cerca en lugar de estar más pendiente de sus miserias orgánicas y sus equilibrios internos.
Del pozo de miserias y corruptelas en la región de Madrid solo es responsable la derecha, pero que los ciudadanos no hayan visto una alternativa al PP en un cuarto de siglo, dice muy poco de la izquierda y de su estrategia como oposición. No digamos ya de Ciudadanos y del papel que ha venido desempeñar en la escena madrileña, después de impedir en 2019 un cambio de gobierno, con Ángel Gabilondo al frente del gobierno regional. Ante la duda, eligieron el negocio y la putrefacción de la vida pública antes que una indiscutible referencia ética. Y en eso siguen, pese a que en el PSOE hayan sondeado desde la esfera nacional a los naranjas para la posibilidad de plantear una moción de censura a Isabel Díaz Ayuso. La última palabra, en todo caso, no la tendrá Ignacio Aguado. Pero él aún no lo sabe.