Políticos que opinan de los medios públicos
Hace unos días la diputada del grupo socialista, aunque independiente, en el Parlament catalán Beatriz Silva, difundió en Twitter las preguntas y quejas sobre TV3 que había presentado anteriormente de forma oficial a la CCMA (Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals), el organismo dependiente de la Generalitat del cual dependen los medios públicos catalanes.
Sus tuits generaron la protesta del periodista de los servicios informativos de TV3 Nicolás Valle, lo que inició un debate sobre la oportunidad y legitimidad que tenían los representantes públicos para criticar las informaciones de los medios públicos o si, por el contrario, era una injerencia inapropiada en la profesionalidad de los periodistas.
La diputada Silva, que por cierto es de profesión periodista, preguntaba, entre otras cosas, “¿Por qué TV3 despliega equipos y drones para cubrir el ascenso a cuatro montañas de la actividad 'Cims per la llibertat' y es incapaz de desplegar una unidad móvil para la manifestación de médicos de atención primaria frente al Parlament?”. Pregunta que, según señalaba, no había obtenido respuesta por parte de la CCMA.
También denunciaba que la presidenta de la CCMA, Núria Llorach, a su pregunta en la Comisión de Control del Parlament “cuáles son los criterios profesionales que explican que el 92% de las entrevistas que hace TV3 vinculadas al debate político sean a entidades partidarias de la independencia”, se limitaba a responderle que son decisiones que se rigen “por criterios profesionales de actualidad e interés informativo”.
Beatriz Silva también insinúa sus dudas sobre que la información de los programas de TVE y Catalunya Ràdio ofrezcan una información “plural, diversa y equilibrada” tal y como le responde Nuria Llorach, por cierto de profesión psicóloga.
Todo ello, lleva al periodista Nicolás Valle a afirmar lo siguiente en un tuit:
“Es muy sintomático que un político se piense que tiene el derecho a preguntar sobre el criterio profesional y decisiones (acertadas y equivocadas) que tomamos cada días los periodistas en nuestra labor diaria. Dice mucho de lo que piensan sobre la profesión”.
La diputada le responde lo siguiente:
“Buenos días Nicolás, soy miembro de la comisión de control a la CCMA. Es mi obligación preguntar. Recibo un sueldo público por esto. Y cuando ingreso preguntas parlamentarias, me las contesta la presidenta de la CCMA, no los periodistas. Así está establecido”.
La discusión, por tanto, gira en torno a si el respeto a los profesionales exige que los políticos no interfieran en su trabajo o, por el contrario, los cargos electos están legitimados a formalizar por los cauces institucionales o no institucionales sus reclamos al trabajo periodístico en los medios públicos.
Parece que a la diputada Beatriz Silva no le falta razón puesto que el artículo 34 de la Ley de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) establece que “los cargos directivos de la CCMA y de sus empresa filiales se someten al control parlamentario correspondiente (...) sin perjuicio del control directos obre el presidente o presidenta de la corporación como máximo responsable de la entidad”. También la citada ley establece (artículo 13) que es función del presidente “responder, oralmente o por escrito, las preguntas que le formule la comisión parlamentaria de control de actuación de la CCMA”.
Sin duda, el resto de organismos de control de medios públicos, tanto estatal como autonómicos, disponen de una normativa similar.
Tanto por la ley como por el sentido lógico de lo que entendemos por democracia y la potestad de los cargos elegidos por la ciudadanía, parece razonable que la supuesta profesionalidad de los periodistas de los medios públicos no suponga patente de corso para que su trabajo no pueda ser supervisado por los representantes políticos a través de la petición de explicaciones a los máximos responsables de estos medios.
En realidad no es diferente de lo que sucede con otras profesiones. Nuestros cargos piden explicaciones sobre las condiciones de construcción de una carretera pública, la asistencia sanitaria en un hospital o los contenidos educativos de un colegio o una universidad. Las quejas políticas pueden ser acertadas o descabelladas, no se trata de dar la razón siempre al político que se queja, pero nadie debería de dudar de su legitimidad para pedir explicaciones, no olvidemos que un diputado no es otra cosa que una persona que representa a decenas o cientos de miles de ciudadanos.
Ya en otras ocasiones, los periodistas de medios públicos recurrieron al argumento de su profesionalidad para reclamar independencia frente a los políticos. Pero no frente a los políticos gobernantes, que sería lógico, sino frente al poder legislativo que recoge toda la pluralidad política. Sucedió en las elecciones autonómicas andaluzas y los periodistas de TVE, entonces, frente a unas directrices que establecían qué lugar y con qué duración deben ser emitidas las informaciones de las distintas formaciones políticas en la campaña electoral, los periodistas reclamaron su derecho a decir con “criterios exclusivamente periodísticos y sometidas a los criterios de veracidad, objetividad e imparcialidad”.
No vamos a negar que suena bien, pero todos sabemos que es difícil establecer esa supuesta objetividad e imparcialidad, más cuando los cargos directivos no suelen ser nombrados precisamente de forma objetiva e imparcial. La vigilancia de la labor de nuestros medios públicos mediante el control a través de nuestros representantes, en algunos casos como la diputada Silva que, como periodista, puede aplicar criterios tan profesionales como los de los trabajadores de TV3 y que no está sometida a las servidumbres y jerarquías laborales de la empresa, es fundamental para que la democracia y el control ciudadano llegue a todos los rincones de las administraciones públicas.
Intentar sortear el control de nuestros representantes en nombre de la profesionalidad, una profesionalidad muy subjetiva como la del periodismo, nadie lo negará, denota una falta de humildad demasiado frecuente en esta profesión. El periodismo no es una ciencia exacta, su poder para manipular, operar al servicio de unas determinadas ideas, marginar otras y así presentar la actualidad de una forma o de la contraria es indiscutible. Por tanto, la “interferencia” de la democracia, como se quejaba el periodista de TV3, nunca debería ser un problema.
