Presupuestos 2015: el año en el que la austeridad se fue de vacaciones

Aprobado en Consejo de Ministros y presentado el proyecto en la cortes, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2015 está ya en la agenda política del país. Los PGE son un instrumento clave para analizar el devenir económico de cualquier sociedad, en la medida en que incorporan no sólo las prioridades de gasto establecidas por la política del Gobierno, sino también el escenario macroeconómico sobre el cual se van a traducir estas prioridades en acciones concretas.

En el caso de España, así como de otros estados con gasto altamente descentralizados, la precisión de los PGE para determinar las prioridades de las políticas de gasto es muy matizable. En primer lugar, porque gran parte de las políticas sociales están descentralizadas en las comunidades autónomas especialmente en lo referente a educación y sanidad, por lo que las cifras que aparecen en los PGE son sólo una visión parcial del compromiso de los poderes públicos con el mantenimiento de nuestro estado social.

En segundo lugar, porque el componente discrecional que aparece en los gastos es también muy reducido. De acuerdo con los PGE 2015, el gasto no financiero disponible para los ministerios es de 34.000 millones de euros, lo cual representa poco menos del 10% del gasto público total. El techo de gasto no financiero de la Administración General del Estado es de 129.000 millones de euros para 2015, de los cuales 37.000 millones están reservados para el pago de los intereses de la deuda, 30.000 para instituciones no ministeriales –Congreso, Senado, aportaciones a la Unión Europea- y 27.000 millones para las prestaciones por desempleo y aportaciones a la Seguridad Social.

Hablamos, por lo tanto, de una capacidad discrecional del gasto público relativamente limitada, donde pequeñas variaciones absolutas suponen grandes variaciones relativas. Por poner un ejemplo, el Gobierno ha anunciado un incremento del 4,51% en el presupuesto de educación, pero, al tratarse de una política descentralizada, en realidad el incremento previsto es de 98 millones de euros (de 2.175 a 2.373 millones) en una política que, consolidando el gasto de las CC.AA, supuso en 2012 un total de 46.000 millones de euros. Es decir, es un incremento marginal, casi insignificante, y que en absoluto compensa los recortes habidos en años anteriores (entre 2011 y 2012, se recortaron 4.000 millones de euros en gasto público educativo).

Por lo tanto, conviene tener cierta prevención a la hora de examinar las partidas concretas de gasto y llegar a una conclusión sobre las mismas teniendo en cuenta la naturaleza desagregada de nuestro gasto público.

Sin embargo, los PGE sí son una buena muestra, quizá la más importante, junto con el Programa de Estabilidad y el Marco Nacional de Reformas enviado a Bruselas cada primavera, de las orientaciones de la política económica general del Gobierno. Y a este respecto, a la vista del desarrollo de los acontecimientos, las macrocifras del presupuesto son dudosas. Da la sensación de que el Gobierno quiere tomarse unas vacaciones en año electoral.

De acuerdo con el Programa de Estabilidad, España debería recortar su déficit en 2015 en alrededor de un 1,3% del PIB, que, dando por buenas las perspectivas de crecimiento de la economía Española contenidas en el cuadro macroeconómico, corresponderían con 14.196 millones de euros. La reducción de déficit correspondiente a la Administración General del Estado supondría un 0,6% y un 0,4% para la Seguridad Social, lo cual supone, en términos absolutos, un descenso de 6.552 millones para la AGE y 4.368 millones para la Seguridad Social.

Dado que el déficit es la diferencia entre ingresos y gastos, hay dos maneras de reducirlo: incrementando ingresos, o reduciendo gasto. Los PGE 2015 apuestan claramente por el incremento de ingresos, con 3.909 millones de euros más, la mayoría de los cuales provienen del incremento de los ingresos tributarios correspondientes a impuestos indirectos, especiales y de sociedades. Es decir: el Gobierno espera compensar la bajada del IRPF con una mayor recaudación en los impuestos vinculados a la producción económica, el consumo y los beneficios empresariales.

La apuesta del Gobierno es por lo tanto jugar la carta del crecimiento de la actividad económica para equilibrar las cuestas a través de fomentar el consumo y la inversión tras la reforma del IRPF. La cifra prevista de creación de empleo -350.000 puestos de trabajo- abunda en esa dirección.

Dos sombras aparecen en el escenario, que se convierten en dudas sobre la viabilidad de unos presupuestos pensados para año electoral. En primer lugar, el cuadro macroeconómico del Gobierno supone que España se aprovechará del crecimiento económico de la eurozona y de la demanda exterior, planteando una contribución neta de la misma al crecimiento del PIB.

En segundo lugar, el Gobierno presupone que España mantendrá la capacidad de financiación frente al exterior. En realidad, a lo largo de este año 2014, la aportación de la demanda exterior al crecimiento del PIB ha estado en números negativos, y en el primer semestre de 2014 hemos entrado, de nuevo, en necesidad de financiación frente al exterior.

Las perspectivas de la Eurozona para el año 2015 no son tan buenas como se suponía, y si esto afecta a nuestra demanda exterior, con bastante probabilidad su contribución al crecimiento del PIB volverá a ser negativa en 2015. Si esto es así, la economía española deberá crecer otra vez empujada por la demanda interna, con el consiguiente incremento de las importaciones y de las necesidades de financiación frente al exterior –incrementando su deuda externa- o bien crecerá menos, dando al traste con las previsiones de incremento de ingresos vía impuesto de sociedades o impuestos indirectos.

Si en año electoral el Gobierno prefiere no someter a la sociedad a un nuevo castigo, como todo parece indicar, la acumulación de desequilibrios generados por unos presupuestos dudosos, en términos de déficit exterior y déficit público, la tendremos que pagar en 2016.

La escenificación de la entrega de los PGE al Congreso no es más que el primer paso en el largo proceso de aprobación de la ley anual más importante del Gobierno y con mayor efecto sobre los ciudadanos.

El siguiente paso será enviar, antes del 15 de Octubre, el borrador de Presupuestos a la Comisión Europea. Bruselas, bajo las normas fiscales reforzadas, revisará el proyecto pudiendo llegar a rechazarlo, en el caso más extremo, si considerase que se incumplen los compromisos adoptados bajo el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.