Finalmente rompió el tabú. Pronunció a palabra mágica: “Rescate”. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante la sesión de control del pasado miércoles, anunció los recortes que hoy aprobará el Consejo de Ministros, presidido excepcionalmente por el Rey. Sólo que su admisión de la situación llega cuando ya no es un rescate, sino de facto una intervención en toda regla. No muy diferente de las aplicadas en Portugal o en Irlanda, aunque la recesión que causará puede provocar que, al final, la intervención de España se parezca más a la de Grecia. En una Europa en la que sólo prima la apuesta por la austeridad de la canciller alemana Angla Merkel, la salvación del euro pasa por que España se recupere. A cualquier precio, aunque sea al de una intervención a la griega.
Si el 10 de mayo de 2010, José Luis Rodríguez Zapatero cavó su propia tumba política al anunciar el mayor paquete de recortes de la historia de la democracia, está por ver qué le depara el futuro a Mariano Rajoy, que el pasado 11 de julio superó con creces los recortes anunciados por Zapatero. Ni uno ni el otro se atrevieron a intentar gravar, ni por una cuestión estética, la tributación de las grandes fortunas, como hizo en Francia el ya ex presidente conservador Nicolas Sarkozy. Eso sí, Zapatero levó el tipo marginal del IRPF hasta el 52%, Rajoy ni eso. No sólo mantiene su amnistía fiscal sino que las Sicav, los hedge funds o fondos de fortunas españoles siguen permitiendo a los millonarios tributar al 1% de su patrimonio, en lugar del 36% que les corresponde.
El semanario británico The Economist tituló hace un mes, cuando el Consejo de Europa aprobó recapitalizar a la banca española a través de ayudas directas al Estado “No lo llame rescate, llámelo 'tomate'”, en una de las más célebres definiciones del arte del eufemismo en el que Rajoy cree ser un experto. A la vista está que sólo él y sus acólitos del PP lo creen. Ahora llama rescate a una intervención.
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La prueba más evidente de que las medidas respondían a las exigencias de la intervención es que el anuncio de los recortes realizado por el presidente del Gobierno español se produjo al día siguiente de que la troika compuesta por el Consejo de Europa, el Banco Central Europeo (BCE) que dirige Mario Draghi, y el Fondo Monetario Internacional (FMI) liderado por Christine Lagarde, remitiera a España sus recomendaciones para que España pueda acogerse a las ayudas del futuro Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), por un valor que el Gobierno ya ha estimado en 65.000 millones exclusivamente para sanear el sector financiero. De momento, el MEDE aún no existe, se creará cuando sea designado su supervisor, previsiblemente el presidente del BCE, Mario Draghi, precisamente uno de los firmantes del documento que adelantó el diario El País el mismo miércoles, antes de que Rajoy iniciara su comparecencia en el Congreso de los Diputados. El documento adjunto, redactado en inglés, predecía casi punto por punto cuáles iban a ser los recortes anunciados por Rajoy: incremento del IVA, recorte salarial a los empleados públicos –el Gobierno los ha dejado sin paga de Navidad, o, lo que es lo mismo, les ha vuelto a recortar el sueldo–, adelantar la aplicación del retraso en la edad de jubilación a los 67 años, eliminación de la deducción por vivienda del IRPF, recorte de prestaciones sociales como el subsidio de desempleo o las ayudas a la dependencia...
Eso sí, el presidente español decidió ignorar las recomendaciones de la troika de impulsar políticas de estímulo al crecimiento económico. Tan sólo anunció que en 2013 las cotizaciones sociales se reducirán en un 1% y que volverán a hacer lo propio en 2014.
Tampoco parece que en el histórico Consejo de Ministros de hoy vaya adoptarse medida alguna que perjudique los intereses de los auténticos responsables del deterioro de la situación económica española hasta el punto de requerir ser intervenida: los administradores de las entidades financieras que han puesto en jaque el sistema de pagos español. Una vez más, The Economist, en su edición sólo para el Reino Unido, daba en el clavo al titular en portada “Banksters”, en referencia al escándalo que azota la City londinense tras descubrirse los manejos del Barclay's Bank para manipular los tipos de interés del interbancario británico, el LIBOR –Gran Bretaña tiene su propio sistema interbancario: al no haber adoptado el euro, es el Banco de Inglaterra quien lo regula–. Es evidente que las autoridades británicas han actuado ya penalmente de forma mucho más rápida que la Fiscalía española, que no ha actuado hasta hace una semana contra los responsables del hundimiento de Bankia, y ni siquiera lo ha hecho por iniciativa propia, se ha limitado a adherirse a la querella presentada en la Audiencia Nacional por Unión Progreso y Democracia (UPyD), que el pasado 4 de julio decidió admitir a trámite el titular del juzgado central de instrucción número 4, Fernando Andreu, en un auto durísimo que ponía en evidencia tanto la reacción timorata del Fiscal y del Gobierno, como de los reguladores del sistema, el Banco de España. La pregunta es ¿aplicaría el mismo calificativo The Economist a los responsables de la administración de Bankia, hoy imputados en la Audiencia Nacional?
En cualquier caso, caben pocas dudas respecto al efecto del hundimiento de banca sobre la economía española y sobre su condición de detonante de la intervención. Los recortes anunciados por Rajoy el miércoles y que hoy se aprobarán en el Consejo de Ministros sumarán al final un total de 62.000 millones de euros. Una cifra muy próxima a los 65.000 millones que el ministro de Economía, Luis de Guindos, estima que precisa en ayudas la banca española tras recibir las auditorías de las consultoras Oliver Wyman y Roland Berger. Bankia fue la primera ficha en caer del dominó. Un particular dominó en el que cada pieza pesa 100 toneladas.
En cualquier caso, Rajoy dejó muy claro que el mayor recorte del Estado del bienestar en España no va a afectar a los más ricos. No fue una afirmación, pero sí una omisión casi estruendosa. Especialmente porque al día siguiente de la histórica comparecencia de Rajoy en el Congreso de los Diputados sin que hubiera referencia alguna a recortes que afecten a los que más ganan, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), presidida por el dócil Julio Segura, que tendrá que aclarar el papel que jugó en la crisis de Bankia cuando acuda a declarar a la Audiencia Nacional, de momento, como testigo, hacía pública su memoria de gobierno corporativo de las empresas cotizadas. Los datos que refleja el documento son escandalosos, a pesar de que el país parece ya curado de espantos. En medio de una profunda recesión, los miembros de los consejos de administración de las compañías que cotizan en la bolsa española compensaron con creces el efecto que hubiera podido tener el aumento de impuestos realizado por el último Gobierno de Zapatero. Durante 2011 incrementaron sus retribuciones en una media del 5%. Las empresas cotizadas, entre las que se encuentran todos los bancos españoles, pagaron a sus consejeros, en muchos casos sólo por acudir a unas cuantas reuniones y firmar, 19,5 millones de euros. El porcentaje baja ligeramente en el caso de las 35 empresas del Ibex. Sus consejeros sólo se aumentaron las retribuciones en un 4,4%, mientras la tasa de desempleo del país superaba el 24%, la más alta de la Unión Europea con diferencia, equivalente a más de cinco millones de parados. gran parte de los cuales ya no percibe prestación alguna por desempleo. Pero los consejeros de las empresas cotizadas no tienen que preocuparse por ​ese tipo de banalidades. En el orden del día del Consejo de Ministros de hoy no parece figurar medida alguna que perjudique sus intereses económicos ni su patrimonio.
Tampoco figura en la agenda del Gobierno de Rajoy la reforma de la ley de sociedades. Paul Krugman y otros economistas de prestigio vienen denunciando desde hace años que España es un auténtico paraíso fiscal dentro de la Unión Europea. Las sociedades limitadas ni deben ni pueden inscribir en el registro mercantil cambio alguno en su accionariado. De manera que depende de la buena voluntad de un accionista declarar que ha pasado a controlar una SL. Como esa sociedad limitada puede ser a su vez accionista de una sociedad anónima, la legislación permite en España tejer auténticas redes de sociedades que permiten la evasion fiscal, porque además, permite también a las limitadas la emisión de acciones al portador. Los recortes, subida del IVA incluida, suponen el enésimo incumplimiento programático de Rajoy, y ponen en evidencia al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, que se ha hartado de justificar su amnistía fiscal “para evitar tener que subir el IVA”.