Es cierto que, hoy por hoy, Rajoy tiene amarrada la estabilidad de su Gobierno. Que el apoyo del PSOE y de Ciudadanos a sus iniciativas le confiere una mayoría parlamentaria que aleja tensiones políticas de calado. Y que el hecho de que no vaya a haber elecciones hasta dentro de un año y medio hace pensar que esa situación va a seguir así durante bastantes meses. Pero no cabe excluir sorpresas. Porque el PP tiene construido su montaje sobre bases bastante más débiles de lo que dicen sus corifeos. Los últimos acontecimientos –la conferencia de presidentes autonómicos, el récord de las tarifas eléctricas, el plan para las cláusulas suelo y hasta las catastróficas nevadas de Levante– han confirmado que el Gobierno tiene problemas que no sabe o no puede resolver. Y la lista es larga.
Contrariamente a lo que dicen los medios amigos, o no enemigos, del PP, que son casi todos, la cumbre autonómica ha sido un fracaso. Primero porque no han acudido los presidentes de Cataluña y el País Vasco. Y eso indica, sobre todo, que Rajoy es incapaz de dialogar con los exponentes de casi el 40% del PIB español y sin cuyo concurso, tentaciones centrífugas aparte, está la solución de los muchos y acuciantes problemas que tiene el modelo autonómico. Pero, además, en la conferencia ha saltado a la luz otro problema, también pendiente desde hace años: el de los privilegios fiscales que los dirigentes del PP madrileño han venido concediendo a los empadronados en su comunidad autónoma y que los barones socialistas no parecen dispuestos a seguir tolerando.
¿Hasta cuándo Rajoy va a seguir mirando para otro lado, como ha venido haciendo en los últimos cinco años? Es impredecible, sabiendo cómo se las gasta el personaje. Pero una cosa empieza a parecer clara. Los barones socialistas, particularmente los de Andalucía, Valencia y Extremadura, por mucho que crean que lo mejor es seguir sosteniendo al PP en Las Cortes, empiezan a tener dudas de que puedan volver a ganar sus elecciones –los últimos sondeos andaluces son muy inquietantes para Susana Díaz– y van a necesitar de todo el dinero posible para disipar esas incertidumbres. En el acuerdo para la abstención del PSOE en la investidura esa contrapartida era la más importante. ¿Está Rajoy en condiciones de cumplirla?
La locura de las tarifas eléctricas y en el plan pactado entre el PP y el PSOE para que los 1.400.000 afectados por las cláusulas suelo obtengan el dinero que se les debe, plantean otro tipo e interrogantes no menos serios. En el primer caso porque lo que está ocurriendo es el resultado del marco tarifario que Rajoy y su ministro Soria se sacaron hace tres años de la manga para cambiar las formas sin que los intereses del oligopolio eléctrico se vieran afectados. Todos los expertos, salvo los pagados por el Gobierno y/o las eléctricas, que son muchos, vienen denunciando, y ahora más, la irracionalidad de ese apaño que ahora ha explotado en las manos de quienes lo diseñaron.
Y en el caso de las cláusulas suelo ocurre tres cuartas de lo mismo. Porque el apaño que han acordado PP y PSOE deja la puerta abierta para que los bancos no devuelvan el dinero en una larga lista de supuestos. En definitiva, que socialistas y populares siguen sin atreverse a hacer la mínima pupa a bancos y eléctricas, tal y como viene ocurriendo desde hace mucho tiempo: ¿No es llamativo que ningún exponente del sector socialista dominante haya dicho algo mínimamente crítico en torno a los precios de la electricidad?
Sólo que esta vez la cosa se les complica. Porque ambas cuestiones han generado un gran rechazo popular. Y ese efecto no se va a poder contrarrestar fácilmente con mera propaganda mediática ni con trampas que no solucionen los problemas. Las airadas reacciones que han producido los efectos de las nevadas –mucha gente es muy sensible a estas cosas– pueden quedar arrumbados dentro de pocos días. Entre otras cosas, porque a lo mejor el Gobierno no lo ha hecho tan mal, aunque la formidable reducción de las inversiones en infraestructuras que Rajoy ha propiciado desde 2012, puede que tenga algo que ver con el desastre. Pero no va a ser fácil que lo otro se borre de las sensaciones de la gente.
Está claro que no ha sido una buena semana para el Gobierno ni para los socialistas que defienden con ardor el entendimiento con el PP “porque así se obtienen cosas concretas”. Pero alguna de las citas pendientes para los próximos meses no van a ser más fáciles. Ni la de la reforma de las pensiones, que inevitablemente va a ser impopular, ni la del presupuesto, que Rajoy no va a presentar hasta que el PSOE aclare su futuro y veremos qué hace si éste no es el que él desea. Sobre todo, porque necesitaría de su concurso para hacer frente a la impopularidad que provocarán los recortes que tendrá necesariamente que hacer si no quiere gravar a los más ricos para reducir el déficit público hasta el 3,1%.
Y luego está la crisis catalana, que por mucho que los grandes medios la ignoren o la tergiversen intolerablemente para engañar al personal, sigue ahí y sus plazos son cada vez más acuciantes. Está claro que Rajoy no ha avanzado un ápice en ese terreno, que la ridícula operación de relaciones públicas de Soraya Sáenz no ha valido para nada y que sus planteamientos siguen siendo los de siempre, los el palo y el arriba España. ¿Hasta cuándo? Eso por no hablar de que no está dicho que Urkullu y los suyos no vayan también a levantar la mano y que puede que el acuerdo entre el PNV y el PP que los cronistas oficiales del marianismo dan por casi firmado no sea más que una patraña.
En última instancia, que todavía hay partido. Aunque los que no están con Rajoy, que son la mayoría, van a tener que jugar lo que queda de manera muy distinta a como lo han hecho hasta ahora.