Han pasado cuatro años desde que la pandemia de coronavirus impactó sobre la sociedad mundial. Y hasta ahora no se había hecho un informe concienzudo y riguroso sobre las muertes en las residencias de ancianos de Madrid. Era necesario: fue la comunidad –de España y de Europa– donde se produjo un mayor impacto sobre la vida de las personas mayores. Los datos oficiales superaron de lejos los de cualquier otra región del continente europeo. En Madrid pasó algo excepcional dentro de la grave crisis de la enfermedad.
Murieron 9.470 ancianos residentes (más de 5.000 por COVID-19 o síntomas compatibles) y, de ellos, la gran mayoría (7.219) sin ser trasladados a un hospital por el protocolo que impuso el Gobierno de Ayuso y que los geriátricos a su cargo entendieron de obligado cumplimiento. Más de 4.600 personas pudieron haber salvado su vida por los porcentajes que se conocen: así fue en el caso del 65% que sí fueron atendidos en centros hospitalarios. No se iban a morir de todas formas. En otras comunidades españolas no se llegó al extremo de Madrid: más del 46% de fallecimientos, cuando en el resto de España el porcentaje oscila entre el 7,7% de Granada y el 25,9% de Castellón. Ninguna otra aprobó y aplicó un protocolo similar.
Durante diez meses, la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias, presidida por el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martin Pallín. ha profundizado en el estudio de lo ocurrido, cotejado datos e informes relevantes y recabado testimonios personales y de expertos. Hablaron todas las partes, salvo Ayuso ni nadie de su Gobierno: no quisieron participar.
“Testimonios impactantes que nunca olvidaremos”, dice Martin Pallín. Y puedo asegurarles que en mi caso yo tampoco. Y que, de lo mucho conocido e intuido en todo este tiempo, su ratificación y pruebas sume en el desasosiego, la tristeza y la indignación profunda. La inhumanidad con la que los ancianos enfermos fueron tratados en el Madrid de Ayuso cruje el alma, y más sabiendo la inacción de la fiscalía –algún día habrá que saber por qué–, la complicidad dolosa de los medios al servicio del PP y de la propia sociedad que llegó a renovarle el cargo y con mayoría absoluta. “El sufrimiento y muerte evitable de miles de personas mayores que vivían en las residencias fue consecuencia de unas decisiones planificadas y conscientes de discriminación”, concluye el informe.
Murieron solos, asfixiándose dado que los pulmones se llenan de líquido y no hay espacio para el aire. Sin ningún medicamento paliativo porque el gobierno de Ayuso tampoco medicalizó las residencias, aunque así le fue ordenado, y así dijo que se había hecho. No había oxígeno, los cuidados de enfermería y apoyo psicosocial fueron escasos o nulos y, además, se excluyó al entorno familiar. Murieron lejos de sus seres queridos, “agarrados a los barrotes de la cama intentando respirar”, había dicho una trabajadora de una residencia en Móstoles. El personal también sufrió de enorme impotencia.
Se vulneraron derechos fundamentales, atestigua la Comisión. El profesor de Derecho Constitucional Fernando Flores, relator del informe, ha citado la vulneración del Articulo 14 de la Constitución que prohíbe discriminar por razón de edad y de discapacidad física o deterioro cognitivo como se hizo. Por procedencia y medios económicos también, dado que con seguro medico privado sí se les derivaba a hospitales.
Los recursos eran insuficientes. Se partía de carencias. La crisis de 2008 fue la excusa perfecta para recortes y privatizaciones de la Sanidad Pública en casi todas partes. Pero mas allá de esas mermas hubo en el abordaje de la pandemia en Madrid errores fundamentales y decisiones desafortunadas. Entre los recursos que quedaban, Madrid decidió desviarlos a IFEMA adonde el gobierno regional envió a 3.000 sanitarios para solo trasladar a 23 mayores de residencias y todos con síntomas leves. Sirvió, eso sí, de gran promoción de Ayuso que se fotografió ampliamente en las instalaciones.
Ni un solo anciano fue derivado a la sanidad privada, que disponía de 1.000 camas libres. Y se llegó al caso, relatan, de familiares que mandaban por su cuenta una ambulancia a recoger a su ser querido y la residencia no lo permitió.
El tratamiento de los fallecidos es ya espeluznante: “Había muertos por los lugares más inverosímiles, ni siquiera en sus habitaciones”. Los familiares apenas recibieron información de cómo se produjo la muerte de sus allegados. “Nos nos devolvieron ni los anillos de boda”, cita la politóloga Cristina Monge de la declaración de unos hijos. Y ya no se puede más.
Al terminar el acto y coger mi coche, el Paseo del Prado, Cibeles, la Puerta de Alcalá, parecían un decorado en el que caminan sin alma quienes imponen decisiones sobre la vida de las personas y la agenda informativa ajena a la realidad impactante de lo que sucede sin altavoces, ni derecho a cámaras. Las radios cuentan en ese momento las querellas que va a presentar el novio de Ayuso, y cómo las anuncia el Gobierno de la Comunidad de Madrid, en el que Alberto González Amador no tiene parte, según ella. Y luego llegas a casa y al ordenador y te encuentras con todos los lavados de cuerpo entero de Ayuso y el defraudador con el que convive. Y escuchas llamar presunto delito fiscal a lo que la fiscalía concluye –tras todo un largo proceso– que es delito fiscal, sin presunciones: con datos. Y es la misma fiscalía, que el PP y Ayuso ponen en entredicho, la que no ha querido meter mano a la masacre de los geriátricos que en mala hora gestionó. Debe ser más importante el dinero que la muerte de los ancianos. Y vuelves a leer u oír las flagrantes mentiras de Ayuso que tan impúdicamente lanzan sus cómplices mediáticos.
Se necesita estar muy seguros de la impunidad para –en la misma semana– mentir sobre las mentiras sucias del 11M, sobre los obscenos manejos del novio y la novia, Reina Midas de sus allegados, y volver a tapar o desdibujar lo más grave de todo: 7.291 ancianos muertos, 4,600 que pudiendo vivir fueron condenados a sufrir una muerte terrible que pudo ser evitada. Y hay que acabar con esa impunidad. Decir que va la vida en ello no es una exageración.
Varios periodistas hemos preguntado reiteradamente por la inacción de la Fiscalía en la masacre de las residencias. No hay recurso ante ningún otro estamento. Se van a mandar las conclusiones a todas las instituciones y a la Comisión Europea, a ver si hay suerte.
Falla la Fiscalía, los medios informativos de forma clamorosa, y la sociedad. Solo una ciudanía corrompida y sus pilares esenciales mantendría al frente de Madrid a Ayuso que vivía a cuerpo de rey, compitiendo con el gobierno de España al que aspira mientras sus decisiones llenaban de dolor y muerte las residencias. 7.291 ancianos son la prueba. Inservibles, ya no cotizaban, gastaban. Poco, porque ni a medicinas les dieron derecho.
Lo taparán también los cómplices, la cloaca mediática no le dará demasiado cancha si le dan alguna. Este viernes, no han publicado ni media palabra ABC, El Mundo o La Razón. Tampoco han dicho nada Ayuso ni su entorno. Ni en sueños intentarán rebatir las conclusiones expuestas de la forma concienzuda y rigurosa en la que se han elaborado. No eran su familia, y aunque lo fuera. Lo primero es lo primero. Por eso, entiendo y propongo que la televisión pública, RTVE, aunque ni siquiera está muy activa defendiendo a sus trabajadores del acoso del clan PP, lleve a un programa estelar de noche, en prime time, a los miembros de la Comisión. Les garantizo el éxito de audiencia: sería total y , vistos los fallos estructurales del país en el que vivimos, la forma más efectiva de acabar con los abusos de políticos desaprensivos como Ayuso y sus secuaces para hoy y para siempre.