Ha empezado la cuenta atrás para que los restos mortales de Francisco Franco salgan del Valle de los Caídos, el lugar que el dictador soñó como su lugar de enterramiento recién terminada la Guerra Civil, cuando además pensaba en acuñar pesetas con su cara y la leyenda: Caudillo de España por la Gracia de Dios.
La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez, explicada con detalle por la vicepresidenta Carmen Calvo, habla de exhumar los restos del dictador “con urgencia porque vamos tarde”.
Desde luego que más de cuarenta años desde de la muerte del dictador es tiempo más que suficiente como para sacarlo cuanto antes de Cuelgamuros. El decreto Ley que permitirá la exhumación tiene un plazo de doce meses, que espero que no se lleguen a agotar, aunque solo sea para que se clausure la letanía de franquistas que niegan que aquello fuera una dictadura y ensalzan al individuo que inauguró su régimen fusilando y lo concluyó fusilando, el 27 de setiembre de 1975, dos meses antes de morir con sus heces fecales en forma de melena, según atestiguó el equipo médico habitual.
Estoy dispuesto a repetir en cada párrafo la palabra dictador porque uno de los impuestos reaccionarios que estamos pagando estas semanas de especial virulencia ultra es tener que soportar a gente que dice que el régimen de Franco no fue una dictadura, que aquello fue incluso una etapa especialmente fructífera. Una de las variantes de ese revisionismo consiste en repetir que Franco murió en la cama, como si eso acreditase el apoyo de los españoles al dictador. Lo dicen franquistas que no quieren que se les nombre como tales y a los que les parece ahora, y les pudo parecer entonces, excelente la idea de encarcelar a todos aquellos que nos atrevimos a luchar contra aquella dictadura grasienta. El miedo tiene un efecto paralizante y ese miedo explica que personas que rechazaban al régimen no se atrevieran a exteriorizar su protesta porque hacerlo conllevaba pena de cárcel, de ahí lo de dictadura. Muchos vivieron un auténtico exilio interior.
Lo cierto es que hubo una importante movilización y una lucha ejemplar contra el dictador mientras existió su régimen, que se pagó con cárcel, exilio, expulsiones de la Universidad, despidos… y que gracias a los que la protagonizaron fracasó el intento de algunos por mantener la dictadura con Franco muerto.
El Gobierno ha optado por el Decreto ley que solo exigirá mayoría simple, que voten más diputados a favor que en contra, con lo cual se pone a salvo que la medida prospere. El PP y Ciudadanos, que no votaron en contra de la proposición de ley presentada por el PSOE en Mayo de 2017 para exhumar al dictador, han variado de posición y es más que probable que voten ahora en contra. La suma de los partidarios de la exhumación tiene que garantizar que se saque al “bicho de Cuelgamuros”, como dice Nicolás Sánchez Albornoz.
Ha planteado ERC, de manera chantajista e innecesaria en mi opinión, que apoyará la exhumación de Franco de Cuelgamuros solo si antes se anulan los juicios franquistas, especialmente el que supuso la ejecución de Lluís Companys. No creo que se deba vincular una cosa con la otra, si realmente se tiene interés en que Franco deje de estar al lado de los que asesinó.
De la misma forma que espero que los términos del Decreto Ley para la exhumación de Franco no dejen resquicio alguno para que un eventual recurso de la familia del dictador, o de los franquistas realmente existentes, acaben poniéndolo en cuestión --aunque para entonces los restos de Franco ya estarían en otro sitio de manera irreversible--, quiero pensar que la eventual anulación de los juicios franquistas debería hacerse de forma que no pueda ser revocada.
La anulación de los juicios franquistas debería tener un carácter simbólico, reparador para sus víctimas, pero evitar a toda costa entrar en un terreno minado que pueda desautorizarla. Es este un asunto mucho más peliagudo jurídicamente que la exhumación del dictador.
Fueron nada menos que cuarenta años no solo de juicios sino de todo tipo de leyes y medidas legales -el Código Penal del Franquismo de 1973 estuvo vigente hasta 1995, con medidas más benevolentes en algunos casos por cierto que el establecido en la democracia- lo que hace muchísimo más complicado este proceso, según te explican personas expertas en este asunto.
De momento no quedamos con la alegría de que Franco, ese resto, tiene los días contados en Cuelgamuros. Sacar a Franco de Cuelgamuros es una reparación para las víctimas del franquismo, un acto de justicia democrática que, aunque tardío, llena de emoción.