Este lunes 6 de febrero la familia de Lennon entregará ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, dependiente del Ministerio de Justicia, más de 100.000 firmas de apoyo recabadas a través de la plataforma Change.org. El pequeño Lennon nació en Denia hace seis meses. Todos los bebés que nacieron el mismo fin de semana que él salieron del Hospital de la Marina ya inscritos en el Registro Civil, a través de un nuevo servicio telemático implantado por dicho Ministerio. Lennon no. La razón por la que ha sido discriminado es que Lennon tiene dos mamás. Cuando trataban de inscribir a Lennon a nombre de ambas, la pantalla del ordenador del hospital detenía el proceso de solicitud y respondía: “Caso de Exclusión no especificado”. Un recién nacido y su familia estaban siendo excluidos del sistema social por la propia Administración.
Por decisión unilateral del Registro Civil de Denia, Lennon fue inscrito solo a nombre de una de sus mamás: Brenda, la madre gestante. El mismo procedimiento que si Brenda fuera una madre soltera. Lennon, en consecuencia, tiene un libro de familia distinto al de sus hermanos. A día de hoy, además, el bebé no dispone ni de DNI ni de pasaporte porque no tiene la nacionalidad española, ya que Brenda es irlandesa. Documentos que, por otra parte, no recogerían la verdad de su vida: que es hijo de Brenda y de María José. La decisión del Registro Civil de Denia se basa en que las madres no han presentado un papel que certifique que el niño fue gestado a través de técnicas de reproducción asistida, un atentado contra su intimidad.
El matrimonio de Brenda y María José, casadas desde 2007 y que tienen dos hijos más, también ha sido, pues, discriminado frente a los matrimonios heterosexuales, a quienes nadie les exige ningún papel ni prueba de ADN que certifique la paternidad biológica. Ni siquiera se les pide ese certificado que demuestre que la esposa se ha sometido a técnicas de reproducción asistida en el caso de que el marido sea infértil y no sea el padre biológico de la criatura. Se presupone la paternidad de los hombres que acuden a registrar a sus hijos. Es decir, al matrimonio de Brenda y María José no se les están aplicando las mismas presunciones de filiación matrimonial que a los matrimonios heterosexuales. Y esto sucede más de 10 años después de la aprobación en España del matrimonio igualitario.
“Tiene cojones la cosa”, dice María José en su blog. Y lo dice con toda la literalidad, pues la discriminación que están ejerciendo el Ministerio de Justicia y el Registro Civil de Denia es de naturaleza machista: anteponen la protección de los presuntos derechos de un padre biológico que supuestamente podría hacer su aparición en el futuro frente a la realidad de una familia formada por un matrimonio entre dos mujeres y sus tres hijos. Y todo en base a un papel que evite una hipotética demanda por paternidad, algo que no se contempla con las parejas heterosexuales. Parejas que para tener hijos ni siquiera están obligadas a casarse, como sí lo están las parejas homosexuales.
Como señala Charo Alises, abogada y coordinadora del servicio jurídico de la Federación estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), están siendo además violados los derechos de un menor, desprotegido por la Administración española y discriminado frente a sus hermanos mayores. Hoy por hoy, la única alternativa para que María José tenga potestad sobre Lennon es hacerse su tutora legal y solicitar su adopción. Un dolorosa injusticia para una madre. Tan doloroso e injusto como que, si Brenda falleciera, en términos legales Lennon se quedaría sin familia y podría incluso ser reclamado desde Irlanda.
Por detrás de todos estos procesos kafkianos late una discriminación administrativa contra el colectivo LGTBI, una resistencia a aceptar los nuevos modelos de identidad, relación y familia. Ante esta realidad, que condena a la vulnerabilidad a muchas personas, a sus familias y, por tanto, también a muchos menores, la FELGT ha identificado cuáles son las carencias legislativas que aún persisten y ha presentado ante el Defensor del Pueblo una propuesta de Ley de Igualdad LGTBI y de No Discriminación, cuya aprobación consideran un paso necesario y definitivo para la igualdad real. La propuesta recoge los derechos de las parejas del mismo sexo y de sus hijos, con independencia de cómo se haya establecido su filiación. También reclama que las administraciones públicas y la documentación administrativa reconozcan la diversidad familiar y las relaciones afectivas LGTBI. Son medidas que habrían de plasmarse en el ámbito laboral, sanitario, familiar, educativo o de la administración de la justicia. Ahora son las formaciones políticas las que tienen que recoger y defender la propuesta en el Congreso y el Senado.
“Pensaba que los derechos en España estaban más garantizados de lo que lo están”, declara María José. La mala noticia es que tiene razón. La buena, que gracias a la conciencia y el tesón de personas como ella se pueden cambiar las cosas obsoletas y construir un mundo más justo y, por tanto, más feliz.