Lo sabemos porque lo hemos visto continuamente. Los indicios de que el Gobierno de Rajoy montó una policía “patriótica” dentro del Estado para que hiciera ciertas labores particulares sucias circulan desde hace años por los juzgados. Las cloacas del PP habrían actuado contra el independentismo catalán primero y contra Podemos desde el mismo momento de su creación. Y además su cuerpo policial habría realizado labores para lavar la corrupción del PP, de su caja B, por toda clase de medios turbios, incluidos el espionaje y el asalto domiciliario de su propio extesorero, Luis Bárcenas. Que por cierto, según informaba Pedro Águeda, es la única imputación judicial en curso del comisario y otros mandos policiales por aquellas maniobras, según ha acreditado la investigación.
Este caso y otros muchos llegan a implicar a Rajoy, a Cospedal, a Saénz de Santamaría, a altos cargos de aquellos Gobiernos y desde luego al entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Acreditado con pruebas, narrado por varios periodistas, tapado por los que usurpan la función y desde luego con la colaboración visible de quienes ayudaron a distribuir informes falsos de esa policía al servicio de la patria del PP, que parece ser –para determinados sectores del partido– el dinero y la corrupción.
Díganme qué país soporta esto. Del mundo desarrollado y en construcción y hasta de repúblicas bananeras, ¿cuáles llegan a este nivel?
Porque ni siquiera queda ahí. Tardó algo más, pero la investigación también ha alcanzado a la etapa de Aznar. A 600 millones en obras de ese periodo político dentro de la causa que se instruye por las donaciones de empresas adjudicatarias a la caja B del PP. El inspector jefe Manuel Morocho, principal investigador del caso Gürtel, ha encontrado sobrecostes en 18 proyectos de los 23 estudiados que se dispararon en algún caso hasta el 74% e incluso el 94%.
Recordemos que añadir sobrecostes de obra adjudicada es otra especialidad que ha abrazado la actual presidenta de Madrid, Díaz Ayuso. El consejero de Hacienda cifró en marzo el coste del Zendal en 153 millones de euros, el triple de lo presupuestado. Hasta en la remodelación de una estación de metro, Gran Vía, se han gastado 4 millones más. Y nadie lo investiga ni por lo más remoto.
Por cierto, el inspector Morocho es quien denunció ante el juez “presiones, engaños y espionajes”, incluso a cargo de sus propios superiores, por investigar al PP. Un viacrucis de 10 años. Y todo esto no es más que una parte de los casos en los que están implicados miembros del PP.
Pero hay otro escollo adicional. Con el fin del mandato del Tribunal de Cuentas, son cuatro los órganos constitucionales en funciones por falta de acuerdo político para renovarlos. Se añaden el Defensor del Pueblo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Constitucional. Y, caducados, no dejan de realizar nombramientos y dictar sentencias y resoluciones que firmaría el propio PP de estar directamente en las sillas de los jueces. E incluso Vox, como hemos visto bajando la escala en sentencias como la del cartel electoral con mentiras sobre los 'menas' a su petición.
Lo sabemos, andamos dando vueltas por ese laberinto que nos cierra las salidas. A los ciudadanos, porque quien tiene la llave de la puerta válida ni la usa, ni la indica. Y así tienen a mucha gente asustada, temblando, agotada, con enorme preocupación. Y ya no sabemos ni cómo decirlo, en qué idioma o modo. En ruego, en grito, en murmullo próximo a la resignación.
Salvo los que se apuntan a tomar solo el “soma” (lean a Aldous Huxley) que distribuye la televisión y otros formatos y afianzan sus tertulianos ad hoc. La guerra sin cuartel contra Podemos debe figurar en la historia de la infamia. Ya saben, ser líder de izquierda-izquierda es muy duro en España. La agenda de Villarejo deja bien claro que el encargo de los gestores de la policía patriótica del PP va al degüello desde su éxito en las elecciones europeas nada más constituirse. Las primeras anotaciones se remontan a septiembre de 2014. Y en enero de 2015 el número 2 de Interior contacta con Villarejo: “Venezuela-Podemos. Varias gestiones. Quedamos en hablar”. Villarejo, situémonos, es ese individuo que queda con diversos periodistas y cargos de alto rango de vez en cuando. En aquellos días se montó el informe PISA contra Pablo Iglesias que, además de falso, es una auténtica chapuza.
Y cómo caló en el alma torpe, conspiranoica y conservadora. Venezuela se convirtió desde la irrupción de Podemos en la provincia número 51 de España. El Congreso de los Diputados recoge en sus ecos Venezuela, Venezuela. Hasta para hablar del coronavirus lo suelta la derecha. Y la de páginas y espacios que ha llenado en los medios. Y con qué virulencia. Juan Jesús Aznarez pedía en El País en abril de 2019 una “operación quirúrgica como la que acabó con Bin Laden” y a cargo de los Marines a ver si así funcionaba, harto de reclamarlo de todas las maneras. Juan Guaidó, el autoproclamado presidente fetén en sustitución de Nicolás Maduro, ha visto sus ruedas de prensa retransmitidas en directo por TVE y RNE. Una tras otra. Incluso ahora que ya no le protege Trump, ni prácticamente nadie. ABC publicando en portada una “confirmación” falsa de la financiación venezolana de Podemos, basada en informes falsos de la cloaca de aquí. Todo esto se impregnó en el ADN de gente sin criterio, víctimas de su estupidez útil y manejable.
En febrero encontramos por casualidad estas estadísticas en verba.civio.es sobre la frecuencia en la que Venezuela ha aparecido en las noticias de TVE. infinitamente más que Soria o Huesca y con mucha mayor frecuencia que países cuya falta de respeto por los derechos humanos nos afecta en particular. Ahí tenemos a Emiratos Árabes, una autocracia que aloja a Juan Carlos de Borbón, pero es que Venezuela toca otros intereses.
El PP, sus jueces y periodistas, o Juan Carlos de Borbón, demandado en Londres por su ex amante Corinna Larsen. Pide medidas de alejamiento de su casa y una indemnización por “vigilancia ilegal”. ¿En qué país más andan hasta los ex jefes de Estado en estos menesteres?
Mientras, la ofensiva ultraderechista asciende nuevos peldaños. Al revisionismo de Ignacio Camuñas y la complaciente sonrisa de Pablo Casado se suman varios simpatizantes más. Como el tertuliano perenne Francisco Marhuenda, que además anda muy preocupado por las finanzas de los monjes del Valle de los Caídos. El Constitucional revisando la ley del aborto 11 años después de la demanda del PP. O acosando a Roger Torrent, el anterior presidente del Parlament de Catalunya, por arbitrar una votación para reprobar a la monarquía. Los tribunales ultraconservadores mandan mucho más que las cámaras de la representación popular. Y atrincherados. Con su PP. Y Pedro Sánchez esperando que se decidan.
¿Alguno de ustedes sabe en qué país más ocurre todo esto?