La Abogacía del Estado descarta la rebelión y reclama hasta 12 años de prisión para los líderes independentistas
La Abogacía del Estado reclama hasta 12 años de cárcel por los delitos de sedición y malversación para los líderes independentistas a los que acusa de haber promovido la declaración unilateral de independencia de Catalunya en contra del criterio del Tribunal Constitucional. El delito de sedición castiga a quienes “se alcen pública y tumultuariamente” con el objetivo de “impedir” por la fuerza o fuera de la ley el cumplimiento de resoluciones administrativas o judiciales, entre otras cuestiones.
El órgano que defiende los intereses del Estado se distancia de la Fiscalía y descarta finalmente el delito más grave de rebelión, por el que fueron condenados los responsables de la intentona golpista del 23-F, y que establece de forma muy clara que ese alzamiento debe ser público y, por tanto, notorio y manifiesto; y también violento, es decir, ir acompañado del ejercicio de la fuerza física o de algún tipo de amedrentamiento.
La reclamación de penas más altas es para los antiguos miembros del Govern que jugaron “el papel de adoptar las decisiones ejecutivas necesarias” para realizar el referéndum del 1 de octubre. En concreto, doce años para el exvicepresident Oriol Junqueras y once años y medio para los exconsellers que siguen encarcelados Joaquim Forn (Interior), Josep Rull (Territorio), Jordi Turull (Presidencia), Raül Romeva (Exteriores) y Dolors Bassa (Trabajo y Asuntos Sociales). Según la Abogacía del Estado, todos ellos merecen un castigo más grave por su estatus de “autoridad”, al haber “inducido, sostenido y dirigido” la sedición desde su condición de miembros del Govern. También son acusados de malversación.
En el caso de los otros tres antiguos miembros del Ejecutivo catalán encausados pero que no están en prisión provisional –Meritxell Borrás (Gobernación), Carles Mundó (Justicia) y Santiago Vila (Empresa)– la Abogacía del Estado aprecia los delitos de malversación y desobediencia grave por adoptar “los acuerdos para la ejecución y desarrollo del referéndum del 1 de octubre, disponiendo ilegítimamente de fondos públicos” y por desoír sistemáticamente los acuerdos del Tribunal Constitucional. Por ambas infracciones pide para ellos siete años de prisión, diez de inhabilitación absoluta y un año y ocho meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público además de una multa. Vila dimitió de su cargo un día antes de que el Parlament votara la declaración de independencia.
Un segundo grupo de acusados estaría conformado por los líderes de Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. El escrito los señala como autores de un delito de sedición que también habrían “inducido, sostenido y dirigido”, aunque sin contar con la condición de “autoridad” de los seis exmiembros del Govern también acusados de la misma infracción. Por esa razón, el abogado del Estado solicita para ellos una pena de menor entidad: ocho años de cárcel y otros tantos de inhabilitación absoluta.
Por último, el tercer polo estaría formado por los antiguos cargos del Parlament procesados. Para la expresidenta Carme Forcadell la Abogacía del Estado solicita diez años de prisión y los mismos de inhabilitación absoluta como presunta autora de un delito de sedición. Forcadell, al igual que los antiguos miembros del Govern de la Generalitat acusados de penas más altas, tenía condición de “autoridad” al ejecutarse los hechos, según el servicio jurídico del Estado.
Por otro lado, el exvicepresidente de la Cámara Lluís Maria Corominas y su sustituto Lluís Guinó, así como los antiguos miembros de la Mesa Anna Simó y Ramona Barrufet, se enfrentan a peticiones de multa de diez meses e inhabilitación para empleo o cargo público de un año y ocho meses por presunta desobediencia grave. El mismo delito se achaca al exsecretario tercero de ese órgano, Joan Josep Nuet, y a la expresidenta del grupo de la CUP, Mireia Boya. Sin embargo, en estos dos últimos casos, las condenas reclamadas se reducen a multa de ocho meses y un año y cuatro meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
El órgano que defiende los intereses del Estado entiende que estos últimos deberían haber “inadmitido a trámite y paralizado” las propuestas contrarias al orden constitucional. Y recuerdan que a pesar de las múltiples advertencias y requerimientos personales que les formuló el Tribunal Constitucional para que se abstuvieran de tramitar iniciativas de esa índole, “votaron sistemáticamente a favor de su admisión, abriendo la posibilidad de que se incumplieran las normas constitucionales, estatutarias y legales así como las resoluciones judiciales que pretendían restaurar la legalidad”.
Separación de la Fiscalía
La Abogacía del Estado pidió el pasado agosto que el juez abriese juicio por delitos de rebelión, malversación y desobediencia contra los líderes del procés. Sin embargo, finalmente ha descartado el delito más grave separándose del criterio de la Fiscalía, que ha reclamado 25 años de cárcel por rebelión para Junqueras, 17 para Forcadell y los 'Jordis' y 16 para los exconsellers.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la titular de Justicia, Dolores Delgado, negó que hubiera habido una “imposición de criterio” a la Abogacía del Estado. Aseguró que es la primera vez que el órgano que defiende los intereses de la Administración en el proceso se pronuncia sobre la naturaleza y la calificación de los hechos y que el pasado agosto únicamente “asumió” el auto de procesamiento del juez Pablo Llarena “como conclusión de la investigación”.
La decisión de que la Abogacía no acusase de rebelión se tomó en una reunión que mantuvieron los miembros del Ejecutivo el pasado lunes. Diferentes miembros del Gobierno, empezando por el propio presidente, Pedro Sánchez, ya habían deslizado en las últimas semanas que no veían delito de rebelión. También la vicepresidenta, Carmen Calvo, subrayó esa tesis.
