Absuelto un coronel de la Guardia Civil acusado de narcotráfico porque el delito está prescrito
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada ha absuelto al coronel de la Guardia Civil Francisco García Santaella de los delitos contra la salud pública y cohecho por los que la Fiscalía solicitaba nueve años de prisión. Los tres magistrados consideran “acreditado” el delito de narcotráfico, pero añaden que éste había prescrito en el momento en el que García Santaella fue imputado, según señala el fallo, al que ha tenido acceso eldiario.es. El tribunal considera que el cohecho no fue debidamente acreditado durante el juicio.
García Santaella estaba acusado de haber permitido la introducción de un alijo de hachís en la costa de Granada cuando era responsable del grupo antidroga de la Comandancia, con el rango de comandante, a cambio de recibir 360.000 euros.
Los magistrados afirman en su fallo que no pueden aplicar el tipo “superagravado” al coronel García Santaella porque la cantidad con la que se traficó no supera los 2.000 kilos de hachís y que no hubo participación de un buque en el mismo, por lo que los hechos presciben a los cinco años y no a los diez. El mando no resultó imputado hasta 2015 y la introducción de la droga se produjo a finales de 2005.
La operación de entrada de hachís se acordó entre los traficantes y el mando de la Guardia Civil para realizar en tres fases, con 2.000 kilos cada una. El tribunal considera probadas dos de las entradas, pero solo contabiliza para el cálculo de la prescripción una porque la otra era una coartada, con hachís de baja calidad y destinada a ser depositada en una “guardería” (escondite) e incautada por los agentes.
Del único alijo que se considera que llegó a entrar por la costa con destino a su posterior venta, la sentencia dice que “esa sustancia no se interceptó y el Tribunal no puede fundar su convicción sobre el peso de la misma a los efectos de la referida agravación específica”. “Estimamos que con tal sustento solo podemos establecer hipótesis o conjeturas, pero no un estado de certeza sobre que la sustancia alijada alcanzara un peso superior al que permite apreciar la agravación del art. 370,3 del Código Penal”, añade.
Ninguno de los dos traficantes en rebeldía fueron detenidos el día del desembarco y en la causa constan los testimonios de agentes antidroga de que Santaella impartió órdenes con retraso, lo que les permitió huir. También concluyen los jueces en que el mando se dedicó a “escoltar” a uno de los traficantes en lugar de a perseguirlo, como él defendió.
Sospechas de encubrimiento en la Guardia Civil
En el retraso en la imputación de García Santaella influyó que la Guardia Civil decidiera no judicializar la investigación interna que realizó en su momento. La magistrada de Granada María Ángeles Jiménez llegó a imputar al jefe del Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil durante una de las fases de las investigaciones a Santaella, el coronel Francisco Ortiz. La imputación de Ortiz decayó porque, al igual que ha pasado con García Santaella, el delito de encubrimiento había prescrito. La imputación provocó el cese de Ortiz, quien entonces estaba destinado en la Asociación Pro Huérfanos de la Guardia Civil.
El coronel Ortiz defiende que entregó las conclusiones de la investigación de Asuntos Internos a quien marca la normativa de este Servicio, esto es, al subdirector de Personal y al jefe de la Comandancia afectada. Del primero, el teniente general Solís, el coronel Ortiz asegura que tuvo “pleno conocimiento” de la misma, que le entregó el informe en mano y que su superior lo guardó “en una caja fuerte”. Además, añade que el juzgado y absuelto García Santaella fue, “en su época, mano derecha” del teniente general Solís.
El teniente general Solís, también retirado, asegura que guardó el informe de Asuntos Internos en la misma caja fuerte donde se guardaban el resto de informes con contenido clasificado secreto. Solís recuerda que el Servicio de Asuntos Internos actuaba como policía judicial y, como tal, tenía la obligación de informar a las autoridades judiciales de cualquier indicio de delito y que así lo recogen la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Su responsabilidad sobre Asuntos Internos era únicamente “orgánica” y en el informe que se le entregó se decía que no se podían haber recabado indicios de delito contra Santaella, añade. Solís, a diferencia de Ortiz, declaró como testigo en fase de instrucción y ni siquiera fue llamado a declara en la vista oral.
Desmiente rotundamente que Santaella y él fueran próximos porque solo coincidieron “una o dos semanas” antes de que Solís se jubilara.
Ortiz añade que la investigación de sus subordinados atribuyendo únicamente “exceso de celo” a García Santaella y errores en el manejo de fuentes va en la línea de otros informes de Asuntos Internos anteriores a que él llegara a mandar ese Servicio.
Referencias a “Padre” en los pinchazos telefónicos
Un traficante marroquí y otro español habían sido grabados refiriéndose a un tal “Padre” en los pinchazos telefónicos. Al ser detenidos con la explotación de la operación, identificaron a esa persona como al coronel García Santaella. Ninguno de los dos declaró en el juicio por estar en paradero desconocido. Con todo, el tribunal valoró su declaración en fase de instrucción. La Asociación Unificada de Guardia Civiles (AUGC), que ha ejercido la acusación popular, solicitaba 13 años de cárcel para Santaella.
García Santaella ocupaba un puesto en la Dirección General de la Guardia Civil cuando eldiario.es reveló que estaba imputado por narcotráfico en abril de 2015. A las pocas horas, el coronel fue destituido por “pérdida de confianza”. Al frente del instituto armado estaba entonces Arsenio Fernández de Mesa. El Ministerio del Interior que dirigía Jorge Fernández Díaz había firmado el 2 de febrero la concesión de la Cruz de Plata para el coronel, pese a que en ese momento los indicios ya se acumulaban contra García Santaella y estaba al borde de la imputación.
[[Los párrafos de esta información que aluden a las consideraciones del coronel Ortiz Clavero proceden de un burofax remitido a eldiario.es con posterioridad a la publicación de la información. Las declaraciones de Pascual Solís son la reacción solicitada por este medio al teniente general al contenido de ese burofax]]
