El Poder Judicial que liderará Marchena: menos presidencialista, misma politización y mayoría progresista
La reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que han pactado PSOE y PP resta protagonismo al próximo presidente del órgano de gobierno de los jueces. El candidato que han acordado los dos partidos, Manuel Marchena, se encontrará un CGPJ con todos sus vocales liberados, sin una comisión permanente que actuaba hasta ahora como un núcleo duro, y con 11 vocales progresistas de 20, una nueva etapa que sucede a la mayoría conservadora que impuso la arrolladora victoria electoral de Mariano Rajoy en 2011.
El pasado 30 de octubre, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La mayoría de la Cámara Baja ignoró las críticas a la politización de la justicia y evitó cambiar el sistema de elección de los vocales del CGPJ, a pesar de que era un compromiso que Pedro Sánchez como líder de la oposición y Dolores Delgado como miembro de la Unión Progresista de Fiscales habían repetido antes de llegar al Gobierno. La cuestión no es menor. Esos vocales son los encargados, entre otras funciones de negociar, más bien de repartirse, la elección de magistrados integrantes de los principales tribunales del país.
Todos los partidos, a excepción de Ciudadanos, se han aferrado a las críticas que el modelo de CGPJ impuesto en la época de Ruiz-Gallardón causó por “presidencialista” para evitar una reforma en profundidad. Así, han acordado tocar el funcionamiento del Poder Judicial, pero no el modo en el que son elegidos sus vocales. En todo caso, el CGPJ que acaban de pactar PSOE y PP sale del texto vigente, a la espera de que finalice el trámite parlamentario -ahora está en el Senado- y se apruebe la reforma a la que ha dado luz verde el Congreso.
El próximo Consejo General del Poder Judicial contará, de nuevo, con 12 miembros procedentes de la carrera judicial y otros ocho a los que se denomina “juristas de reconocido prestigio”. En la práctica, los partidos suelen escoger, por una parte, a magistrados afines ideológicamente de un amplio corte presentado por las asociaciones judiciales o propuestos por 25 compañeros. Para los ocho puestos restantes se reservan perfiles de marcado carácter político con algún tipo de experiencia en el mundo jurídico.
El CGPJ pactado este lunes no es una excepción. En la terna propuesta por el PP hay dos exparlamentarios que ejercían de portavoces de sus posturas en materia judicial en Congreso y Senado, José Miguel Castillo y Manuel Guillermo Altava, respectivamente. En las filas progresistas aparece Bernardo Fernández Pérez, quien fue vicepresidente asturiano del PSOE.
También por los socialistas se propone a José Ricardo de Prada, el juez de la Audiencia Nacional que redactó la sentencia de Gürtel que a la postre provocó el cambio de Gobierno. De Prada no se encontraba en servicio activo, con una excedencia para integrar el Tribunal de La Haya, y el CGPJ no le dejó aspirar en la terna de magistrados, así que el PSOE lo ha escogido para las plazas reservadas a los juristas de reconocido prestigio.
¿Qué cambia entonces con la reforma en trámites de aprobación? El actual modelo deja al presidente promover los nombres que integran una comisión permanente que en principio tuvo cinco vocales y ahora componen siete. Son siete vocales con sueldo y dedicación exclusiva frente a otros 13 que deben asistir a los plenos desplazándose desde donde residan y compaginar su tarea en el CGPJ con su trabajo. A partir de que entre en vigor, los veinte vocales estarán liberados, con un sueldo de 116.000 euros anuales cada uno de ellos.
La comisión permanente seguirá existiendo, pero el presidente Marchena ya no tendrá la prerrogativa de proponer a sus miembros. El sistema de la etapa Lesmes hacía rehenes de ese privilegio a los vocales, según han denunciado repetidamente los detractores del actual presidente del Poder Judicial. En el futuro próximo, todos los vocales pasarán por la comisión permanente durante un año. Además, todas sus decisiones podrán ser revisadas por el Pleno.
El próximo sistema, menos presidencialista, descentralizará el poder y hará más democráticas la toma de decisiones, según los defensores de la reforma, aunque el reparto ideológico del CGPJ puede anticipar las posturas en cada debate. Por otra parte, quienes critican la reforma temen que el órgano de gobierno de los jueces, con todos sus vocales liberados, se convierta en un centro ingobernable y poco operativo, donde se multipliquen el número de comisiones, más allá de las cuatro que exige la actual Ley, y que al portavoz que se elija le surjan, como en otra época, portavoces oficiosos de la corriente opuesta.
