La CUP señaló directamente a Puigdemont en su denuncia sobre el desvío de fondos en Girona
En noviembre de 2015, Carles Puigdemont observaba desde su escaño en el Parlament cómo el líder de CDC (Convergencia Democrática de Catalunya), Artur Mas, perdía una segunda votación para ser elegido president de la Generalitat por el rechazo de la CUP. En esas mismas fechas, los anticapitalistas acudían a la Fiscalía para denunciar las irregularidades de la empresa que gestionaba el agua en Girona, tras detectar una serie de pagos por servicios no prestados y préstamos perjudiciales para las arcas públicas.
La CUP acabó alcanzando un acuerdo con Mas, que se retiró para proponer a Puigdemont, entonces alcalde de Girona, como candidato a presidir la Generalitat y continuar así con el procés. Aquella maniobra fraguó un pacto entre independentistas de diverso signo ideológico que ha desembocado en la convocatoria del referéndum del 1 de octubre. Ahora, a dos semanas de su celebración, Puigdemont ve cómo la denuncia de los que ahora son sus socios le salpica por su gestión en la Alcaldía de Girona con una operación de la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil.
Los miembros de la CUP presentaron la denuncia tras advertir que el suministro de agua que gestionaba Agissa SA estaba rodeado de opacidad y sospechaban que tras sus negocios se encontraban unos socios privados lucrándose con dinero público. Agissa está participada en un 20% por los ayuntamientos de Girona, Salt y Sarriá de Ter y en un 80% por Girona SA, una empresa privada.
La denuncia inicial está dirigida contra Narcís Piferrer, entonces consejero delegado de Girona SA, al que acusaban de un presunto delito continuado de administración desleal. En aquel escrito la CUP señala que Girona SA se dedica únicamente a facturar a sus empresas participadas por trabajos que “se intuye que no existen o que, de existir, son mucho menores a los facturados”. Fundamentan esas sospechas en que Girona SA solo tiene siete trabajadores -que perciben sueldos millonarios-, una sede desconocida y su última adquisición de maquinaria fue en 2005. A pesar de ello facturan casi 20.000 euros al mes.
Gran parte de esa facturación proviene de Agissa, la empresa participada por los tres ayuntamientos catalanes que se creó en 1992. Sus pagos mensuales por las gestiones para garantizar el suministro del agua se elevan a 15.000 euros mensuales, una cantidad decidida “arbitrariamente” por Piferrer, denuncia la CUP. El contrato que garantizaba esos pagos se extinguía en 2012, pero preveía una posible renovación por otros ocho años.
El papel de Puigdemont
Una letrada del Ayuntamiento de Girona, según recoge la denuncia, recomendó entonces no prorrogarlo y convocar un concurso público para la adjudicación del servicio. “Inexplicablemente”, señala la CUP, la letrada cambió de opinión en unos días y emitió un nuevo informe en que se mostraba favorable a la prórroga. Girona SA así lo solicitó y el pleno del Ayuntamiento, con Puigdemont como alcalde, accedió a una prórroga de solo unos meses para estudiar a fondo la renovación del contrato.
Durante ese periodo, el interventor del Ayuntamiento pidió que se elaborase un estudio económico en profundidad sobre Girona SA antes de firmar la renovación, un trabajo que se encargó una empresa externa. Sin embargo, el 13 de marzo de 2013, Puigdemont firmó la prórroga definitiva del contrato sin haber recibido dicho informe.
El actual president de la Generalitat, que aparece dos veces citado en la querella de la CUP por su nombre y apellidos y que figura en los imputados por este caso (solo tendría capacidad para hacerlo el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña), dio su visto bueno a un contrato que fijaba un canon inicial, unos cánones anuales y modificaba la fórmula de retribución de Girona SA “sin que haya ningún estudio de ningún técnico municipal que lo avale”, denuncia la CUP. No consta, señalan, las fórmulas utilizadas para fijar esos pagos.
Además, junto a la primera renovación se firmó la concesión de un préstamo de Girona SA a Agissa con una “condiciones totalmente desfavorables”, señala la denuncia, porque el tipo de interés se fijó en el 12%. La investigación que se abrió entonces destapó, según recoge un informe de la Agencia Tributaria, que esa operación buscaba “la entrega gratuita de fondos” al socio privado. Añade la Agencia Tributaria que si Girona SA no llevase años “detrayendo fondos” de Agissa esta última sociedad, de capital público, no tendría deudas ni habría necesitado el préstamo.
Dos décadas de irregularidades
El informe de Hacienda revela 20 años de prácticas irregulares en la gestión de aguas de los Ayuntamientos de Girona, Salt y Sarriá de Ter a través de un conglomerado de sociedades. La mayor parte de la gestión que se investiga corresponde a mandatos municipales en los que el PSC gobernaba Girona y presuntamente imponía sus decisiones en los consejos de las citadas empresas.
Según la Agencia Tributaria, esa fórmula de gestión ha servido para que los municipios realizasen paulatinas subidas en el precio del recibo del agua a los vecinos y generasen unos ingresos que luego a través de las concesionarias Girona SA y su matriz Agissa revertían a las arcas municipales en una especie de pago de dividendos a los ayuntamientos.
La Agencia Tributaria destapa “gravísimas anomalías contables” y cobros por servicios que no se han prestado. En su informe subraya que la empresa responsable del suministro de agua declaraba 100.000 euros de beneficios anuales, pese a que sus ganancias reales superaban el millón de euros. El resto del dinero se derivaba en pagos a sus socios, la empresa Girona SA y los tres ayuntamientos que formaban parte de Agissa. La Agencia Tributaria señala que esos dividendos son los que explican tanto las pérdidas de la sociedad como los sucesivas subidas en los recibos a los vecinos.
Pese a que Hacienda se extiende en las irregularidades de la época del PSC también subraya que Puigdemont que estaba al frente del gobierno municipal de Girona que en 2013 prorrogó hasta 2020 una concesión que llevaba en manos de las mismas sociedades desde 1992. La Agencia Tributaria recalca que pese a haber encargado como alcalde la auditoría que reveló numerosas irregularidades en la gestión de las sociedades del agua en la etapa socialista, estas continuaron durante los ejercicios siguientes.
