González Taboada “revitalizará” el PP de Madrid mientras le acecha la imputación en Púnica
Cristina Cifuentes estuvo casi seis horas en la tribuna de la Asamblea de Madrid durante el debate del Estado de la Región. Ni en su discurso del pasado jueves, ni en las réplicas del viernes dedicó un momento a explicar una profunda remodelación de su Gobierno que se anunció en la tarde del sábado a través de una nota de prensa. Esa reordenación ha desalojado del cargo de consejero de Medio Ambiente a Jaime González Taboada, a quien el caso Púnica cerca desde hace meses, que seguirá como diputado y número tres del PP de Madrid.
Ese comunicado despachó en dos párrafos lo que suponía la primera gran baja en el ejecutivo de Cifuentes de un cargo salpicado por la corrupción. Hasta ahora ha habido dimisiones de diputados o cargos medios, pero esta es la primera vez que las investigaciones judiciales fuerzan la dimisión de un consejero.
González Taboada conservará su escaño en el Congreso, porque el pacto que el PP firmó con Ciudadanos solo obliga a dimitir tras una imputación. Además seguirá en su puesto de coordinador general del PP de Madrid, desde el que tendrá “dedicación en exclusiva” a la tarea de “revitalización” del partido, “uno de los compromisos asumidos por Cristina Cifuentes”, según recoge la nota enviada a las 15.40 horas del pasado sábado. El ya exconsejero afrontará ese desafío mientras le acecha la imputación en el caso Púnica.
El único de la mesa que no ha sido imputado
González Taboada formó parte de la mesa de contratación de Arpegio, la empresa pública que gestionaba el suelo de la Comunidad de Madrid, y que es la protagonista de una de las piezas desprendidas del caso Púnica. Esta causa investiga todas las irregularidades que se cometieron a través de esa sociedad, desde las adjudicaciones e inversiones millonarias a través del Plan Prisma, hasta la contratación de cargos afines al PP.
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, anterior instructor del caso Púnica, impulsó esta rama de la investigación a mediados del mes de abril, con una operación que incluyó varios registros y continuó dos meses después con la imputación de 12 responsables de la empresa pública. Entre ellos están todos los integrantes de la mesa de contratación, salvo González Taboada, que por su condición de aforado solo puede ser investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
Para que ese tribunal le investigue, la Audiencia Nacional debe reunir suficientes indicios contra él y enviar al TSJM una exposición razonada pidiendo su imputación. Por ahora, varios testigos e imputados le han señalado como la persona que manejaba los fondos de Arpegio. Un testigo declaró que que recibió presiones de González Taboada para amañar un contrato de 1,9 millones de euros. La orden partía, aseguró este testigo, “del consejero”, en referencia a Francisco Granados, entonces responsable del área de Presidencia.
Otro testigo, trabajador de Arpegio, aseguró que Arpegio había beneficiado a la constructora ACS como contrapartida por sus aportaciones para la campaña electoral de 2008. La exdirectora de proyectos del Plan Prisma, imputada en el caso, aseguró que era González Taboada quien gestionaba gran parte de esos fondos. En concreto, un 60% de los 1.000 millones con los que se dotó a ese plan de inversiones.
“Mano derecha” de Francisco Granados
Las declaraciones de unos y otros han seguido la línea de lo que dijo el socio de Granados en Púnica, David Marjaliza, quien en mayo de 2016 acusó a González Taboada de “mangonear” con los fondos públicos y de quedarse con “un pequeño porcentaje” de las mordidas que cobraba para Granados, del que actuaba como “mano derecha”.
Esas afirmaciones ante la juez, que no pudo sostener con ninguna prueba, supusieron que el hasta ahora consejero de Medio Ambiente respondiese con una denuncia por calumnias. Para intentar archivar esa causa, Marjaliza se ha apoyado en las últimas revelaciones que apuntan a González Taboada y asegura que sus palabras sirvieron para abrir una vía de investigación que ahora está cristalizando.
El avance de esa investigación, ahora en manos del juez Manuel García Castellón, unido a la presión de la oposición, ha llevado a Cristina Cifuentes a apartar a González Taboada. Él hasta ahora ha defendido que no conoce a Marjaliza, ha negado sus acusaciones y ha añadido que nunca acudió a una reunión de la mesa de contratación, en la que no tenía “ni voz ni voto”.
Cifuentes ya ha visto como la corrupción hacía dimitir a dos diputados, dos cargos medios de su gobierno y un asesor de su gabinete. Ahora es un consejero quien se aparte del Ejecutivo, a petición propia, según el comunicado de la Comunidad de Madrid, pero asediado por una investigación que no ha dejado en buen lugar al Gobierno regional.
El pasado mes de julio, Nuevo Arpegio reconocía ante el juez que no encontraba los documentos que le reclamaba, y que los agentes habían buscado sin éxito en sus oficinas. Un mes antes, la Fiscalía Anticorrupción había denuncia falta de colaboración por parte de la Comunidad de Madrid, en el que “existe todavía una cierta autoprotección sobre aquellos que han ejercido funciones públicas y orgánicas”.
