El número 3 de Cifuentes niega los “mangoneos” en los que le implica Marjaliza
El consejero de Medio Ambiente y número tres de Cristina Cifuentes, Jaime González de Taboada, ha dicho hoy que desconoce por qué el supuesto cabecilla del caso Púnica David Marjaliza le acusó de “mangonear” con las ayudas del plan Prisma y ha asegurado que no conoce “de nada” al empresario ni se ha tomado “una copa con él”.
Taboada ha hecho estas declaraciones durante su comparecencia en la comisión de investigación de corrupción de la Asamblea de Madrid, en la que ha informado sobre el plan Prisma 2006-2007, ya que entonces formaba parte de la mesa de contratación del mismo como director general de Cooperación con la Administración Local.
En su declaración ante el juez, Marjaliza aseguró que Taboada está entre los supuestos perceptores de comisiones ilegales y 'mangoneaba' con las ayudas del programa de inversiones del plan regional de inversiones y servicios de Madrid (Prisma).
El portavoz de Ciudadanos en la comisión, César Zafra, le ha preguntado por qué cree que Marjaliza dijo eso. “Esa pregunta me la hago yo desde que lo dijo (...) no conozco a Marjaliza de nada”, ha respondido el actual consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio.
“No me he tomado una copa con él, un café, no he estado en su casa, él no ha estado en la mía, no conozco a su familia, no conoce a la mía (...) no le pongo cara ni ahora porque no me da la gana de ver la televisión cuando sale ese señor”, ha añadido.
Ha recordado que ha interpuesto una querella por las declaraciones de Marjaliza pero no ha querido dar más detalles al respecto al afirmar que se trata de un “tema personal”.
No acudió “a ninguna mesa de contratación”
Taboada ha dicho que no acudió a ninguna mesa de contratación del plan Prisma a pesar de formar parte de la misma para no dejar de atender las “funciones propias” de su cargo, ni fue nadie de la dirección general de Cooperación con la Administración Local en su lugar.
Por ello, ha señalado que no tenía “ni voz ni voto” a la hora de decidir las adjudicaciones del plan, al tiempo que ha rechazado la opción de haber nombrado a otra persona para asistir a las mesas y controlar lo que se decidía en las mismas ante la posibilidad de que se cometieran irregularidades. “No sospeché nada, no soy quién para sospechar del trabajo de los demás”, ha sostenido.
Por otro lado, ha comentado que como director general de Cooperación con la Administración Local tuvo una relación “absolutamente estrecha” con los municipios y alcaldes de Madrid, pero ha asegurado que no recibió por parte de ellos regalos “ostentosos”.
Sí ha recordado que el Ayuntamiento de Alpedrete le regaló dos botellas de vino, el de Villaconejos un melón, el de Campo Real “una lata de aceitunas” y el de Chinchón “un paquete de ajos”. También ha negado que los alcaldes le informaran de “chanchullos” con Marjaliza y el exconsejero Francisco Granados. “¿En qué cabeza cabe que un alcalde me llame y me diga, oye que estoy en un chanchullo?”, se ha preguntado.
El pasado mes de julio, el juez del caso Púnica, Eloy Velasco, pidió a la Comunidad de Madrid los convenios suscritos con la empresa pública Arpegio entre 2006 y 2011 para que gestionara los fondos del Prisma ante la sospecha de que promotores pagaron comisiones por los mismos al amparo del exconsejero Francisco Granados, según confesó Marjaliza.
Entonces, Granados era presidente del consejo de administración de Arpegio, la empresa pública madrileña a la que se encomendó en 2006 la gestión del plan Prisma, de la que antes se encargaba la Comunidad junto con los propios ayuntamientos.
Taboada ha indicado que no pudo “entrar a valorar” este cambio, ya que era una decisión que dependía del Consejo de Gobierno, pero ha explicado que fueron los propios ayuntamientos los que lo solicitaron porque “empezaron a tener situaciones económicas delicadas”.
El consejero ha afirmado que no tuvo una “relación personal” con Granados, sino estrictamente laboral, porque para él un “superior era sagrado”, y se ha desvinculado de Arpegio al depender de “otra Consejería”.
Previamente, han comparecido Pilar Roca, responsable del departamento jurídico de Arpegio; José Osuna, exdirector general de la consultora Typsa, encargada de la asistencia técnica a Arpegio; y Arturo Carulla, accionista de Airina.
Este grupo ha interpuesto en los tribunales una demanda para reclamar a Arpegio 72 millones de euros por la parcela que la empresa pública adquirió en 2005 en Arganda del Rey al estimar que el terreno (que se destinó en parte a la celebración de Rock in Río) sigue sin estar legalizado.
