La Justicia absuelve a los tres jóvenes que la policía señaló como “cúpula de Anonymous”
El juzgado de lo Penal número 3 de Gijón acaba de absolver a tres jóvenes a los que la policía y un fiscal de Asturias señaló como la cúpula de Anonymous en España y para los que se pedían en total 15 años de cárcel. En una sentencia dictada el pasado seis de julio, a la que ha tenido acceso eldiario.es, la juez Asunción Gómez Luelmo, absuelve a Rodrigo T. Yuri L. y José María Z. de los delitos de pertenencia a grupo criminal y de sendos delitos continuados de daños por un ataque que provocó disfunciones en la página de la Junta Electoral Central en los días previos a las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2011.
La fiscalía acusaba a los tres de pertenencia a grupo criminal y de varios delitos de daños y pedía para cada uno los acusados cinco años de cárcel, pese a que un informe pericial cifró los perjuicios en 700 euros.
La titular del juzgado de lo Penal número cinco de Gijón, Asunción Domínguez Luelmo, ha decidido declarar inocentes a los tres acusados tras invalidar varias de las pruebas aportadas por la policía alegando que se había roto la cadena de custodia. El fallo de la juez es contundente y asegura que no hay pruebas suficientes para vincular a los tres arrestados a Anonymous ni para atribuirles los ataques cibernéticos a las webs de la Junta Electoral Central, del sindicato UGT y de las formaciones Partido Popular, PSOE y CiU.
La sentencia lo dice con estas palabras: “Tras la apreciación directa en el plenario de la prueba testifical, de la pericial en extremos no relativos a los dispositivos incautados y de las declaraciones de los acusados en relación con la documental aportada, se concluye que no ha sido acreditado que los acusados pertenecieran al colectivo Anonymous con el objeto de cometer de forma concertada uno o varios delitos menos graves o de la perpetración reiterada de faltas, ni que con ocasión de la celebración en España de las elecciones locales y autonómicas de fechas 22 de mayo de 2011 con la finalidad de entorpecer el proceso electoral se hubieran puesto de acuerdo y hubieran preparado dos ataques de Denegación de Permiso Distribuido [una modalidad de ataque cibernético], uno el día 18 de mayo de 2011 bajo el nombre de la Operación Spanish Revolution contra el entorno informático de la Junta Electoral Central residente en el Congreso de los Diputados, contra la página web de UGT y contra la página web del Congreso, que hubiera afectado de forma importante al normal funcionamiento del correo electrónico obstaculizando los trámites previos al proceso electoral y remitiendo múltiples peticiones simultáneas ocasionando el bloque de la web de la Junta Electoral Central”.
La juez también rechaza que haya pruebas para determinar que los acusados hubieran “acordado realizar sobre las 16 horas del 20 de mayo de 2011 la operación V de Votaciones, contra las páginas web del PP, del PSOE y de CiU”. La sentencia, contra la que cabe recurso, absuelve a los tres acusados de esos dos delitos que le atribuía la fiscalía.
El arresto de los tres jóvenes en la primavera de 2011, coincidiendo con el movimiento 15-M, estuvo rodeada de un gran aparato mediático. La policía anunció las detenciones con el atrezzo que reserva a las operaciones antiterroristas o contra el narcotráfico. Comparecieron los jefes de la Brigada de Investigación Tecnológica (BIT), Manuel Vázquez, y el de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, José Luis Olivera que posaron ante los medios con la careta del personaje del cómica V de Vendetta, tomada como símbolo para acciones de protesta en Internet, muchas de ellas amparadas bajo el paraguas de Anonymous. Los mandos policiales ofrecieron todo tipo de detalles ante un mostrador repleto de cables, ratones, discos duros y pantallas incautados a los detenidos y el gabinete de prensa remitió a todos los medios de comunicación un comunicado para subrayar la importancia de la operación.
“Un montaje policial contra el 15-M”
El abogado de uno de los acusados, Yuri L., Carlos Sánchez Almeida, ha asegurado a eldiario.es que la sentencia del mal llamado caso Anonymous, demuestra “que los arrrestos durante la primavera de 2011 fueron desde el principio un montaje para criminalizar la protesta del colectivo 15-M” que por aquellas fechas ocupaba las plazas de las principales ciudades españolas. “La investigación se inició se inició según afirmó uno de los policías que declararon en el juicio a raíz de las protestas contra la llamada Ley Sinde [una norma aprobada durante el último mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, que permitía censurar páginas webs sin autorización judicial]. En dichas protestas una red de activistas bajo el paraguas de Anonymous tuvo un papel fundamental apoyando las reivindicaciones del colectivo #nolesvotes y de Democracia Real Ya. Todos estos colectivos aparecen mencionados en los atestados policiales, lo que evidencia la intención política de criminalizar dichas protestas”, subraya el abogado.
