PSOE y Unidas Podemos ponen fecha de caducidad a la norma que limita las investigaciones penales

“La reforma tiene tres objetivos fundamentales: agilizar la justicia, fortalecer las garantías procesales de los investigados y promover la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción”. Rafael Catalá presentó ante el Congreso la ley que limitaba los plazos de investigación en las causas penales como la medida que iba a solucionar todos los males del proceso judicial. Casi cinco años después el exministro de Justicia verá ya fuera de la política cómo PSOE y Unidas Podemos acaban con esa norma, después de cosechar la crítica unánime por parte de jueces y fiscales, y tras provocar el cierre de varias causas de corrupción.

En aquella comparecencia en la cámara baja el 30 de abril de 2015, Catalá aseguró que en las conocidas como “macrocausas” -investigaciones que por su complejidad son divididas en piezas más pequeñas, como Gürtel o los ERE- provocaban “una dilación en el tiempo absolutamente inaceptable tanto para las víctimas como para los investigados”. En un lapso de apenas unos minutos, el ministro fue capaz de exonerar de esa tardanza a jueces y fiscales -“el motivo no es seguramente su inacción”- a pedirles que arrimasen el hombro para solucionar el problema: “El juez y el fiscal tienen que hacer un esfuerzo por revisar las causas pendientes y darles el impulso procesal que corresponda”.

El problema es que Catalá cargó sobre los hombros de jueces y fiscales la solución del problema sin darles herramientas ni más medios para afrontarlo. Tenían que investigar más rápido, pero no dispondrían de más recursos. Obligaba además a los fiscales, que no dirigen el proceso penal, a controlar los tiempos de la causa para pedir al juez más tiempo de investigación. Un tiempo limitado, porque la reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal significa, en esencia, poner fecha de caducidad a las investigaciones penales.

El Gobierno de Mariano Rajoy impuso ese cambio legal con la mayoría absoluta de la que entonces gozaba en el Congreso. La norma establece que las causas tienen un plazos máximo de instrucción de seis meses. Transcurrido ese tiempo, la Fiscalía podía solicitar que se ampliase a 18 meses por tratarse de “una causa compleja” . Cabía una última prórroga a un total de 36 meses, es decir, tres años de investigación que para algunos casos es un periodo que se queda extremadamente corto.

Son los fiscales, que no tienen el control sobre el proceso penal, quienes deben pedir la prórroga de una causa; los jueces, pese a que dirigen las investigaciones, no pueden acordarla si no la solicitan las partes. Tampoco se tuvo en cuenta que en ocasiones las dilaciones venían provocadas por las dudas de que tribunal es competente: mientras se resuelve ese asunto, el tiempo sigue corriendo. Con estas limitaciones y sin un aumento de los recursos, la reforma logró agrupar en su contra a todas las asociaciones judiciales. Algunas incluso alertaron de que algunos casos se iban a cerrar por estas limitaciones, como así ocurrió.

El expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez fue uno de los beneficiados por el cambio legal que introdujo su partido. Una de las tres causas que tenía abiertas, el caso Pasarela, se cerró porque se superaron los plazos de instrucción, y aunque la Fiscalía trató de evitarlo, finalmente la justicia archivó el caso. El dirigente popular se enfrentaba a una pena de cuatro años de prisión. La norma ha obligado a cerrar otros casos, como el de los contratos fraudulentos de la Alhambra -donde había 28 imputados-, el sumario Emucesa o una investigación contra ACS. También ha provocado que se cierren investigaciones sobre ETA, como el caso Giménez Abad.

“El artículo 324 es absolutamente inviable”, dijo entonces el fiscal jefe de Murcia, José Luis Díaz Manzanera. Alertó de que “hay falta de personal, faltan jueces, faltan órganos investigadores, policiales” para cumplir con las exigencias que impuso esa reforma y criticó el daño que hacía a la imagen de la justicia que se archivase un caso de corrupción porque habían pasado únicamente dos días del plazo legal.

Su queja resumía el sentir de la carrera judicial, que se posicionó en contra de la norma desde el principio porque consideraban que abría “espacios de impunidad”. Algunas asociaciones, como la Unión Progresista de Fiscales, llevan años apelando a los partidos para que deroguen el artículo 324.

Las alertas sobre las trabas que supone la reforma rebasaron el ámbito de las asociaciones. El Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces, llegó a pedir un sistema de alertas que evitase el cierre inesperado de las causas. Nunca llegó. La Fiscalía General del Estado pidió directamente la derogación del artículo por haber generado “una notable inseguridad jurídica” y una “apariencia de impunidad”.

Una oportunidad fallida tras la moción de censura

El 17 de julio de de 2018, ya como presidente del Gobierno, Pedro Sánchez detalló su programa ante el Congreso en una larga comparecencia. Entre las prioridades del Ejecutivo surgido la moción de censura situó la derogación del artículo 324 porque era “especialmente nocivo en la tramitación de causas complejas”, sobre todo en las de corrupción. Pero nunca se hizo. El Gobierno alcanzó un récord de decretos ley pero entre ellos no hubo hueco para el que debía derogar el 324, mientras Unidas Podemos presionaba desde el Congreso.

La convocatoria electoral acabó con cualquier oportunidad de cambiar ese artículo y ahora, en el inicio de la nueva legislatura el Gobierno vuelve a marcarlo como prioridad. Estaba incluido en el pacto de PSOE y Unidas Podemos y los socialistas ya han registrado la iniciativa en el Congreso, donde previsiblemente recabará un amplio apoyo entre los socios de investidura. La duda es qué hará Ciudadanos, porque el PP ya ha mostrado su rechazo a eliminar la modificación legislativa que ellos impulsaron.

De hecho, ese partido ha utilizado su propia ley para defenderse en los tribunales. Sus abogados trataron de cerrar el caso de la caja B alegando que se había superado el plazo máximo de instrucción. Una norma del Gobierno del PP para tratar de cerrar un caso de corrupción del PP. El juez José de la Mata no accedió a la petición.

Mientras lo alegaba en los tribunales, el PP bloqueaba su derogación en el Congreso con la ayuda de Ciudadanos. Hasta 58 veces forzaron esas dos formaciones que se ampliase el trámite de enmiendas a la iniciativa que buscaba derogar ese artículo. Lo hicieron gracias a que ambos tenían el control de la Mesa del Congreso, una mayoría que ahora tienen PSOE y Unidas Podemos. Ahora solo depende de los tiempos parlamentarios que el Congreso acabe con una de las medidas más polémicas de Catalá.