El Supremo tumba a Rato, el símbolo de cómo el “liberalismo” del PP manoseó Caja Madrid
“Apropiación indebida”. Queda escrito en la sentencia del Tribunal Supremo sobre las tarjetas black que despedaza lo que quedaba de leyenda de Rodrigo Rato, condenado a cuatro años y medio de cárcel. El político español que llegó más lejos en las instituciones internacionales, nada menos que a la cima del Fondo Monetario Internacional (FMI), el vicepresidente del Gobierno de José María Aznar al que la prensa de la época atribuyó el milagro económico español, ha acabado en una lista de condenados por llevarse dinero público. En su caso, 99.054 euros de Caja Madrid pasando la tarjeta para pagar viajes a la nieve, fiestas, alcohol y bolsos de lujo, entre otras menudencias.
Rato hace tiempo que en el Partido Popular ha pasado a ser “esa persona de la que usted me habla” en ruedas de prensa y entrevistas. Pero nada de lo que relata el Supremo en sus 456 páginas sobre el saqueo de la entidad que tuvo que ser rescatada con 22.000 millones de dinero público se entendería sin recurrir a aquella época en la que el PP lo controlaba todo en la Comunidad de Madrid, con Esperanza Aguirre al frente.
Corría el año 2009, cuando la presidenta que presumía de liberal orquestó a la luz del día una operación para colocar a su número dos en el Gobierno, Ignacio González, al frente de Caja Madrid. Sin disimular, como hacía las cosas Aguirre durante la borrachera de poder que fueron sus 9 años en la presidencia de la Comunidad. A los 19.000 millones de presupuesto del Gobierno regional, Aguirre pretendía sumar el control, a través de su mano derecha, de una entidad con siete millones de clientes y 191.000 millones de euros de volumen de negocio.
Demasiado, incluso para Mariano Rajoy, partidario siempre de dejar hacer y no entrar al choque directo con sus rivales internos. Esperanza Aguirre lo era y mucho desde hacía tiempo: incluso había maniobrado con amigos empresarios y directores de medios para descabalgarlo de la presidencia del PP justo después de la segunda derrota electoral en 2008 frente a José Luis Rodríguez Zapatero. Así que, por una vez, Rajoy se plantó e hizo ver a Aguirre que no tragaría con hacer presidente de Caja Madrid a Ignacio González. La maquinaria del PP de Madrid ya se había puesto a trabajar tiempo antes para echar a Miguel Blesa de la caja. Y Aguirre había seducido con promesas a entidades tan variopintas como el PSOE, Izquierda Unida, los sindicatos y la patronal madrileña, que iban a ver reforzados sus asientos en los órganos de dirección de la caja.
Rajoy, que por aquel momento enarbolaba el discurso de la despolitización de las cajas, respondió eligiendo para el puesto a Rodrigo Rato, en aquel momento un empresario de sus negocios que había dejado a la mitad su mandato en el Fondo Monetario Internacional. La batalla fue cruenta y trascendió al control de una entidad bancaria, por mucho que Caja Madrid, fuese la joya de la corona: estaba en juego el poder mismo en el Partido Popular. Perdió Aguirre, ganó Rajoy y Rato tomó posesión entre anuncios grandilocuentes sobre el futuro de Caja Madrid con un prohombre al frente.
Nada más aterrizar en su despacho, Rato multiplicó las prebendas a sus consejeros, entre ellas, las famosas tarjetas, para garantizarse un mandato tranquilo al frente de la entidad. Él mismo asumió un salario de dos millones de euros. El resto de la historia es conocida: la quiebra del sistema financiero, la fusión con entidades más pequeñas y la foto sonriente de la salida a Bolsa.
Y al final, en 2012, la quiebra de la entidad que necesitó una inyección de 22.000 millones de dinero público y la salida por la puerta de atrás de Rodrigo Rato, de la mano de su amigo Mariano Rajoy, que ya por entonces presidía el Gobierno y tuvo que hacerse cargo del desmoronamiento de una entidad sistémica en cuyos nombramientos había tenido mucho que ver.
Ni siquiera las condenas -antes de la del Supremo fue la de la Audiencia Nacional- han evitado los intentos del PP de reescribir la historia. Hace dos semanas, el expresidente José María Aznar, citado en la comisión que intenta desentrañar la corrupción del PP, ensalzó en el Congreso la valía de su Consejo de Ministros, del que Rato fue el todopoderoso vicepresidente económico. Aznar hizo todo lo posible por desmarcarse de Rato, al que deseó “todo el bien posible” en las investigaciones de hechos que, subrayó, ocurrieron después de que saliera de su Ejecutivo.
La pena de cuatro años y medio de cárcel para Rato anticipa otro juicio por la salida a bolsa de Bankia. En la vista de esa pieza principal se determinará si la gestión de la entidad, el mayor agujero en los fondos públicos de todos los bancos rescatados, tiene además reproche penal para sus protagonistas. Y a ese juicio, con toda probabilidad, acudirá Rato cada jornada en un furgón de la Guardia Civil, procedente de la cárcel donde previsiblemente cumplirá condena por las tarjetas black.
La salida a bolsa de Bankia era y es la pieza principal que se sigue en la Audiencia Nacional. Las tarjetas black se convirtieron en una de sus piezas separadas, consecuencia de una investigación interna del FROB, puesta en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupcion, y la consiguiente querella de ésta.
En el principio de todo estuvo una información de eldiario.es sobre uno de los 8.000 correos a los que tuvo acceso de la cuenta corporativa de Miguel Blesa, que le entregó la plataforma Xnet de parte de una fuente anónima. En ese correo se revelaba la existencia de las black. El actual presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, reconoció tiempo después que su equipo supo de la existencia de las tarjetas opacas por aquella noticia de eldiario.es.
