El Supremo impide que Junqueras, Sànchez y Forn acudan a los plenos del Parlament

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha denegado la petición de traslado de cárcel del expresident de la Generalitat Oriol Junqueras. Además, rechaza que tanto él como Jordi Sànchez y Joaquin Forn puedan acudir personalmente a los plenos, aunque deja en manos del Parlament la forma en que puedan tomar posesión de su escaño y delegar el voto.

El magistrado acuerda que el Parlament de Catalunya habilite los instrumentos precisos para que Junqueras, Sánchez y Forn puedan acceder a su condición de parlamentarios en los términos exigidos en el artículo 23 del Reglamento del parlamento, pese a la situación de prisión provisional, comunicada y sin fianza en la que actualmente se encuentran.

El juez declara la incapacidad legal prolongada de estos investigados para cumplir el deber de asistir a los debates y las votaciones del Pleno del Parlamento de Cataluña, por lo que si los investigados lo solicitaran corresponde a la Mesa del Parlament arbitrar -en la forma que entienda procedente y si no hay razón administrativa que se oponga a ello-, el procedimiento para que deleguen sus votos en otro diputado, mientras subsista su situación de prisión provisional.

Riesgo de disturbios

Llarena argumenta no cree que se puedan afrontar “unas conducciones de salida y de retomo del centro penitenciario, en fecha y horas”, con un lugar de recogida de los reos conocido, y con la garantía de que “se desarrollarán despejadas del grave enfrentamiento ciudadano que puede impulsarse o brotar con ocasión del traslado de unos presos que suscitan su apoyo incondicional”.

Para sustentar esta afirmación, recuerda que “el comportamiento delictivo que se investiga” incluye el llamamiento a la ciudadanía a que “se resistieran o se enfrentaran a una nutrida actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado”. El riesgo de que eso se repita continúa y se hace evidente en el “apoyo social a los investigados que han huido” como por haberse “impulsado movilizaciones de decenas de miles de ciudadanos que rechazan explícitamente las medidas cautelares adoptadas en este proceso”.

Por lo tanto, rechaza también el traslado de Junqueras a una cárcel de Catalunya, como había solicitado, pero advierte que esa petición puede ser presentada ante “a autoridad penitenciaria competente”. Lo rechaza porque “la ley no establece que las funciones parlamentarias, pese a su radical importancia en una sociedad democrática, hayan de prevalecer” sobre la medida de prisión provisional.

Pueden delegar su voto

Sin embargo, aunque no les permite ir a los plenos, el juez sí entiende que la prisión provisional de estos tres diputados “no puede suponer la modificación de la aritmética parlamentaria configurada por la voluntad de las urnas”. Así, echa mano del reglamento del Parlament que recoge la posibilidad de delegar el voto en casos de “incapacidad prolongada”, como es el caso.

De esta forma, dice el juez, se acuerda que la Mesa del Parlament articule la forma en que los diputados pueden delegar su voto en otro parlamentario, pero impide que voten de forma telemática, “dada la situación de sujeción especial que comporta el régimen penitenciario que les afecta”.

El auto de Llarena contesta a la petición de Junqueras, al que ya había denegado su petición de salir en libertad, pero da contestación también a la situación de Forn y Sànchez, que declararon este jueves en el Supremo y han presentado sendos escritos pidiendo la libertad.

El texto del juez deja claro que su previsión es que los encarcelados sigan en esta situación cuando se celebre la constitución del Parlament, el próximo 17 de enero, y las sucesivas sesiones, como la de investidura. Sus razonamientos sobre la delegación del voto surgen de un escenario en el que los tres diputados seguirán encarcelados cuando les llegue el turno de elegir al nuevo president.

De esta forma, el auto del juez anticipa un escenario de mantenimiento de prisión para Forn, Sánchez y el líder de Òmnium Cultural Jordi Cuixart. Los tres trataron de convencer a Llarena de que les deje en libertad porque han renunciado a la vía unilateral para conseguir la independencia de Catalunya.