Unidos Podemos lleva al Congreso el desahucio de Argumosa, 11
El desahucio de la calle Argumosa de Madrid llega al Congreso. El Gobierno deberá responder este miércoles por su papel en el desalojo de cuatro familias, una de ellas con un niño de 1 mes, ejecutado el pasado viernes y que supuso, además, varias detenciones entre los vecinos que trataron de impedirlo. En concreto, el grupo de Unidos Podemos pedirá al Ejecutivo que justifique el motivo del lanzamiento cuando no existía una alternativa habitacional para las personas que perdieron su hogar.
“¿Cómo valora la ministra de Justicia que en los desahucios ejecutados el 22 de febrero de 2019 en la calle Argumosa 11 no se atendieran los requerimientos reiterados de suspensión del Comité DESC de la ONU?”. Esta es la pregunta que el diputado del grupo confederal Rafael Mayoral lanzará durante la sesión de control del miércoles.
Mayoral, que antes de diputado fue activista de la PAH y abogado en casos de desahucios, vivió en primera persona el dispositivo del pasado viernes en el centro de Madrid. El dirigente de Podemos se presentó en la calle Argumosa en la madrugada del día 22, cuando siete furgonetas de la Policía Nacional con decenas de antidisturbios bloquearon toda la manzana donde se encuentra el edificio para blindar el acceso e impedir que, como ya había ocurrido antes en al menos seis ocasiones, los vecinos lograran detener el desaolojo.
El diputado denunció en redes sociales que no le habían permitido acceder a las viviendas amenazadas de desahucio y comprobar que sus ocupantes hubieran recibido asesoramiento jurídico. Finalmente, e lanzamiento se produjo con intervención de las fuerzas policiales, que detuvieron a varios vecinos apostados en las escaleras para tratar de impedirlo.
No es la primera vez que Mayoral interpela al Gobierno sobre el supuesto incumplimiento de las directrices de Naciones Unidas sobre los desahucios. La anterior vez fue en marzo de 2018 y entonces estaba al frente del Ejecutivo el Partido Popular.
Entonces, como ahora, Mayoral reclamará el cumplimiento de los requerimientos del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturares (DESC) de la ONU para implementar normas que impidan el desalojo de familias con menores o personas vulnerables a su cargo sin un techo bajo el que cobijarse.
En la moción de hace un año, la mayoría del arco parlamentario conminó al Gobierno a modificar la ley para prohibir cualquier desalojo sin alternativa habitiacional. Solo el PNV votó en contra, mientras PP y Ciudadanos se abstuvieron.
Sin embargo, este cambio legal no ha llegado. El momento de hacerlo, la reforma de la Ley de Crédito Inmobiliario, no lo incluyó. Unidos Podemos y ERC votaron en contra, mientras el resto de partidos apoyó una modificación que no impedirá desalojos como el del pasado viernes en Madrid.
