José Luis Ábalos ya no es presidente de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados. Según ha podido confirmar elDiario.es de fuentes parlamentarias socialistas, el exministro ha renunciado este lunes a la responsabilidad que ostentaba en dicha Comisión, que debe reunirse este miércoles con diversas iniciativas en el orden del día, entre ellas una de ERC sobre casos de “corrupción” que afectan a las Fuerzas de Seguridad del Estado.
Por el momento, eso sí, Ábalos no ha renunciado a su acta de diputado, tal y como le ha pedido su propio partido esta mañana. Tras la Ejecutiva de este lunes, el partido ha decidido exigirle a su exsecretario de organización la entrega del acta de diputado en un plazo máximo de 24 horas tras el estallido del escándalo de las mascarillas en el seno del Ministerio de Transportes.
Según ha informado la portavoz del partido, la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista ha decidido este lunes “por unanimidad” solicitar al exministro José Luis Ábalos la entrega de su acta al Grupo Socialista. Peña ha dicho que espera que lo haga en “las próximas 24 horas” y así se lo han “comunicado”.
“Sabemos que José Luis Ábalos no está investigado ni señalado ni su nombre figura en la investigación. No nos erigimos en jueces, no juzgamos, pero a pesar de todo consideramos que sí existe una responsabilidad política”, ha señalado Esther Peña.
El sábado, en una entrevista en La Sexta, Ábalos se reafirmaba en su defensa ante la crisis sobre la trama de las mascarillas reiteraba en que no está imputado, preguntándose por qué debería dejar su escaño en el Congreso. Aunque sí admitió que si el 'caso Koldo' que involucra al que fuera su asesor hubiera estallado cuando era miembro del Gobierno, sí hubiera dimitido.
Además, el exministro de Transportes afirmó que el fiscal confirmó que “el procedimiento de contratación fue correcto”. “Hace pocos meses, el Tribunal de Cuentas Fiscalizó positivamente todas las contrataciones por material sanitario por el Covid”, aseguró, “los precios que se pagaron fueron correctos y muy por debajo de lo que pagaron la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento de Madrid”.