Abascal anuncia una ofensiva total contra la amnistía y una nueva querella contra Pedro Sánchez por “cohecho”

La posible aprobación de una ley de amnistía por parte del Gobierno de Pedro Sánchez tiene sublevados a los dos partidos de la derecha, PP y Vox, que pugnan ahora por ver cuál de los dos planta más cara al Gobierno en un intento de frenar sus intenciones. Este lunes, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado que su partido presentará ante el Tribunal Supremo una nueva querella - la tercera- contra Pedro Sánchez por un presunto delito de cohecho y otra por “prevaricación” contra las Mesas del Congreso y Senado, en donde el PP tiene mayoría absoluta, si admiten a trámite la iniciativa. Según ha adelantado, Vox va a enviar “hoy mismo” una carta a las presidencias de ambas cámaras advirtiéndoles “de la ilegalidad de admitir a trámite una proposición de ley inconstitucional”, como aseguran que es la de la amnistía.

En una comparecencia en la sede del partido, Abascal ha adelantado también que sus 33 diputados en el Congreso “a título individual” presentarán recursos de amparo contra la futura ley –si se aprueba– ante el Tribunal Constitucional, dado que su grupo no cuenta ya en el Congreso con capacidad para hacerlo de forma conjunta al ser necesarios 50 diputados.

Además, según ha añadido, su partido va a continuar con la ofensiva contra el presidente del Gobierno y las negociaciones que está llevando a cabo con sus socios para lograr los apoyos a su investidura. La extrema derecha actuará en todos los frentes posibles, como de hecho ya lo está haciendo, no solo en los parlamentos donde gobiernan, en los que presentarán mociones contra la amnistía. También en la calle en donde están alentando manifestaciones en la sede del PSOE de la madrileña calle de Ferraz y en otras capitales. “Las manifestaciones van a ir a más para parar este golpe de los corruptos”, ha afirmado Abascal, advirtiendo a los suyos de que “no caigan en las provocaciones de los alborotadores profesionales” que intentan alterar “estas concentraciones pacífica y tranquilas”.

“Estamos ante un golpe de Estado, un golpe a la Constitución, y el delito más grave de corrupción cometido por un autócrata” ha sentenciado Abascal, en alusión a Sánchez. A renglón seguido le ha acusado de intentar “alcanzar el poder cometiendo actos inconstitucionales”. El dirigente de la extrema derecha cree que hay “un riesgo de que quede abolido el Estado de derecho”. “Sabemos de lo que este Gobierno es capaz”, ha añadido.

Una “mayoría golpista” en el Congreso

Vox quiere forzar que todos los grupos parlamentarios se manifiesten con la presentación de mociones sobre el tema en el Congreso. También invitan al PP a tomar iniciativas similares en aquellos lugares donde gobierna en solitario.

Abascal no tiene duda de que la Constitución prohíbe la amnistía. “El artículo 62 prohíbe expresamente los indultos generales en nuestro sistema político”, ha dicho. Y ha recordado que “fue expresamente excluida del texto constitucional durante el debate constituyente lo cual es una prueba más de la flagrante inconstitucionalidad de lo que en estos momentos pretende la mayoría golpista en el Congreso de los Diputado”. Además cree que lo que pretende Sánchez “va mucho más allá de un indulto general”.

El líder de extrema derecha ha destacado que tal medida “falta al respeto a la separación de poderes”, recordando que “la principal asociación de jueces ha denunciado la inconstitucionalidad de una ley de amnistía”, y “lo prueba el hecho de que ocho miembros del Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces en España, hayan solicitado la celebración de un pleno extraordinario” para intentar frenar la aprobación de esta ley.

La tercera querella en pocos meses

Esta es la tercera vez en pocos meses vez que el partido de extrema derecha intenta sentar en el banquillo al presidente del Gobierno en funciones. A finales del año pasado Vox presentó una querella contra Sánchez, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz y todos los miembros de la llamada ‘mesa de diálogo’ en Catalunya por un presunto “delito de conspiración para la rebelión y, alternativamente, sedición”. Pero fue rechazada. El Supremo afirmó que no observaba ninguna base a la denuncia al tratarse de hechos presupuestos y no consumados y pidió de paso a Vox que no llevara a los tribunales conflictos que en opinión de los jueces deben resolverse en las urnas.

El pasado mes de octubre el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, anunció en una rueda de prensa  que presentarían otra denuncia, también ante el Tribunal Supremo, para “ampliar” la  presentada anteriormente contra Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, e incluir en ella al expresidente catalán Carles Puigdemont y al secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, “para demostrar que aquello que Vox aseguraba que iba a suceder ya está sucediendo de manera notoria”.