El fiscal pedirá la absolución de los acusados en el juicio por el 'caso del espionaje' de la Comunidad de Madrid
La Fiscalía de Madrid pedirá la libre absolución de los acusados en el juicio que se celebrará en la Audiencia Provincial de Madrid por el 'caso de Espionaje' a políticos regionales en mayo de 2008 en la etapa de Esperanza Aguirre.
Así consta en el escrito del fiscal, al que tuvo acceso Europa Press, en el que se detalla que los acusados no han cometido delito alguno, tal y como a esta parte le ha quedado acreditado durante la instrucción. Durante la investigación, el fiscal solicitó varias veces el archivo del caso, un proceso que la Audiencia de Madrid llegó a reabrir hasta en tres ocasiones.
Así, el representante del Ministerio Fiscal recalca que no consta acreditada la intención de los acusados de utilizar o usar medios públicos a uso ajenos a la función pública, en contra de lo que sostienen las acusaciones particulares.
Además, destaca que en el procedimiento se aportaron supuestos partes de seguimientos por parte de una periodista y no de expedientes administrativos, sin que “tales respondan a parte reales” pudiendo ser elaborados por “intereses espurios”.
Y recalca que el posicionamiento de sus teléfonos móviles “no permiten determinar de forma precisa y exacta” la posición física real, dado que debido a la saturación a veces “la posición de la señal se redirige a otras antenas más alejadas de su ubicación real”.
Concluida la instrucción, se ha incoado los trámites para que la causa siga los cauces por el Tribunal del Jurado al ser competente para juzgar los delitos de malversación de caudales públicos, infracción jurídica sobre la que versa este procedimiento.
A finales de marzo, la jueza decretó la apertura de juicio oral respecto al entonces director de Seguridad de Madrid Sergio Gamón, su 'número dos', Miguel Castaño Grande, el exfuncionario José Manuel Pinto y los guardias civiles José Luis Caro, José Oreja y Antonio Coronado.
La jueza señalaba que procede la apertura de la vista oral al existir “indicios suficientes” de la comisión de un delito de malversación de caudales públicos respecto a los procesados. La causa llega a juicio gracias a la Audiencia Provincial de Madrid, ya que la magistrada ordenó tres veces su archivo.
La Abogacía de la Comunidad entiende, en su escrito, que los hechos descritos en el caso son constitutivos de un delito de malversación de uso de caudales públicos.
Por su parte, la acusación popular que ejerce el PSOE de Madrid en el caso solicitaba penas de entre dos y cuatro años de cárcel para los seis acusados dentro de su escrito para solicitar a la jueza Carmen Valcarce la apertura de juicio oral.
