“No hemos llegado para acomodarnos a la realidad existente, sino para mostrar las alternativas que son posibles”
Gerardo Pisarello (Tucumán, 1970) es profesor de Derecho Constitucional y primer teniente de alcalde de Barcelona. Pero, también, es el alcalde en funciones durante la baja por maternidad de Ada Colau, lo que le convierte en el primer alcalde de la ciudad nacido en Argentina. El próximo 24 de mayo se cumplen dos años de las elecciones que hicieron de Barcelona En Comú la candidatura más votada en las elecciones municipales.
Estamos en la mitad de legislatura prácticamente. En estos dos años, ¿de qué están más orgullosos? ¿Qué les queda por hacer?
Estamos orgullosos, siendo una fuerza minoritaria, de haber cambiado la agenda política y de haber cambiado las prioridades. Ahora mismo, la lucha contra las desigualdades o por la sostenibilidad son absolutamente centrales en Barcelona. Y hemos cambiado las prioridades concretas. Es decir, hemos aumentado la inversión social un 50%, se ha multiplicado por cuatro el presupuesto en materia de viviendas, se han duplicado las becas comedor, vamos a crear el año que viene un operador energético propio con 100% energías renovables y 100% público, hemos triplicado los carriles bici, vamos a acabar el mandato con 60 hectáreas más de espacios verdes. Es decir, son cambios concretos que son muy importantes. Éramos muy exigentes cuando estábamos fuera, seguimos siendo muy exigentes ahora y tenemos claro que no hemos llegado para acomodarnos a la realidad existente, sino para mostrar los caminos de las alternativas que son posibles.
Naturalmente las cosas van más lentas de lo que a veces querríamos, las inercias son muchas, de cada diez decisiones que tomas cada día aciertas en seis y te equivocas en cuatro y por lo tanto tienes que ser capaz de revisar, tienes que ser capaz de tener vocación autocrítica, de seguir aprendiendo… Somos una generación que veníamos confrontándonos con el dictado de Margaret Thatcher de “no hay alternativa” y estamos mostrando que las ciudades (porque no es solamente el caso de Barcelona) en medio de una Europa donde crece la extrema derecha y se continúan aplicando políticas neoliberales, pues las ciudades estamos mostrando que hay un camino alternativo de profundización democrática, de profundización social y de una apuesta fuerte también por la justicia climática.
Son una candidatura municipalista, pioneros en candidaturas municipalistas en España seguramente. ¿Cómo se lleva esa gestión del paso a la institución?
Cuando llegas a la institución dejas de ser un activista en el sentido tradicional. Pasas a tener una responsabilidad institucional. No te olvidas naturalmente de dónde vienes y parte de la batalla es luchar contra las inercias burocráticas de la institución, pero también mostrar que la institución puede ser efectivamente una palanca de cambio y de cambios muchos más amplios quizás que los que nos planteábamos cuando éramos movimiento social. De poder hacer que un presupuesto vaya dirigido a los barrios más vulnerables de la ciudad y no solamente a las avenidas de lujo, de poder decidir como ayuntamiento por ejemplo que vamos a depender mucho menos de la banca privada convencional y de que podemos abrir espacios para la banca cooperativa o para la banca ética o buscar otras fuentes de financiación…
Es decir, la institución arrastra muchas inercias, pero también es una palanca de cambio muy potente. Lo que pasa es que no nos olvidamos de las cosas que decíamos cuando estábamos fuera, que esos cambios no dependen solamente de lo que se haga en las instituciones, sino que dependen fundamentalmente de la capacidad de organización ciudadana fuera, de la capacidad de presión ciudadana y de que en la calle haya movimiento. Esa es la clave para que los cambios finalmente se puedan producir.
¿Siguen viendo que hay ese pulso en la calle?
Hay momentos, ¿no? Ahora mismo es verdad que hemos pasado de un ciclo de una movilización muy intensa en la calle a un ciclo de un cierto repliegue. La movilización nunca es permanente. Normalmente, la ciudadanía lo que hace es combinar momentos de movilización con momentos de un cierto repliegue para seguir con su vida cotidiana, llevar los niños a la escuela… Hay un día a día. No podemos hacer política pensando en la movilización permanente.
Pero también es cierto que cuando parece que no ocurre nada siempre están pasando cosas. Y ahora, por ejemplo, frente a las denuncias de corrupción que están saliendo, frente a la podredumbre absoluta que está saliendo a la luz con lo que está pasando con el Partido Popular en el Estado, con lo que está pasando con Convergència, con el PDeCAT en Cataluña… Bueno, vemos que la sociedad también comienza a reaccionar. O en Cataluña lo estamos viviendo. Por ejemplo frente al drama de los desahucios hemos tenido la semana pasada la aparición de un sindicato de arrendatarios, que es una excelente noticia, que no deja de ser un contrapoder ciudadano frente a una situación de abuso que se estaba produciendo en el mercado de alquiler y que no solamente puede resolverse con medidas institucionales. Que ya digo, son imprescindibles, pero insuficientes.
¿Es necesaria la moción de censura aunque no vaya a prosperar en el Congreso?
Yo creo que hemos llegado a un nivel de indecencia enorme. Ahora estamos viendo que el Partido Popular no solo es el partido más corrupto de Europa, sino que incluso muchas de sus victorias electorales se han producido en situaciones de una enorme opacidad, con campañas financiadas de manera ilegal, trampeando, haciendo trampas con elementos básicos del sistema democrático.
Y en Cataluña también nosotros lo estamos viviendo esto. Vemos que la financiación de un partido como Convergència ha estado sistemáticamente vinculada a la corrupción en la contratación pública. Esto es gravísimo. Quiere decir que hay una situación de auténtica emergencia democrática, que se ha estafado claramente a la ciudadanía, y frente a eso hay que plantear alternativas.
La moción de censura es un mensaje muy claro. Es el mensaje de que hay una parte importante de la ciudadanía y sus representantes que ha perdido toda confianza en este gobierno y que por lo tanto hace falta mostrar una alternativa. Que no es una alternativa que no sea factible. El Partido Popular hoy no tiene mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Sería posible construir otras mayorías y nuestro deber es intentar que esas mayorías puedan construirse.
¿Cómo les afecta el debate nacional del proceso en Catalunya?
Nosotros siempre hemos criticado de manera muy contundente la política centralista y ciega del Partido Popular, que es en buena medida responsable de lo que está pasando. Un partido que ha negado de manera sistemática la diversidad nacional del Estado. A nosotros nos parece que eso es una posición absolutamente necia y que, por lo tanto, la exigencia del derecho a decidir es una reacción frente a eso.
Es vergonzoso que el Partido Popular no solo haya intentado judicializar este reclamo, sino que no hayan puesto ninguna propuesta alternativa sobre la mesa. Es una enorme irresponsabilidad hacer esto y nosotros lo que hemos defendido… Nosotros creemos que es posible una articulación plurinacional, una nueva forma de convivencia plurinacional siempre que sea basada en el respeto y la libre decisión. Y por eso creemos que el referéndum es un buen instrumento. Creemos que es un referéndum que no solamente es legítimo, sino que también es legal, que cabe perfectamente dentro de la legalidad con la Constitución actual. Bastaría con que se pusiera en marcha la Ley Orgánica de Referéndum o que se introdujera una pequeña reforma en la Ley Orgánica de Referéndum para que esa consulta fuera, efectivamente, posible. Y esto es lo que nosotros estamos defendiendo y nos hemos pasado todos estos años buscando alianzas internacionales en el conjunto del Estado para que esto sea posible. Y creemos que lo que hemos conseguido no es poco, porque en muy poco tiempo vemos que hay una cantidad importante de diputados y diputadas que defienden el derecho a decidir, hay alcaldes en las principales ciudades del Estado que están a favor del derecho a decidir y, sobre todo, cuando se pregunta a la gente joven, más del 70% está a favor del derecho a decidir en Catalunya. Por lo tanto creemos que es un clamor democrático que acabará imponiéndose. Y que la posición del Partido Popular, ya digo, es de una enorme irresponsabilidad.
Pero ¿qué pasará? ¿El gobierno de la Generalitat pondrá las urnas? ¿El gobierno central dejará poner las urnas? ¿Al final iremos a elecciones? ¿Estamos en otro 9N?
Ahora es difícil saberlo, porque las versiones que tenemos por parte del gobierno de la Generalitat, que es quien puede tomar la iniciativa política en esto, son muy contradictorias. Se están lanzando mensajes muy contradictorios. Hay días que se habla de hacer el referéndum, días que no, diferentes miembros del gobierno dicen cosas diferentes. Nosotros estamos esperando que se plantee una propuesta concreta para poder pronunciarnos, pero lo que hace falta es que haya un referéndum que sea un referéndum y que no sea, digamos, otra cosa.
Si ese referéndum no se puede hacer porque el PP lo criminaliza, porque el PP decide judicializar permanentemente la política, evidentemente la gente en Catalunya no se va a quedar cruzada de brazos. Nosotros tampoco nos vamos a quedar cruzados de brazos y por lo tanto participaremos de todas las iniciativas de movilización social para reclamar una cosa que nos parece que es justa. Ahora, ¿qué forma puede adoptar esa movilización? Ya lo digo, no lo sabemos y es responsabilidad fundamental del gobierno de la Generalitat hacer una propuesta concreta en este sentido.
Los principales actores de Barcelona en Comú han puesto en marcha una nueva formación ¿Esa creación de ese nuevo sujeto a qué responde?
Responde a que hay buena parte de la población catalana que considera que hay un ciclo político agotado, que es este ciclo político dirigido por la ex Convergència, ahora Partido Demócrata de Catalunya. Ese ciclo está agotado y hay una parte importantísima de la sociedad catalana que quiere un cambio, que quiere que haya un cambio progresista, que quiere pasar página y que quiere que en Cataluña se puedan aplicar políticas que coloquen en el centro la defensa de los derechos sociales, la radicalidad democrática y, sobre todo, la regeneración y la lucha contra la corrupción.
Hay una parte importante de la población que quiere acabar con la Catalunya del 3%, con la Catalunya del 4%, y eso pasa por construir alternativas progresistas que no estén subordinadas a la estrategia del PDeCAT. Y nosotros aparecemos para impulsar un espacio que responda a esta necesidad. De la misma manera que lo hicimos en Barcelona y que mostramos que en Barcelona era posible, de la misma manera que nos presentamos a las elecciones generales y mostramos que era posible y que además esa era una opción que fue votada como la principal por la mayoría de la población catalana, creemos que ahora se abre un espacio para que ese cambio de ciclo sea posible. Creemos que ese cambio de ciclo es necesario en Catalunya y por eso creamos este espacio. Y que ese cambio de ciclo es necesario en España. Y por eso estamos apoyando la moción de censura y por eso estamos colocando en el centro la necesitad de construir una alternativa al PP, ¿no? El nuevo PP se parece demasiado al viejo PP. la nueva Convergència se parece demasiado a la vieja Convergència. Si no somos capaces de construir una alternativa democrática y social a las fuerzas conservadoras y a la derecha, bueno, pues difícilmente saldremos de la situación crítica en la que estamos ahora.
¿Y es otro indicador de que la fórmula partido tradicional está agotada?
Ese es un problema enormemente complejo. Las ideas no avanzan si no tienen organización detrás, por lo tanto las organizaciones son necesarias. Si no hay organización, las ideas no se concretan y las transformaciones no se producen. El reto que tenemos es construir formas de organización que no reproduzcan los vicios burocráticos, los vicios mercantilistas, que han reproducido los partidos tradicionales. Si vemos la crisis de los grandes partidos, en el caso de España tanto el Partido Popular como el PSOE, responde en buena medida al vínculo casi obsceno que han mantenido con el poder financiero.
Tenemos que ser capaces de generar nuevas organizaciones políticas, que tengan una cierta autonomía del poder financiero por ejemplo y que sean capaces de dotarse de estructuras lo más democráticas posibles internamente. Nosotros hemos probado que en los ayuntamientos eso es posible y por eso somos municipalistas por convicción, porque creemos que lo que en escalas más amplias es complicado en la escala municipal es posible. Es decir, es posible generar plataformas, dispositivos políticos, que estén conectados a la ciudadanía y que sean permeables a la participación y que mantengan ese contacto con lo próximo. El reto es poder construir instrumentos en escalas mayores y aquí los retos son enormes.
En esa reivindicación del municipalismo tienen varios frentes abiertos con el gobierno central. ¿Creen que el gobierno central, el Partido Popular, quiere limitar su autonomía?
El Gobierno del Partido Popular ha sido un Gobierno enemigo del municipalismo: ha impulsado leyes y medidas que asfixian al municipalismo y que lo colocan en una situación que prácticamente es la que existía en tiempos de Franco. Si nos fijamos en el gasto público que existe actualmente, sobre el 12% va a los ayuntamientos, que es el mismo gasto que teníamos en época de la muerte de Franco. Y si lo comparamos con un país como Suecia, por ejemplo, los gobiernos es representan el 60% del gasto público. Esto, digamos, es una vergüenza.
Los ayuntamientos hemos sido los más responsables a la hora de gestionar los dineros de todos, hemos reducido el endeudamiento, hemos aumentado por encima de nuestras posibilidades la inversión social para atender necesidades de los vecinos y vecinas y, por lo tanto, hemos evitado crisis sociales importantes, y sin embargo hemos sido castigados por leyes que nos obligan a generar superávits irresponsables, a tener que guardar el dinero en los cajones o a pagar deuda de manera indiscriminada a los bancos o como está ocurriendo ahora con la nueva propuesta de ley de presupuestos pues se nos condena a no poder reforzar nuestras plantillas municipales. Y esto es una tragedia. Una administración que no tiene una plantilla suficientemente fuerte como para desarrollar sus políticas públicas es imposible que pueda resolver los principales problemas y las necesidades de la ciudadanía. Y el gobierno del Partido Popular, ya digo, en este sentido, tanto la Ley Montoro como la Ley de Estabilidad Presupuestaria, han sido armas de destrucción masiva de la autonomía local.
Incluidas las dificultades para municipalizar servicios, que era una de sus banderas, de la agenda de los ayuntamientos del cambio.
Esto es uno de los cambios más importantes que hemos conseguido en las agendas. Mostrar que muchos de los procesos privatizadores que se produjeron en los últimos años fueron procesos que no fueron eficaces y que además fueron profundamente injustos. Lo que vimos es que muchos de esos procesos generaban casos de corrupción, encarecían las tarifas, no mejoraban la prestación del servicio y además creaban situaciones oligopólicas que ni siquiera facilitaban la libre concurrencia.
Frente a eso, nosotros lo que defendemos es por un lado un cierto control público en la recuperación, un cierto control público sobre servicios básicos, como el agua, la energía, y luego el desarrollo de formas de partneriado público comunitario o público cooperativo que también sean más transparentes y más democráticas.
El gobierno del Partido Popular ha hecho lo imposible para que esto no ocurra y la disposición 27 de la propuesta de presupuesto es el último capítulo, digamos, de esta carrera de obstáculos, porque dificulta enormemente que esos procesos de remunicipalización se puedan producir además con pleno derecho para los trabajadores implicados.
Ustedes estaban en negociación con Aguas de Barcelona (Agbar) ¿Cómo van?
Nosotros una de las cosas que defendimos siempre es eso, la necesidad de remunicipalizar el agua, como de hecho se hizo en París, como se está haciendo en Londres… La tendencia a la remunicipalización, que no quiere decir que todo sea gestión directa, porque a veces se puede tratar de una gestión público-comunitaria con fórmulas nuevas y más democráticas incluso, es una tendencia europea en muchos sitios después de la tendencia privatizadora de los años noventa. Y para nosotros en el caso del agua era fundamental. Era fundamental porque en Barcelona se estaba pagando una de las tarifas de agua, digamos, más altas del Estado y además porque se trata de un proceso de privatización que ha sido cuestionado judicialmente y que se ha hecho en condiciones de muy poca transparencia y que en nuestra opinión no se ajusta a la legalidad.
Por lo tanto, nosotros siempre hemos defendido que el agua es un bien común, no es una mercancía, y que, por lo tanto, el régimen jurídico más adecuado para protegerla como tal no es el de la gestión privada que ha existido hasta ahora y que por lo tanto el camino de la remunicipalización es un camino más justo y, ya digo, también más eficaz.
Ustedes también han hecho bandera de la lucha contra la turistificación de la ciudad, y fueron pioneros en intentar controlar los alquileres turísticos, limitar los hoteles… ¿Cómo se pueden evitar esos procesos de gentificación o de turistificación que transforman las grandes ciudades?
A los barceloneses nos gusta viajar, nos gusta que la gente visite la ciudad, eso es evidente, pero es verdad que hay una situación de enorme malestar que se está produciendo como consecuencia de la masificación turística y como consecuencia de unos procesos de especulación muy fuertes que se están produciendo en muchos barrios de la ciudad. Ahora estamos asistiendo a grandes fondos de inversión especulativos que compran edificios enteros en barrios de Barcelona para realquilarlos a precios que expulsan a la población de la ciudad.
Claro, nosotros frente a esto, como gobierno, tenemos que ser enormemente contundentes. De entrada, combatiendo esas políticas especulativas. Yo siempre digo que las inversiones productivas que se hagan en Barcelona con retorno social son bienvenidas, pero que estas inversiones especulativas que solo tienen como objetivo acabar echando a la gente de los barrios son enemigas de la ciudad lisa y llanamente. Y en el sentido, ¿qué hemos hecho nosotros? Nosotros lo que hemos hecho es defender la idea de que queremos una actividad turística que sea sostenible en el tiempo y que para que sea sostenible en el tiempo tiene que estar regulada, que hay zonas de la ciudad en las que no puede continuar creciendo la presión turística, hay otras zonas en las que sí. Hemos pedido al Estado que se controlen los precios del alquiler como se hace en Berlín o como se hace en París, hemos combatido abiertamente contra los pisos turísticos ilegales, le hemos dicho a algunas plataformas digitales muy poderosas como Airbnb, que no pueden trabajar ilegalmente, que no pueden publicitar pisos turísticos ilegales, que tienen que pagar impuestos como cualquier otra plataforma, y al mismo tiempo hemos llegado a acuerdos con otras plataformas digitales para mostrar que hay una alternativa.
Lo que nosotros creemos es que la ciudad no puede convertirse en una especie de producto de alta gama, en un producto de lujo, como decía Bloomberg, el multimillonario que fue alcalde de Nueva York. La ciudad tiene que ser un derecho. El que la ciudad tiene que ser un derecho quiere decir que hay que hacer políticas que favorezcan el derecho a la vivienda. Eso pasa hoy por controlar los alquileres y por conseguir que los barrios se vecinifiquen y no se gentifiquen. Es decir, que los vecinos puedan quedarse en los barrios y no se vean obligados a marchar. No solamente los vecinos, sino el pequeño comercio, el tejido productivo local.
¿Echa de menos que el gobierno autonómico o el gobierno central se impliquen más en este tipo de cuestiones?
Evidentemente. Nosotros estamos asumiendo muchas competencias que no son propias del ayuntamiento de Barcelona ante la defección del gobierno del Estado y del gobierno de la Generalitat. Nosotros no tenemos propiamente competencias en materia de vivienda, por ejemplo, pero sin embargo este año en el presupuesto hemos dedicado más de 240 millones de euros a políticas de vivienda o de promoción económica que no nos corresponden a nosotros.
Ahora hemos conseguido que Barcelona consiga un crédito del Banco Europeo de Inversiones, lo han aprobado hoy, para poder destinar 125 millones de euros a promover la construcción de 2200 viviendas de alquiler social para colectivos en situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque no estamos obteniendo respuestas del gobierno central ni tampoco de la Generalitat. Lo que pasa es que como decía aquel famoso alcalde de Vitoria, José Ángel Cuerda, creo que se llamaba, hay cosas que no son de nuestra competencia, pero son de nuestra incumbencia. Por lo tanto, aunque no tengamos las competencias específicas sobre estos temas, la ciudadanía nos exige y tenemos que mostrar que estamos al lado de la ciudadanía en la defensa de estos derechos básicos.
¿Qué les queda por hacer en estos dos años?
Lo que nos queda es pensar cómo tiene que ser la Barcelona de la próxima década. Barcelona es una ciudad con una sociedad civil enormemente exigente, que espera mucho de nosotros, y tenemos que mostrar que nuestro objetivo de un lado, como decía, es combatir de manera muy clara contra las desigualdades, contra la brecha social, contra la precarización, pero al mismo tiempo el plantear cuál tiene que ser la Barcelona de la próxima década.
Por ejemplo, una Barcelona que sea capital de las energías limpias, una Barcelona que sea capital de la movilidad sostenible, una Barcelona que sea capital de la revolución tecnológica, de la revolución digital, y que muestre que esta revolución tecnológica y digital puede estar al servicio de la reindustrialización, puede estar al servicio de la aparición de una nueva forma de manufactura y por lo tanto de la creación de trabajo digno… Y sobre todo que Barcelona puede ser, junto a otras muchas grandes ciudades, un actor fundamental en el plano internacional para exigir unas reglas de juego globales que estén basadas en la cooperación y no en la competencia a cualquier precio, que estén basadas en la justicia social y no en la búsqueda irresponsable de beneficios a corto plazo o con la especulación y que estén basadas en una convivencia pacífica entre los diferentes pueblos del mundo. Hoy las ciudades tienen ese papel.
El siglo XIX fue el siglo de los imperios, el siglo XX fue el siglo de los grandes Estados y nosotros tenemos la ocasión de que el siglo XXI sea el siglo de las ciudades, de las redes de ciudades, que somos las que tenemos que mostrar que hay una alternativa y que en el caso concreto de Europa hay una alternativa al miedo, al crecimiento de las políticas xenófobas por un lado y por otro lado al crecimiento de políticas neoliberales que lo que han hecho es alimentar también estos monstruos.
Ha habido polémica con la gestión del problema de los manteros en Barcelona. ¿En qué han fallado, si cree que han fallado en algo?
Bueno, yo creo que es un fenómeno complejo que siempre ha existido, la venta ambulante no autorizada en las ciudades. Yo creo que la gran novedad que aportamos nosotros es intentar darle a esto un enfoque que no sea simplemente el policial, sino un enfoque social.
Este gobierno es un gobierno de un claro compromiso antirracista, es un gobierno que ha hecho más que cualquier otro para conseguir el empadronamiento de las personas que están en situación irregular, para multiplicar los recursos de atención a las personas refugiadas, para mejorar los derechos sociales de los vecinos y vecinas de la ciudad, con independencia de su nacionalidad y de su situación administrativa.
Y en el caso de la venta ambulante, pues hemos hecho algunas cosas inéditas, que es impulsar, primero, una cooperativa decidida por los propios vendedores y vendedoras ambulantes para que lo que era una actividad ilegal en la calle y perseguida, pueda ser una actividad comercial legalizada y que empodere a sus miembros. Y al mismo tiempo hemos utilizado una herramienta que tenemos, que son los planes de ocupación, para regularizar a estas personas y que sean personas que puedan integrarse sociolaboralmente y que tengan los mismos derechos que cualquier otro vecino y vecina de la ciudad.
Claro, que no es fácil, porque tenemos que enfrentar obstáculos enormes. Hemos tenido que enfrentar el obstáculo de la Ley de Extranjería, que no permite que esto pase. Y por eso lo hemos denunciado de manera muy clara en muchísimas ocasiones. Hemos exigido que se les reconozca, incluso, el derecho de voto a las personas residentes en la ciudad, porque creemos que la única forma de que pueda haber un trato digno a estas personas es con reconocimiento de derechos sociales y de derechos políticos.
Pero, claro, esto no se cambia de la noche al día. Es un fenómeno que no desaparece y mientras ese fenómeno esté, tampoco podemos, como ayuntamiento, decir que está permitido, ¿no? Lo que tenemos que hacer es intentar buscar las vías de legalización y denunciar todos los obstáculos que no la permiten.
Hace un par de años, antes de las elecciones, hablaban mucho de un concepto que era revolución democrática, ¿cómo va esa revolución democrática? ¿En qué estado de salud se encuentra?
Yo eso lo he pensado... El hecho de que hoy yo sea alcalde accidental, siendo el primer alcalde latinoamericano de la ciudad de Barcelona, y que lo soy porque su alcaldesa tiene un permiso de maternidad porque ha tenido un hijo, siendo la primera alcaldesa mujer, son elementos simbólicos, pero que forman parte de la revolución democrática que se ha producido.
No pueden hacernos creer que no ha cambiado nada. Hay quien querría hacer creer que todo sigue igual, que en estos años no ha pasado nada, pero lo que hemos vivido en estos últimos años es un auténtico terremoto político. De pronto, ciudades como Madrid, como Valencia, como Santiago, como Coruña, ciudades que estaban en manos de la derecha más rancia en muchos casos, han cambiado de signo político y hoy tienen gobiernos que son mucho más cercanos a la ciudadanía, que son gobiernos honestos sobre todo, que son gobiernos que han mostrado que pueden gestionar mejor y que han mostrado, ya digo, que hay alternativas, que se puede recuperar el control de los servicios públicos, que se puede aumentar la inversión social, que se puede hacer políticas de sostenibilidad, que se puede hacer ciudades más amables… Se decía que esto no era imposible, pero hoy lo es, y eso forma parte de la revolución democrática. Y ahora tenemos que conseguir que eso tenga escala europea y escala global.
Nosotros tenemos relaciones muy intensas con ciudades norteamericanas, con Nueva York, con Jackson en Misisipí, con las ciudades que se están levantando contra Trump… Tenemos relación con ciudades francesas que han estado en la primera línea de la resistencia a Le Pen y a las políticas que plantea también Macron. Y nos parece que el futuro, digamos, pasa por aquí. Que el futuro pasa por las ciudades, por ciudades que sean rebeldes y competentes al mismo tiempo, y que la gran esperanza viene del municipalismo. Incluso la democratización de Europa, si la democratización de Europa será municipalista o no lo será.
Habla de la alcaldesa, ¿repetirá en 2019?
Uno nunca sabe qué puede pasar. De lo que sí se toma consciencia cuando se está en el ayuntamiento, cuando se conoce cómo funciona la maquinaria, las inercias, los tiempos, es que hay procesos de cambio que requieren como mínimo ocho años o una década para poder materializarse. Nosotros somos conscientes de que estamos moviendo un gran transatlántico, pero que muchas de las políticas que estamos planteando ahora, verán sus resultados en tres o cuatro años. Un salto cualitativo por ejemplo en la política de vivienda, un salto cualitativo en la política de investigación tecnológica, un salto cualitativo en las políticas de sostenibilidad, en la creación de espacios verdes en la ciudad. Todo eso exige como mínimo una década. Pero siempre es la ciudadanía la que tiene que decidir. Mientras que la ciudadanía nos acompañe, nosotros vamos a seguir defendiendo este proyecto, repitiendo aquello que reza el cartel que la alcaldesa tiene pegado en la puerta de su despacho: no olvidarnos quiénes somos ni de dónde venimos.
