La falta de acuerdo prolonga la interinidad de un Gobierno plagado de limitaciones
La que se presentaba como una legislatura del consenso se encamina hacia un final sin acuerdo. Si en los próximos días no se alcanza un pacto que por ahora no llega, habrá que volver a las urnas el 26 de junio, prolongando la interinidad de un Gobierno con las manos atadas. Las acotaciones de la ley y las limitaciones que se ha autoimpuesto el Ejecutivo en funciones se mantendrán, como poco, hasta entrado el verano.
Si los comicios arrojan un nuevo escenario sin mayorías claras y las negociaciones vuelven a dilatarse, la renovación del Gobierno podría posponerse hasta el comienzo del otoño. Eso podría demorar la elaboración de los presupuestos generales para el 2017. El Gobierno en funciones no puede aprobarlos.
Antes de que llegue esa circunstancia, la interinidad del Gobierno repercute en muchos otros ámbitos. El Ejecutivo de Mariano Rajoy lleva en funciones desde 21 de diciembre, el periodo más largo en democracia. La situación inédita ha desembocado en choques con el poder legislativo y advertencias de los servicios jurídicos del Gobierno.
Los abogados del Estado comunicaban hace unos días al Ejecutivo que no podía aprobar el Plan anual de Publicidad y Comunicación Institucional para 2016. Se trata de una decisión política que, como tal, no se encuentra entre el catálogo de acciones que puede desempeñar un Gobierno en funciones.
Los servicios jurídicos sí que autorizaron algunas campañas publicitarias concretas, pero no el grueso del plan. “No puede aprobarse esa planificación para todo el año porque condicionaría al Gobierno siguiente”, explicó la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría. Es el argumento en el que se apoyan las limitaciones de un Gobierno en funciones: no se puede condicionar al siguiente.
La Ley del Gobierno acota las actuaciones de un Ejecutivo de transición al “despacho ordinario de los asuntos públicos”, establece que no puede adoptar más medidas, salvo “casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique”.
Elaborar leyes, la principal limitación
La tarea fundamental de un Gobierno es legislar, y eso lo tiene expresamente prohibido por la ley un Ejecutivo en funciones. No puede presentar proyectos de ley al Congreso ni desarrollar las funciones legislativas que ejerce por delegación de las Cortes, como aprobar reales decretos leyes -salvo en casos de urgencia-, la fórmula legislativa preferida del Gobierno de Mariano Rajoy.
Esta limitación es poco importante si el periodo de interinidad no se prolonga demasiado, como ha ocurrido en todos los cambios de legislatura hasta ahora. Sin embargo, en esta ocasión suponer paralizar la actividad legislativa durante cuatro meses, el tiempo que ha pasado desde las elecciones generales. Si hay que volver a votar, el parón se alargará hasta los siete meses.
De hecho, repetir los comicios a finales de junio puede provocar otra situación legislativa inédita. El último Proyecto de Ley se debatió en el Congreso a principios de agosto de 2015, así que la cámara baja podría llegar a estar un año sin haber recibido ni un solo texto legislativo del Gobierno.
Ese último Proyecto de Ley fue el de Presupuestos Generales de 2016, tramitado entre las críticas de la oposición por la insistencia del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en aprobarlo justo antes de la disolución de las Cortes. De ahí que entrase en el Congreso en agosto, un mes poco acostumbrado a la actividad parlamentaria.
La elaboración de las cuentas para el próximo año será una de las principales tareas de quienes compongan el próximo Ejecutivo, pero su tramitación puede demorarse si unas nuevas elecciones vuelven a dejar un panorama incierto. La última encuesta de Celeste-Tel para eldiario.es apunta a que el equilibro de fuerzas no cambiará mucho, aunque la suma de PP y Ciudadanos se acerca a la mayoría absoluta.
El Gobierno en funciones tiene expresamente prohibido aprobar las cuentas del Estado. Los presupuestos, aunque son un Proyecto de Ley, siguen una tramitación distinta que necesita de comparecencia y largos debates sobre las miles de enmiendas que se presentan. Eso sin tener en cuenta que si hay cambio de Gobierno, un nuevo Ejecutivo necesitaría tiempo para asentarse y elaborar ese proyecto.
La situación transitoria del Gobierno también esta impidiendo que el Congreso controle su actividad. En esta ocasión se trata de una limitación autoimpuesta, con algunas excepciones, y que ha llevado al Ejecutivo de Rajoy a un enfrentamiento abierto con el Poder Legislativo, que ha llevado el caso al Judicial.
La última sesión de Control con preguntas a los miembros del Gobierno se celebró el 21 de octubre del año pasado. El Ejecutivo en funciones se ha negado a comparecer en la cámara baja desde que se inauguro la actual legislatura, y tampoco responde a las preguntas escritas.
Actividad internacional a medio gas
La parálisis del Gobierno también afecta a ámbitos distintos al legislativo. La agenda internacional de las autoridades ha frenado hasta que se resuelva la elección de un nuevo Ejecutivo. El último capítulo ha sido la anulación de Barack Obama de su viaje a España, y antes los Reyes tuvieron que cancelar su visita a Reino Unido. Iba a ser el primer encuentro previsto en 30 años entre las casas reales británica y española.
Esas limitaciones no han trasladado, sin embargo, a la agenda del ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, que aunque se ha negado a comparecer el el Congreso, sí que continúa con sus otras obligaciones como miembro del Gobierno, y que incluyen un viaje a Argentina. Las delegaciones internacionales del Congreso y el Senado tampoco han querido esperar a que se forme Gobierno para iniciar su agenda internacional, y han comenzado a viajar.
La actividad diplomática también se ve afectada por la interinidad del Gobierno, que no puede nombrar ni cesar embajadores. Puede parecer un asunto menor, pero es una de las principales tareas del Consejo de Ministros, que cada viernes incluye en su referencia el nombramiento de embajadores, personal consular o representantes en organismos internacionales.
En la actualidad hay 43 puestos diplomáticos que no se han cubierto. Algunas no son plazas menores. Las embajadas en Italia, Rusia o Arabia Saudí esperan a que el Gobierno nombre a sus nuevos representantes. Por ejemplo, en EEUU, el embajador español, Ramón Gil-Casares, lleva esperando desde otoño a su sucesor, después de que pidiese abandonar el cargo por motivos personales.
