Cuatro de los acusados en Puerto Rico por cargos de corrupción en contratos firmados con el Departamento de Educación y la Administración de Seguros de Salud (ASES) se declararon este miércoles no culpables ante un juez federal, que les advirtió que se exponen a una pena de hasta 20 años de cárcel.
El juez federal Bruce McGiverin les dejó en libertad bajo fianza tras una vista celebrada en el Tribunal federal de la capital de Puerto Rico, un Estado libre asociado a Estados Unidos.
Las autoridades federales llevaron a cabo hoy una serie de arrestos por presuntos casos de corrupción que incluyen contratos por valor de más de 15 millones de dólares con en el Departamento de Educación y de 2,5 millones en ASES.
Los arrestos incluyen a la exdirectora de ASES, Ángela Ávila; el presidente de BDO Puerto Rico, Fernando Scherrer, la contratista Glenda Ponce y su hermana Mayra.
Las fianzas impuestas fueron de 1 millón de dólares para Scherrer, para Ávila 5.000 dólares y la misma cantidad para las dos hermanas.
Un jurado federal les acusa de 32 cargos que incluyen la conspiración para cometer fraude, robo y fraude electrónico de lavado de dinero.
El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, que se encontraba de vacaciones en Europa, anunció su inmediato retorno a la isla ante la gravedad de los hechos y reiteró su compromiso con la tolerancia cero contra la corrupción.
“Las alegaciones contra las personas arrestadas hoy son una vergüenza. Nuestra política pública es clara: batallaremos la corrupción en todas sus modalidades. Nadie está por encima de la ley. Todo el que falle debe afrontar las consecuencias”, dijo Rosselló sobre las últimas detenciones.
El esquema consistía, básicamente, en favorecer con contratos gubernamentales a la compañía BDO.
Desde hace tiempo, el FBI investiga los contratos concedidos desde varias agencias del Gobierno de la isla a la empresa de contabilidad BDO, entre ellas ASES y Educación.
El presidente del Senado de Puerto Rico, Thomas Rivera, dijo tras conocerse la información de las detenciones que es “imperioso” que el gobernador, la representante de la isla ante el Congreso de EE.UU., Jenniffer González, y la mayoría legislativa se reúnan ante al aluvión de detenciones.
La noticia de los arrestos de hoy complica la ya de por sí difícil situación a la que se enfrenta Rosselló, quien ha visto en las últimas semanas como se sucedían noticias de acusaciones contra él mismo por presunta corrupción.
Hay que sumar además la destitución de puestos claves en el Ejecutivo como el secretario de Hacienda, quien denunció una supuesta trama de irregularidades en esa agencia sin anunciarlo antes al gobernador.
Ayer se publicaron extractos de un chat con conversaciones privadas entre el gobernador de Puerto Rico y sus colaboradores, polémica que sigue a un caso similar de 2018 que supuso la salida del expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones.
La parte del chat divulgado públicamente incluye burlas a otras figuras públicas y en general conversaciones privadas entre miembros del Gobierno de Puerto Rico que se refieren a personas de la vida política de la isla.