Albino Vázquez Aldrey renuncia como concejal de Santiago y diputado provincial y deja su militancia en el PPdeG

El hasta ahora edil de Movilidad, Seguridad Ciudadana, Tráfico, Servicio de la grúa y de la ORA en Santiago, Albino Vázquez Aldrey, ha comunicado este sábado que renuncia como concejal en la ciudad, que abandona su escaño en la Diputación de A Coruña y cesa como militante del PPdeG.

Lo ha trasladado a través de un escrito en el que argumenta la decisión en su “situación procesual” comunicada en la madrugada de este mismo sábado por parte del Juzgado Número Uno de Lugo.

Vázquez Aldrey fue detenido el pasado jueves dentro de la 'Operación Manga' y prestó declaración este viernes. La jueza ha decretado para él libertado bajo fianza de 15.000 euros y está imputado por cohecho, revelación de información privilegiada y tráfico de influencias.

De acuerdo con las normas del PPdeG, esta situación obligaba a Vázquez Aldrey a dimitir de sus cargos. En el comunicado, explica que será en la mañana del próximo lunes cuando formalice su renuncia como concejal. “Como consecuencia de esta misma decisión también abandonaré mi escaño en la Diputación de A Coruña”, explica.

Asimismo, indica que “desde esta misma tarde” deja su “condición de militante del Partido Popular de Galicia mientras dure el proceso judicial” en el que está inmerso.

“Tomo estas tres decisiones con el fin de no perjudicar ni a mi partido ni al organismo provincial del que formo parte, pero sobre todo para no dañar la imagen de la ciudad en la que vivo, en la que trabajo y a la que me debo y siempre me deberé”, afirma Vázquez Aldrey.

Termina su comunicación señalando que, con la renuncia a sus responsabilidades públicas y orgánicas, aspira a dedicar “el cien por cien” de su tiempo a demostrar su “honradez” y su “inocencia”.

LA SITUACIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO

Este paso se produce tras varios meses en los que las acciones judiciales han marcado el día a día del Consistorio compostelano, cuyo máximo representante, el alcalde popular Ángel Currás, tiene a día de hoy la condición de doble imputado por su implicación en la 'Operación Pokémon' y en un segundo caso de supuesta prevaricación y acoso moral a raíz de la denuncia de un policía local.

La capital gallega ha cobrado protagonismo por sus “escándalos de corrupción”, en palabras de la oposición, pero también por el hecho de que Currás, que por el momento no tiene intención de dimitir, había relevado como alcalde a Gerardo Conde Roa menos de un año después de que éste recuperase para el PP la Alcaldía de la ciudad tras 30 años de dominio socialista. Su partido forzó su marcha tras verse implicado en un supuesto caso de fraude fiscal.

Al margen de la salida de Conde Roa, desde el pasado septiembre, una cuarta parte de los miembros del grupo municipal de gobierno --tres de los 12 ediles-- se han visto afectados por diversas acciones judiciales, además de dos funcionarios de los servicios de contratación y educación del Pazo de Raxoi, el jefe de gabinete del alcalde y la asesora para la coordinación de la Policía local en el Ayuntamiento.

El primer impacto de la 'Operación Pokémon', que investiga supuestos sobornos a políticos a cambio de adjudicaciones a empresas del Grupo Vendex, se produjo el 20 de septiembre del año pasado, jornada en la que fueron detenidos los ya exalcaldes de Ourense, Francisco Rodríguez (PSOE), y Boqueixón, Adolfo Gacio (PP). El mismo día se detuvo a un funcionario del servicio de contratación de la capital gallega.

Ya en diciembre, la jueza instructora de la causa, Pilar de Lara, citó como imputada a la concejala de Educación de Santiago, Rebeca Domínguez, ante sospechas de supuestas irregularidades en la contratación de personal en la guardería de Salgueiriños. También declaró como imputado un funcionario de su departamento y ambos dejaron el juzgado de Lugo sin fianza, aunque mantienen las imputaciones por supuesto tráfico de influencias.

A principios de enero, poco después de la declaración de Domínguez, el Ayuntamiento de Santiago volvió a centrar el protagonismo ante la decisión de la jueza de imputar al propio alcalde, Ángel Currás, y a su jefe de gabinete, Francisco Castro. La jueza mantuvo los cargos del regidor tras prestar declaración el 17 de enero, pero no le aplicó medida cautelar alguna, como tampoco a su asesor. A la salida, Currás ratificó que no dimitiría.

SEGUNDA IMPUTACIÓN DEL REGIDOR

En el mismo mes de enero, el alcalde compostelano volvió a verse afectado por las acciones de la Justicia, ante la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago de Compostela, Ana López Suevos, de imputarle en la instrucción de una denuncia por supuestos delitos de prevaricación y acoso moral.

En las diligencias previas abiertas a raíz de una denuncia de un funcionario de la Policía Local, la magistrada también imputó por estos mismos supuestos a Albino Vázquez, a la asesora para la coordinación de los cuerpos de seguridad en Santiago, Mar Hinojosa, y al exalcalde de la ciudad, Gerardo Conde Roa.

RELEVO DE CONDE ROA Y ESPADAS

Precisamente, Conde Roa había dejado a la alcaldía meses atrás, antes de cumplir un año al frente del Gobierno, días después de que trascendiese que la Fiscalía había presentado una querella contra él por un supuesto fraude de 291.000 euros a Hacienda.

Poco después quien salió del Consistorio fue su hasta entonces jefe de gabinete, Ángel Espadas, al querer fichar Currás a un colaborador de su confianza. Meses antes, Espadas había tenido que renunciar a ir en las listas del PP para las municipales al trascender que había sido pillado ebrio y dormido al volante de su vehículo.

El pasado jueves, Espadas volvió a ser protagonista al ser detenido, al igual que el concejal Albino Vázquez, el delegado de Aquagest en la capital gallega y un promotor cultural en una segunda fase derivada de las investigaciones de la 'Pokémon' bautizada como 'Operación Manga'.