Cayetana Álvarez de Toledo, diputada por Barcelona y exportavoz del Partido Popular, ha dirigido una carta al secretario general de su grupo parlamentario, Guillermo Mariscal, en la que se opone a la decisión de abrirle un expediente sancionador por saltarse la disciplina de voto en la renovación del Tribunal Constitucional.
En el escrito, de siete páginas, la diputada sostiene que se trata de un “procedimiento nulo” y da por “no recibida” la misiva en la que se le comunicaban las acciones disciplinarias. A su juicio, la actuación de la formación “vulnera los procedimientos legales, incumple los Estatutos del Grupo, socava la autonomía del diputado, frustra la regeneración democrática e impugna el ideario” de la formación. “Sancionarme sería tanto como sancionar la defensa de los principios y la coherencia ideológica del Partido Popular”, subraya.
Álvarez de Toledo desveló en una entrevista en El Mundo que no había apoyado la elección de los candidatos que su grupo parlamentario pactó con el PSOE y Unidas Podemos para renovar el Constitucional desmarcándose así de las directrices de su formación. “Usted me pregunta por mi voto y yo lo diré con toda claridad. Yo voté en blanco. Es un voto secreto y por tanto cada uno tiene derecho a votar lo que quiera incluso a no decir lo que ha votado. Yo voté en blanco”, aseveró. Este hecho provocó que la dirección del partido en el Congreso pusiera en marcha un expediente para sancionarla.
En su carta, Álvarez de Toledo refuta tanto el procedimiento de la sanción, como el fondo de la renovación del Tribunal Constitucional. “Exigir la despolitización del Consejo General del Poder Judicial mientras se politiza el Tribunal Constitucional es caer en una incongruencia debilitante. No fue, por tanto, mi voto en blanco el que contradijo la línea política del partido. Lo que contradijo la línea política del partido fue el voto a favor”, sostiene.
Para sostener esta argumentación alude a varios fragmentos del programa electoral de la formación conservadora y argumenta que era “esencial rehuir nombramientos con vinculaciones partidistas flagrantes; evitar una operación de reparto de cromos”. Y cita al secretario general del PP, Teodoro García Egea, cuando defendió que dar una sensación de parcialidad supondría debilitar institucionalmente a España. “Es un voto contra el debilitamiento institucional de España. Y un voto contra el debilitamiento político del Partido Popular”, afirma.
La diputada también cuestiona el procedimiento mismo de la sanción y discute que pueda tener validez al basarse en unos estatutos “secretos”, lo que a su juicio provoca que no se den las garantías exigibles en Derecho y se vulnere el principio de publicidad de las normas y el de transparencia. También carga contra la disciplina de voto sin contrapesos y contra la falta de deliberación y sostiene que una sanción “sería tanto como malograr la esperanza de una regeneración democrática y de un Parlamento de calidad”.