El anterior capítulo de espías en la Comunidad de Madrid: un proceso judicial infinito con todos absueltos

Las acusaciones de espionaje a rivales políticos no es ninguna novedad en los salones de la Casa de Correos de Madrid. Los tribunales ya estudiaron durante años el fuego amigo entre líderes del Partido Popular hace más de una década, en un momento de profundas luchas de poder entre Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre para hacerse con el control de la formación. La investigación se bautizó como 'caso espías', duró más de 10 años y el juicio terminó con todos absueltos por falta de pruebas. Por el banquillo de los testigos pasaron algunos de los más destacados líderes del PP madrileño: Esperanza Aguirre, Ignacio González y Francisco Granados, entre otros.

El caso fue desvelado por el diario El País en enero de 2009. “Ex policías y ex guardias espían para un consejero de Aguirre”, tituló el rotativo del grupo PRISA. Los antiguos agentes acusados de formar parte de esta 'Gestapillo', como se bautizó, fueron los únicos que pasaron por el banquillo y ese “consejero de Aguirre” era Francisco Granados, entonces mano derecha de la todopoderosa presidenta regional y posteriormente cabecilla de la trama Púnica de corrupción. La lista de personas supuestamente espiadas era corta y salía del censo del Partido Popular de Madrid: el vicealcalde Manuel Cobo, el vicepresidente Alfredo Prada y la diputada regional Carmen Rodríguez Flores.

Poco después de la publicación, Esperanza Aguirre hablaba: “Me he dirigido a los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid para pedirles que envíen una denuncia al juzgado de guardia”, dijo. El caso llegó efectivamente a los tribunales como 'Diligencias Previas 1891/2009' y atravesó un desierto de más de diez años hasta llegar a la absolución tras pasar por varios archivos y reaperturas. El final del camino fue una absolución por falta de pruebas.

Desde un primer momento el juzgado decidió que la investigación tenía que focalizarse no en los seguimientos sino en el supuesto uso de medios públicos: los trabajadores de la consejería y sus sueldos. La investigación fue dibujando un esquema con Sergio Gamón, exdirector general de Seguridad, a la cabeza con su 'número dos' Miguel Castaño y con varios antiguos agentes y funcionarios cercanos a Granados como José Manuel Pinto, José Oreja, José Antonio Coronado y José Luis Caro Vinagre. Éste último haría, además, una aparición estelar años más tarde como uno de los condenados del chivatazo a Francisco Granados que casi desbarata la operación Púnica.

La causa se archivó y reabrió tres veces antes de llevar a juicio. La primera vez, en julio de 2010, la jueza afirmó que no había pruebas que demostraran el uso de fondos públicos a un espionaje ajeno a la función pública. La segunda vez, en febrero de 2012, la razón era que no había pruebas concretas de que los coches o teléfonos de los trabajadores de la consejería hubieran sido usados en esos seguimientos. La tercera y última, en febrero de 2015, avanzó que no existía la posibilidad de calcular cuánto dinero podía haber sido desviado de su función pública para espiar a rivales políticos de Aguirre.

Los tres autos fueron revocados por la Audiencia Provincial de Madrid en tres autos que defendían la necesidad de llevar el caso a juicio aunque no se pudiera cuantificar hasta el céntimo la supuesta malversación. El supuesto espionaje fue analizado en 2019 por un jurado popular - con la Comunidad de Madrid ejerciendo la acusación y dando por buena la existencia de los seguimientos - y el resultado fue una absolución por falta de pruebas. “No cabe inferir con un margen de probabilidad rayano en la certeza la concurrencia de los elementos esenciales del tipo delictivo que se imputa a los acusados”, dijo la Audiencia de Madrid para explicar que no había pruebas suficientes para ver un delito de malversación.

Una posible investigación

El 'caso espías' terminó sin condena y con una sentencia que dejaba claro que los acusados “no organizaron ni realizaron seguimiento alguno” y que la Comunidad de Madrid “no ha sufrido perjuicio económico alguno” con todo esto. Y la investigación judicial dejó al margen toda la batalla política por el control del Partido Popular que había detrás: Esperanza Aguirre amagaba desde hace tiempo con saltar a la primera línea nacional y disputar el liderazgo del partido a Mariano Rajoy.

Esa guerra quedó zanjada ante los militantes cuando en el verano de 2008 Rajoy se afianzó en la presidencia del partido con un 84% de los votos y cuando dejó atrás tanto a Esperanza Aguirre como a las críticas de José María Aznar. La presidenta volvió a la Puerta del Sol de Madrid y se convirtió en un verso moderadamente suelto aunque no renunció a volver a chocar con la dirección nacional del partido cuando, un año después, la guerra se trasladó a la elección de un presidente para Caja Madrid.

En el caso del supuesto espionaje a Isabel Díaz Ayuso y su hermano por el contrato adjudicado a un amigo desvelado en exclusiva por elDiario.es en noviembre de 2021, el caso dio ayer un salto cualitativo. Tanto la presidenta de la Comunidad de Madrid como Teodoro García Egea, secretario de organización del partido, reconocieron en sendas comparecencias públicas que el hermano de Isabel Díaz Ayuso cobró comisiones de la empresa que se llevó ese contrato, aunque ella ha defendido que todo fue legal. La polémica con mayor peso legal, por tanto, es la adjudicación de este contrato y el papel que jugó el hermano de la presidenta regional.

En segundo lugar está el supuesto espionaje, visto desde el PP como un arma arrojadiza de Isabel Díaz Ayuso para intentar tapar esta irregularidad que ellos investigaban. Teodoro García Egea fue claro el viernes al asegurar que la dirección nacional del partido investigaba estas supuestas ilegalidades y que la reacción de la presidenta ha sido convertirlo en un supuesto caso de espionaje ilegal financiado con dinero público desde las tramoyas de Génova 13 con detectives y desde la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Madrid. El partido y el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, lo han negado.

Las dos vertientes del caso terminarán en manos de la Fiscalía. Desde Más Madrid y el PSOE ya han anunciado que llevarán tanto el contrato como el supuesto proceso de espionaje ante el Ministerio Público para que esclarezca ambas cosas. Desde el punto de vista del contrato, será necesario esclarecer si el hermano de la presidenta regional manejó de alguna manera información privilegiada para facilitar el contrato a dedo de esta empresa, algo que Isabel Díaz Ayuso ha negado de forma tajante en las últimas horas. Sobre el espionaje, hay muchos interrogantes por despejar para saber si estamos o no ante un nuevo 'caso espías': si el espionaje realmente se produjo o si fue, como dice García Egea, una recopilación de información sin detectives de por medio. También si en algún momento se destinaron fondos o medios públicos del Ayuntamiento de Madrid a ponerlo en marcha, como se ha insinuado desde el entorno de la presidenta regional.