Anticorrupción archiva la denuncia de Ayuso sobre un contrato COVID a la empresa ligada al marido de Calviño

La Fiscalía Anticorrupción ha archivado las diligencias de investigación abiertas por la denuncia del PP de Madrid respecto de un contrato obtenido por una empresa relacionada con el marido de Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno. Es una de las denuncias anunciadas por Isabel Díaz Ayuso en respuesta a la apertura de una investigación sobre las comisiones que cobró su hermano salidas de un contrato público de compra de material sanitario, causa que también fue archivada.

La empresa aludida es Páginas Amarillas Soluciones Sigitales, ahora Beedigital. Según la denuncia, la firma estaba “relacionada por el denunciante con la titular del ministerio de Economía, Dña. Nadia Calviño, al ostentar su cónyuge el puesto de director de marketing de la empresa”. Según declaró en el decreto de apertura de diligencias, “la adjudicación del contrato se realizó cuando la adjudicataria tenía deudas con el Estado por un importe de 1,6 millones de euros. Cuando se prorrogó el contrato en 2020 la deuda con el estado ascendía a 884.000 euros”.

El PP madrileño denunció 13 contratos en pandemia que estarían vinculados con miembros del Gobierno, a través de familiares o allegados. La Fiscalía especializada primero descartó seis de esos 13 contratos y el pasado julio rechazó cualquier tipo de ilegalidad en la concesión de estas ayudas a la empresa Playbol, ligada a los padres de Sánchez. En su escrito, el fiscal y al PP de Madrid de buscar una “investigación prospectiva de corte inquisitivo” con sus peticiones.

En su decreto de archivo, el departamento que dirige Alejandro Luzón desmiente el núcleo de la denuncia del PP madrileño: la empresa no tenía deudas con Hacienda o la Seguridad Social. Tampoco hay la más mínima prueba de trato de favor: “No se aprecian indicios de los que se pudiera deducir el supuesto trato de favor a la empresa denunciada”, dice la Fiscalía tras destacar que todo el proceso dependía de otro ministerio. Tampoco hubo irregularidades en la concesión de avales por parte del Instituto de Crédito Oficial (ICO) a esta empresa.

Sobre estos créditos, dice la Fiscalía que la empresa para la que trabajaba el marido de Calviño “cumplía todos los requisitos exigibles”. Su actividad había disminuido, estaba domiciliada en España, no debía dinero y no estaba en concurso de acreedores. La denuncia presentada por el PP de Madrid, basada en informaciones periodísticas, denunciaba que la empresa tenía una deuda de más de 420.000 euros con la Seguridad Social, lo que según la Fiscalía no es cierto.