Anticorrupción detectó un delito atribuible al Ayuntamiento en el informe que originó el caso mascarillas

La Fiscalía Anticorrupción inició su investigación del caso mascarillas apreciando un posible delito de blanqueo de capitales y otro de malversación de fondos públicos, atribuible este último únicamente a funcionarios o autoridades. La querella que 17 meses después ha presentado la Fiscalía Anticorrupción en el juzgado descarta la malversación, mantiene el blanqueo y añade la falsificación documental, imputables únicamente a los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño, por lo que descarta la participación de cargos del Ayuntamiento de Madrid en hechos delictivos. 

El criterio inicial de Anticorrupción consta en la propuesta de incoación de diligencias que firmó el fiscal Conrado Sáiz el 3 de noviembre de 2020, así como en el decreto de apertura de las mismas, que lleva la rúbrica del fiscal jefe Alejandro Luzón y que está fechado 16 días después. Anticorrupción se basaba en los “hechos” que le había presentado el Servicio de Prevención contra el Blanqueo de Capitales (Sepblac) del Banco de España tres meses antes. Esta acusación provisional por malversación, se mantuvo hasta marzo de 2021, según consta en la cédula de citación de Luis Medina del 15 de marzo.

El contenido del informe del Sepblac se mantiene bajo secreto y no forma parte de la causa judicial abierta en un juzgado de Madrid. Según fuentes fiscales ocurre siempre por la necesidad de mantener en secreto la identidad de los funcionarios del Sepblac que firman dichos informes. El artículo 46 de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales establece que los informes del Sepblac “no podrán ser incorporados directamente a las diligencias judiciales o administrativas”, remarcan las citadas fuentes.

Pese al secreto que pesa sobre el informe del Sepblac, el primer escrito de Anticorrupción permite intuirlo. El documento que abre el sumario del Juzgado número 47 de Madrid, cuyo contenido ha trascendido en los últimos días, es la propuesta de incoación de diligencias por parte del fiscal Conrado Sáiz. Se trata de siete páginas con un somero pero detallado resumen de los hechos advertidos por el Sepblac y las conclusiones provisionales que rubrica el fiscal Sáiz.  

El fiscal describe el procedimiento de emergencia por el que se adjudicaron los contratos de las mascarillas, los guantes y los test, en qué cantidad y por qué precio, 11,9 millones de dólares. En aquel primer escrito de Anticorrupción no se menciona cómo llegaron los comisionistas al Ayuntamiento –en la querella de principios de abril se aludiría a la fama de Luis Medina y a su “amistad con un pariente” del alcalde– pero ya se establece la cuantía de las comisiones que cobraron, 5 millones de euros en el caso de Luceño y un millón para Luis Medina. El Sepblac había reunido de los bancos de los dos investigados la documentación necesaria para reunir los indicios contra ellos.

El Sepblac ya sospechaba de los documentos con los que ambos habían intentado justificar tan elevados ingresos bancarios. “Para justificar los fondos abonados en sus cuentas entregaron a sus respectivas entidades bancarias varios documentos con apariencia de ser modelos de la organización International Chamber of Commerce con sede en París”, escribió el fiscal en noviembre de 2020. Sin embargo, todavía no se incluyó el posible delito de falsificación de documentos que sí recoge la querella tras 17 meses de diligencias de investigación. 

En ese lapso de casi año y medio de investigación y en el cambio de criterio de la Fiscalía destaca la declaración de la única persona que declaró como testigo, Elena Collado, alto cargo del Ayuntamiento de Madrid, responsable de las compras de material sanitario en aquellas primeras semanas de pandemia y persona de confianza del alcalde, José Luis Martínez-Almeida. Collado declaró el 16 de marzo de 2021 y en abril lo hicieron los investigados, Luceño y Medina. El testimonio del cargo de confianza de José Luis Martínez-Almeida tuvo que resultar fundamental para eximir de cualquier responsabilidad al Consistorio porque Anticorrupción ya no vuelve a referirse a la malversación. Collado declarará de nuevo como testigo, ya ante el juez que instruye la causa, el próximo 8 de mayo. 

El fiscal que propuso la investigación de Anticorrupción no participó después en ella. El fiscal jefe, Alejandro Luzón, decidió entregar a Luis Rodríguez Sol las diligencias de investigación. La explicación que ofrece Anticorrupción es que Sáiz es uno de los fiscales encargados de recibir las decenas de informes del Sepblac que llegan anualmente a la Fiscalía especializada, de analizarlos y de proponer la apertura de diligencias de investigación si considera que los hechos descritos por Antiblanqueo revisten indicios de los delitos que son competencia de Anticorrupción.

A partir de ahí, el fiscal jefe Luzón decide quién se encarga de cada caso. O si lo asume él en persona, como ocurrió con las diligencias de investigación sobre presunta corrupción en el caso del contrato de mascarillas concedido por la Comunidad de Madrid a un amigo de Isabel Díaz Ayuso, y del que el hermano de la presidenta obtuvo una comisión.