La Fiscalía Anticorrupción ha presentado escrito de conclusiones provisionales contra 17 personas, la empresa pública Mercasa —la gestora de los mercados de abastos españoles— y otras tres mercantiles por las irregularidades en los contratos suscritos entre 2006 y 2016 para la construcción de un mercado mayorista en Luanda (Angola) mediante el pago de mordidas a autoridades y funcionarios de aquel país y la apropiación de una parte de los fondos. El escrito contempla peticiones de condena de hasta 8 años por malversación y 6 años por integración en organización criminal.
A los procesados se les acusa de delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, falsedad documental continuada, malversación de caudales públicos continuada, blanqueo de capitales y organización criminal, según la nota hecha pública este miércoles por el Ministerio Público y recogida por Europa Press.
Las penas de prisión solicitadas a las personas físicas son de seis años por el delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales; ocho años para los autores y tres años y medio para los cooperadores, por el delito de malversación; tres años por el delito de blanqueo de capitales; cinco años por el delito de falsedad y, finalmente, seis años por el delito de organización criminal, además de las correspondientes multas y decomiso. A las personas jurídicas se le solicitan distintas penas de multa.
La instrucción de esta causa concluyó a finales de noviembre de 2019, cuando el que fuera entonces titular del Juzgado Central número 5, José de la Mata, finalizó la investigación de esta pieza separada del denominado 'caso Mercasa'.
Entre las personas que el juez consideró que debían ser juzgadas están varios directivos como María Jesús Prieto Jiménez, los hermanos Francisco Javier y José Manuel Pardo de Santayana o el empresario José Herrero de Engaña, sobrino de Ignacio López del Hierro, marido de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal. También están las sociedades que formaban parte de CÓMIC, un consorcio de empresas españolas que habría pagado más de 20 millones de euros en comisiones ilegales.
Quienes no está entre los procesados es Pablo González, hermano del expresidente madrileño Ignacio González y quien fuera director de Estrategia y Operaciones de Mercasa, quienes habían sido inicialmente imputados.
Contratos en Angola y República Dominicana
A juicio de la Fiscalía, la instrucción judicial ha permitido acreditar la comisión de un posible delito de corrupción internacional en los negocios cometido por la empresa pública española Mercasa, y por las empresas con las que se asoció a través de una compañía aparente como era el consorcio establecido con ellas, creado en 2002 con la única finalidad de interponer una organización jurídica para conseguir contratos públicos en la República Dominicana y Angola.
En el curso de la investigación se han analizado los contratos públicos celebrados por las empresas españolas con el gobierno angoleño durante los años 2006 a 2016 para la construcción de un mercado mayorista de alimentos en Luanda (Angola), proyecto de “llave en mano” denominado CLOD, concluyendo que existen relevantes indicios de que los administradores de las citadas empresas pagaron comisiones ilícitas a las autoridades y funcionarios públicos de Angola que participaron en la contratación y ejecución de esos contratos para conseguir las correspondientes adjudicaciones en ese país.
Contratos millonarios
La suma de estos contratos públicos ascendió a un importe superior a 500.000.000 dólares aunque lo cobrado por estas empresas durante esos diez años de actividad comercial fue de unos 200 millones de euros.
Los administradores de las empresas españolas, que planificaron la obtención de los contratos públicos en Angola mediante el pago de tales comisiones con el objeto de hacer llegar el dinero a las autoridades y funcionarios públicos angoleños, utilizaron los servicios del comisionista angoleño Guilherme Taveira, contra quien en la actualidad se encuentran en vigor distintas órdenes de detención internacional por el Juzgado Central de Instrucción número 5. Se trata del mismo agente que empleó en aquel país otra empresa pública, Defex, la cual ha sido ya acusada por la Fiscalía Anticorrupción por llevar a cabo similares prácticas en Angola, Camerún y Arabia Saudí.
Las comisiones ilícitas destinadas a las autoridades angoleñas eran detraídas del importe de los contratos públicos que celebraban las empresas españolas en Angola mediante contratos de colaboración comercial celebrados con las sociedades Sonadi, Soter y Metab, controladas por el propio Taveira, resultando ser contratos todos ellos instrumentales e inveraces, cuya única finalidad era hacer llegar a este las comisiones para las autoridades y funcionarios públicos de aquel país así como el pago de sus ilícitos servicios. Se han identificado pagos a las citadas empresas de Taveira por importe de veinte milllones de euros.
La investigación también ha puesto de manifiesto que, durante estos diez años de actividad comercial, los administradores de las empresas en concierto con los administradores de la empresa pública, se apropiaron sin razón comercial de fondos de ésta hasta un total de 6.000.000 euros. Estas apropiaciones de fondos públicos eran canalizadas a través de sociedades, y ocultadas mediante contratos inveraces, por lo que la Fiscalía Anticorrupción considera que los acusados ocasionaron un perjuicio patrimonial a la empresa pública Mecasa de 16.147.404,85 euros y solicita su restitución como responsabilidad civil exigible a todos los acusados.
A su vez, el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción pone de relieve que, una vez iniciada la investigación de este procedimiento, los nuevos gestores de la empresa pública Mercasa adoptaron una posición firme, decidida y proactiva de colaboración con la investigación, aportando documentación y medios probatorios relevantes para identificar a los responsables y para erradicar estas prácticas ilegales de la empresa en el futuro, por lo que considera que concurre una atenuante muy cualificada de colaboración con la administración de justicia, reduciendo en consecuencia las penas solicitadas para esta persona jurídica pública.