La Audiencia Nacional recaba un nuevo testimonio que sitúa a Aguirre en la cita clave para financiar al PP con la Púnica
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, instructor del caso Púnica, atesora desde este lunes un nuevo testimonio sobre la supuesta implicación en la trama de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre. Manuel Lamela, el hombre al que ella colocó al frente de la Consejería de Sanidad en 2003, ha confirmado en su declaración como imputado que Aguirre estuvo en una reunión celebrada en 2004 en la que, según los investigadores, “se habrían dado las instrucciones a los consejeros para que se contara con Daniel Horacio Mercado y especialmente con su sociedad Over Marketing para las contrataciones en materia de publicidad y comunicación”.
La cita a la que se ha referido Lamela tuvo lugar en una sala del edificio neoclásico que alberga la Presidencia de la Comunidad de Madrid y se celebró cuando Aguirre apenas llevaba unas semanas como jefa del Ejecutivo regional. Y es considerada por los investigadores como la reunión clave en la que se habría puesto en marcha la maquinaria para desviar el dinero de los madrileños a la financiación del PP en esta comunidad autónoma.
Según la Guardia Civil, Mercado se benefició de estos contratos irregulares recibiendo una suma que superaba los 7,4 millones de euros. El empresario, con un papel destacado en la trama, devolvía el favor inyectando importantes sumas de dinero para las campañas del PP.
En su declaración como testigo ante la Guardia Civil, Lamela ya situó en este encuentro a la expresidenta, que está citada como imputada el próximo viernes en la Audiencia Nacional después de que la investigación la ubique en todos los escenarios de la trama de financiación irregular, desde la caja B del PP local a Fundescam, la fundación vinculada al partido presuntamente utilizada por empresarios afines cómo vía para financiar de forma irregular sus campañas electorales.
Lamela, no obstante, ha matizado que el mensaje que se transmitió a los consejeros presentes en ese encuentro era que había que “invitar” a las sociedades de Mercado para que fueran unas de las tres a tener en cuenta en las licitaciones de los diferentes departamentos del Ejecutivo regional. Y ha señalado al exconsejero Alberto López Viejo, quien cumple prisión por el caso Gürtel, y la entonces directora de Comunicación, Isabel Gallego, como los encargados de las licitaciones. A ambos también los sitúa en la citada reunión en la que, además de Aguirre, estuvieron sus dos principales escuderos en sus diferentes gobiernos y en el PP regional, Ignacio González y Francisco Granados.
La cláusula del 1%
Los investigadores atribuyen a Lamela, “en connivencia con los altos mandatarios” del PP regional, el papel de ideólogo de la llamada cláusula del 1%, por la que se obligaba a las constructoras de infraestructuras públicas a abonar ese porcentaje del presupuesto de cada contrato para sufragar campañas publicitarias que se realizaban por un coste mucho menor o que ni se llegaban a hacer. El dinero acababa después total o parcialmente desviado a las arcas del partido o al bolsillo de algunos de sus dirigentes.
Ante el juez, Lamela ha negado que esa “cláusula accesoria” sea irregular y ha asegurado que se utilizó como mecanismo para “asumir” una tarea de comunicación que era necesaria para dar a conocer entre la ciudadanía el llamado Plan de Infraestructuras Sanitarias 2004-2007 que sirvió a Aguirre para inaugurar seis nuevos hospitales en los meses previos a las autonómicas de 2007, en las que arrasó con el 53% de los votos. También ha calificado de “surrealista” y “arriesgado” que la Guardia Civil o la Fiscalía lo consideren ideólogo de esa cláusula.
En el caso de los contratos de la Consejería de Sanidad que él dirigía, el juez detalla de forma indiciaria un quebranto para las arcas públicas de 3,07 millones de euros a través de esta cláusula, una cantidad que Lamela ha negado de forma rotunda. Según ha explicado, el dinero que se invirtió en campañas publicitarias fue “irrelevante” teniendo en cuenta la magnitud de estos contratos, por los que se encargaba a grandes empresas la construcción de las infraestructuras y la gestión de la parte no sanitaria durante un período de treinta años.
