La Audiencia Nacional anula una segunda prórroga ilegal de García Castellón en una causa judicial

La Audiencia Nacional ha vuelto a tumbar una prórroga irregular de una causa por parte del juez Manuel García Castellón. Si hace unas semanas la Sala de lo Penal anuló la prórroga que el juez impuso en una de las piezas separadas del conocido como 'caso Villarejo', esta vez han hecho lo mismo con su decisión de ampliar el tiempo de investigación sobre los homenajes a presos de ETA. Los jueces consideran que el magistrado se basó en una petición “absolutamente extemporánea” de la asociación Dignidad y Justicia, apoyada por el PP como acusación popular, para investigar un canal de Telegram gestionado por Sortu. Varios imputados de Tsunami Democràtic han denunciado en sus recursos al Supremo que, en su caso, el juez también prorrogó el caso de forma irregular un día fuera del plazo.

Se trata de una causa abierta en 2018 tras una denuncia de la asociación Dignidad y Justicia: unas diligencias que investigan desde hace más de un lustro el posible enaltecimiento del terrorismo en la organización de los 'ongi etorris', homenajes a los presos de la banda terrorista ETA cuando salen de la cárcel. Tal y como explicó elDiario.es el pasado mes de enero, al magistrado pasó de dar por concluida la investigación a firmar su prórroga precisamente a petición de la asociación denunciante, presidida por Daniel Portero, hijo de una víctima mortal de la banda terrorista y diputado del PP en la Asamblea de Madrid.

La petición de Portero, a la que se adhirió la acusación popular del propio PP, implicaba nuevas diligencias para investigar el contenido de un chat de Telegram gestionado por Sortu, el partido central de la coalición EH Bildu. Lo justificó en unos informes de la Guardia Civil que le habían llevado a “revisar las actuaciones” y prorrogar la causa, reconociendo que el cierre de la investigación en octubre de 2023 fue “prematuro”. En ese mismo auto, se dirigió a Telegram para solicitar información sobre ese canal.

Tal y como explicó elDiario.es, la Fiscalía recurrió esta decisión y acusó al magistrado de estar poniendo en marcha una investigación “inquisitorial” sobre estos homenajes a presos etarras. La Sala de lo Penal no llega tan lejos pero deja negro sobre blanco que García Castellón tiene la obligación de exponer “razonadamente” por qué necesita prorrogar un caso, y las “concretas diligencias” que necesita. En este caso, la petición de diligencias de la asociación de Portero fue “absolutamente extemporánea” y aún así fue esgrimida por el juez para volver a impulsar la causa.

Esa petición, reprocha la Sala de lo Penal, se basaba en un informe de la Guardia Civil de febrero de 2023. Un informe que había tardado en llegar y que ya había supuesto varias prórrogas del caso. Las acusaciones populares, entre ellas el PP, llevaban meses sin pedir ninguna diligencia sobre ese informe hasta finales del año pasado. Ocho meses después. Acceder a esa diligencia y prorrogar la causa, dice la Sala de lo Penal, es “contrario” a la finalidad de los plazos de instrucción.

García Castellón, sigue la Sala, no vio entonces la “necesidad, utilidad y pertinencia” de hacer esas diligencias o prorrogar el caso hasta que, en enero de este año, entiende que cerró la causa de forma prematura. Su auto adolece de “falta de fundamentación jurídica” y la causa debe permanecer cerrada y si quiere llevarla a juicio tendrá que hacerlo con las pruebas que ya tiene, y sin nada relativo a la petición extemporánea de información que hizo a Telegram sobre el canal de Sortu.

Segundo varapalo a García Castellón

El artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal pone límites al tiempo que un juez puede mantener en marcha una causa, y tasa los mecanismos que le permiten prorrogar esos plazos. En algunas ocasiones, hay diligencias que se anulan y causas que se ven afectadas porque algunas diligencias se piden fuera de plazo. En el caso de Manuel García Castellón, según la Sala de lo Penal, el problema es que acuerda las prórrogas de forma irregular. Sucedió también, tal y como reveló elDiario.es, en una de las piezas separadas del caso Tándem.

La Sala de lo Penal reprochó al magistrado que ampliara el plazo para investigar una de las ramificaciones del caso, el que investiga si un empresario contrato al excomisario José Manuel Villarejo para extorsionar a su expareja. En ese caso los jueces recordaron al magistrado que “en manera alguna” podía añadir seis meses más a una causa que ya llevaba cuatro años y medio en marcha solo por estar esperando a que Rumanía enviara unos datos importantes para el caso.

Otra causa en la que los imputados han alegado un incumplimiento de los plazos de instrucción por parte de Manuel García Castellón han sido los acusados del caso Tsunami. En sus escritos al Supremo, entienden que esta causa también se prorrogó de forma irregular al hacerlo el juez un día fuera de plazo. Sus alegaciones están pendientes de respuesta por parte del Supremo.