La Audiencia Nacional ignoró tres informes sobre corrupción en Marbella y un chivatazo al marido de la alcaldesa

El nombre de Ángeles Muñoz, su cargo, alcaldesa de Marbella, o el apelativo con el que la conoce su entorno, Titi, aparecen mencionados en repetidas ocasiones en el sumario de la causa en la que han sido procesados por narcotráfico y blanqueo su hijastro y su marido. Y no son menciones circunstanciales. La Policía propuso en un informe que la presunta utilización del poder de Muñoz por parte de sus familiares investigados se convirtiera en una línea concreta de investigación. Nunca ocurrió. Ni la Fiscalía Antidroga, ni el Juzgado de la Audiencia Nacional apreciaron indicios suficientes.

Tanto para el Juzgado Central de Instrucción número 6 como para la Fiscalía especializada la investigación ha concluido. Lo hizo el 29 de septiembre, tres semanas antes de que elDiario.es comenzara a revelar los detalles de una causa que había permanecido en secreto durante tres años, lejos del foco mediático, por tratarse supuestamente de una de tantas que se siguen en la Audiencia Nacional contra organizaciones de narcotráfico. 

Este medio ha localizado en el voluminoso sumario tres informes de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) con epígrafes referentes a presuntas prácticas de corrupción. En el primero de ellos, fechado en julio de 2019, la unidad que actuaba en funciones de policía judicial comunicaba al entonces juez del caso, Alejandro Abascal, lo siguiente: “Dados los hallazgos resultantes de la intervención del teléfono de Joakim Broberg que se comunican en el presente, se solicita que se amplíe la investigación a los delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias”. No consta respuesta en el sumario. Ni del juez, ni de la fiscal Antidroga del caso, María Dolores López Salcedo. 

Y no se trataba de una ocurrencia de los investigadores. Con la información que había llegado de las autoridades suecas, la Policía comenzó a investigar al hijastro de la alcaldesa por transportar marihuana y hachís desde Marruecos a Suecia, con parada en la Costa del Sol, y por utilizar la provincia de Málaga para blanquear los beneficios. 

Primero intervinieron los agentes de la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (UDYCO), especializados en el tráfico de drogas. Seguían a los narcotraficantes suecos en sus visitas por España, establecían conexiones, cruzaban sus datos con otro caso que llevaba la Guardia Civil… En una segunda fase entró en juego la UDEF para rastrear el blanqueo del dinero obtenido con el narcotráfico. Cuando los agentes comenzaron a escuchar las conversaciones de Joakim Broberg supieron que el caso “de los suecos”, como se conocía en la Audiencia Nacional, escondía algo más. 

Tres días después de las elecciones municipales de mayo de 2019, Broberg se refiere a un “calvo” que tenía sentado al lado en un bar de Marbella. El hijastro de Ángeles Muñoz le cuenta a su socio Mike Holmen que se trata de 'el calvo' que les había facilitado unos permisos en Benahavís, ciudad colindante con Marbella en la que arrancó su carrera política Ángeles Muñoz como teniente de alcalde. 

“Porque ahora hemos ganado nosotros también. Porque ahora tenemos la Junta de Andalucía. Tenemos Marbella. Tenemos Estepona. Tenemos todo. La ciudad es nuestra. Básicamente, tenemos toda la jodida Andalucía. Aquí está sentado [el calvo] con los tres técnicos y diciendo que vamos a poner todo sobre la mesa. Esto, lo otro y tal”, afirmaba Broberg. La UDEF se ocupó de conocer quién era “el calvo”. Y efectivamente, era un responsable de Urbanismo en Benahavís, el muncipio más rico de Málaga. 

A continuación, otro párrafo del informe ignorado por el juez Abascal y la fiscal López Salcedo: “De las conversaciones telefónicas interceptadas a Joakim Broberg se desprende la gran influencia que tiene el sueco en las decisiones del Ayuntamiento de Benahavís sobre cuestiones urbanísticas y esto es debido a las relaciones de parentesco con la regidora marbellí”.

“Notorio uso de influencias”

Solo tres meses después de la primera advertencia policial sobre presunta corrupción llegó la segunda. En octubre de 2019, en un informe ampliatorio desconocido hasta ahora, la UDEF trasladaba a la fiscal y al juez que había encontrado “tres aspectos fundamentales en lo que se refiere a las actividades delictivas de Joakim Peter Broberg”: sus “negocios inmobiliarios”, la utilización de paraísos fiscales y abogados especializados y, por último, un “notorio uso de influencias en las distintas administraciones públicas involucradas, que no duda en usar tanto para beneficio propio como de terceros”.

La recogida de indicios y su plasmación en informes de la UDEF se mantuvo mucho más en el tiempo, siempre bajo el secreto decretado por el juzgado. Un año después de la primera alerta sobre presunta corrupción vinculada a Ángeles Muñoz hubo un tercer informe policial con alusiones a la corrupción. En este caso, los agentes abordaban las conversaciones del hijastro de Muñoz en el otoño de 2019. Uno de los epígrafes del informe policial, fechado el 3 de agosto de 2020, se titulaba: “Información privilegiada para favorecerse con una operación de venta de terrenos”. 

Los agentes escucharon a Broberg hablar con una colaboradora de su padre y con otro empresario con antecedentes. “Se pone de manifiesto que Joakim cuenta con información privilegiada respecto a la elaboración de un nuevo Plan de Ordenación Urbanística”, escribieron en agosto de 2020. Broberg planeaba comprar unos terrenos de los que su dueño no había podido desprenderse por “un problema con el Ayuntamiento”.

Consultada por este medio, una voz autorizada de la Fiscalía Antidroga asegura que su fiscal López Salcedo investigó las cuentas de Broberg y que no encontró nada que apuntara a delitos de corrupción, así como que la citada fiscal ha impulsado “en todo momento” el proceso. López Salcedo no hizo una sola pregunta a Joakim Broberg cuando éste compareció en fase de instrucción, aseguran fuentes presentes en la declaración. 

Chivatazo de una investigación bajo secreto

El sumario del caso recoge otro hecho relevante que tampoco mereció investigación alguna. Lars Broberg (79 años) avisó a su hijastro de que tenía el teléfono intervenido mientras Joakim ya era investigado por narcotráfico y blanqueo en una causa secreta de la Audiencia Nacional, iniciada a solicitud de las autoridades suecas, muy preocupadas por los niveles de violencia que la Mocro Mafia está ejerciendo en su país. 

El propio autor del chivatazo a Joakim Broberg, su padre Lars, acabó investigado y después procesado en la causa, aunque ésta se ha dejado de dirigir contra él porque sus facultades mentales actuales no le permiten defenderse. Descubrir quién avisó al marido de la senadora del PP y alcaldesa de Marbella de una investigación secreta de tal alcance no mereció una sola diligencia por parte del juez ni solicitud de la misma en el caso de la fiscal. 

En el informe de agosto de 2020, la Policía vuelve a destacar indicios de delitos entre horas y horas de conversaciones. Uno de ellos corresponde al 28 de octubre de 2019. Han pasado seis meses desde que arrancara en secreto la causa de la Audiencia Nacional. Ese día, a las 20:19, Lars Broberg tiene prisa por informar a su hijo de que el móvil que sostiene está pinchado: “El que estás sosteniendo ahora. Están escuchando todo”.

Joakim Broberg se jacta de saber que tiene ese teléfono intervenido y añade que dispone de otro terminal al que los policías no pueden acceder. “Yo soy especial”, llega a decir. Su padre corta abruptamente la conversación, según describen los policías en su atestado. La UDEF plasma que la conversación denota que Lars Broberg conoce la investigación en marcha. 

Desde la Fiscalía Antidroga apuntan que cuando la fiscal accedió al contenido de esa conversación, que se produjo en sueco, ya era “prácticamente inútil investigar quién o cómo se filtró la información”. En esta línea, las fuentes consultadas destacan la dificultad de “proteger el secreto” de causas como la aludida, una investigación conjunta con Suecia, país donde se estaban practicando simultáneamente diligencias.

Cualquier otra de las partes personadas podría instar al juez instructor, ahora que no hay secreto de sumario, a abrir una nueva línea de investigación o a deducir testimonio a otro juzgado competente, ya fuera por la corrupción o por el chivatazo. Sin embargo, los abogados de los presuntos narcotraficantes están centrados en la defensa de los intereses de sus clientes y el actual magistrado de la causa, Manuel García-Castellón, ha rechazado la personación del PSOE de Marbella como acusación popular.