Ruz cierra los papeles de Bárcenas y da por acreditada la financiación irregular del PP
El juez Pablo Ruz ha dado por concluida la investigación de los denominados 'papeles de Bárcenas' sin proponer que se sienten en el banquillo ninguno de los dirigentes del Partido Popular, aunque considera a la formación de Mariano Rajoy responsable civil subsidiario por un delito fiscal al no haber declarado los donativos irregulares de 2008, el único ejercicio al que no alcanza la prescripción.
En su auto, el juez da por acreditado que el PP tuvo una caja B nutrida con dinero negro que aportaban grandes empresarios, al menos durante 18 años, el periodo que abarcan las anotaciones a mano que Bárcenas fue haciendo del dinero en sobres que llevaban los contratistas a Génova.
La conclusión de Ruz es tan demoledora en términos políticos como inocua a efectos judiciales para el partido de Rajoy. El motivo es el Código Penal que propiciaron los dos partidos que gobernaron España, PP y PSOE, hasta 2010, fecha en la que el texto legal cambió para que se pudiera imputar delitos a una formación política.
En un momento del auto, Ruz pone negro sobre blanco la trama delictiva del Partido Popular, del que dice que “se vino sirviendo de diversas fuentes de financiación ajenas al circuito económico legal, lo que permitió operar, al menos durante los 18 años investigados, con varios sistemas de cuentas que registraron corrientes financieras de entradas y salidas de dinero al margen de la contabilidad oficial declarada por el partido y presentada al tribunal de cuentas, funcionando las referidas cuentas a modo de contabilidades paralelas, cajas de dinero en efectivo o cajas B”.
Con estos mimbres, Ruz considera que solo le queda sentar en el banquillo a los extesoreros de la formación Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, al exgerente Cristóbal Páez, y a dos responsables y una empleada de la empresa de arquitectura que llevó a cabo la reforma.
Ruz imputa al gerente y los extesoreros del PP por no haber declarado las donaciones del ejercicio correspondiente a 2008 (el único de los papeles no prescrito), sin perjuicio de la cooperación de los responsables del PP en la comisión de los delitos atribuidos a la empresa Unifica. A Bárcenas y Lapuerta se les imputa también un delito de apropiación indebida, por lo que el juez considera que el segundo se quedó con parte de ese dinero negro gracias a la colaboración del primero.
El Código Penal vigente para el momento en el que se cometió el delito fiscal señala que los responsables del delito serán los administradores de hecho o de derecho de la formación política. Ruz llega así a la conclusión de que los estatutos de la formación impiden imputar el delito por la cantidad que el partido defraudó a ninguno de los dirigentes por encima del extesorero y el gerente. La empresa Unifica también aparece como responsable civil subsidiario.
El juez aprovecha el auto para dejar claro que el partido escapa a un delito de financiación irregular porque, hoy por hoy, quien ha tenido posibilidad de incluirlo en el Código Penal no lo ha hecho. Incluso cita el artículo 4.2 del Código Penal por el que se permite a los jueces que propongan a los Gobiernos incluir determinadas sanciones penales. Él no lo hace porque es consciente de que hay una reforma en marcha del Código Penal para que, una vez aprobada, se pueda castigar a los partidos por financiarse irregularmente. La reforma se produce ahora que los dos grandes partidos del país, así como el gobierna Cataluña, se han financiado irregularmente, como han puesto de manifiesto diversas sentencias y este auto de Ruz.
Descartado el delito de financiación irregular, Ruz señala un delito de falsedad contable por las salidas que se dieron a las donaciones irregulares. Pero está prescrito. También apunta a delitos electorales. También prescritos. Y debe ceñirse al delito contra la Hacienda Pública.
En el auto, el juez incluye todas las diligencias que ha practicado durante tres años de instrucción de los denominados 'papeles de Bárcenas'. Y en ellos se apoya para llegar a la conclusión de que el PP tenía una caja B. Se trata de documentos intervenidos en el registro de Génova y otros practicados, los documentos aportados por las diversas entidades públicas y privadas que fueron requeridos, las decenas de interrogatorios practicados, los informes periciales que acreditan la autenticidad de los 'papeles', así como las salidas de fondos.
Todo ello, afirma el juez, permite corroborar “la existencia y circulación en el seno del Partido Popular, a cargo del gerente y tesorero nacional, de diversas corrientes financieras de cobros y pagos continuas en el tiempo, al margen de la contabilidad remitida por el Tribunal de Cuentas y sin la correspondiente declaración ante la Hacienda Pública, integrando sistemas paralelos de funcionamiento y gestión económico-financiera de la formación política a modo de contabilidades opacas o cajas B”.
Ruz también enumera el destino que se dio al dinero negro de los empresarios: pago de retribuciones, sobresueldos o compensaciones de personas vinculadas al partido; financiación de campañas electorales; pago de distintos servicios y gastos en beneficio del partido o relacionados con su actividad; integrar el saldo de las cuentas de donativos anónimos y nominativos del partido.
Aunque la investigación no ha permitido establecer que las donaciones fueran finalistas, Ruz deja claro en el auto que todos los empresarios donantes “mantenían contratos vigentes de prestación de servicios o realización de obras o suministros para la Administración Pública en el momento de efectuarse las aportaciones, habiendo resultado todas ellas adjudicatarias de contratos por administraciones públicas gobernadas por el Partido Popular durante el periodo temporal comprendido entre 2002 y 2009”.
Dinero negro para la 'conspiranoia'
El delito de apropiación indebida que atribuye a Lapuerta y Bárcenas está relacionado con la compra de acciones de Libertad Digital con dinero negro del PP. Lapuerta, aprovechando la opacidad de la contabilidad paralela, se quedó con fondos procedente de ella, “con el conocimiento y anuencia de Bárcenas”. La financiación de Libertad Digital con dinero negro se produjo a finales de 2004, en plena ofensiva de la emisora de Federico Jiménez Losantos contra el Gobierno de Zapatero, a través de la “teoría de la conspiración”.
El magistrado ha decidido fragmentar esta pieza separada del caso Gürtel. Así, Ruz se inhibe a un juzgado de Toledo en lo referente al expediente de limpieza por el que se adjudicó a Sufi el servicio de basuras de la capital castellano-manchega. Ruz aprecia indicios de prevaricación, pero no al menos “en el momento presente”, del supuesto soborno para financiar la campaña de María Dolores de Cospedal, como apuntó Bárcenas.
En el mismo auto, de 190 páginas, el juez acuerda el archivo provisional y parcial para los 22 restantes imputados –la mayoría, empresarios que aparecían como donantes del PP– y el exsecretario general Ángel Acebes. Ruz cifra en 1.552.000 euros la cantidad real que abonó el PP a Unifica.
