Bajar impuestos. Es la solución para todo que el PP incluye en las resoluciones al debate del estado de la nación que han registrado este miércoles en el Congreso. ¿Hay un problema de inflación? Deflactar el IRPF. ¿Aumenta el riesgo de pobreza infantil? Reducir los tributos. ¿La crisis energética pone en duda el suministro, y el precio de este, ante el invierno? Bajar los impuestos. El partido de Alberto Núñez Feijóo plantea además prolongar la vida de las nucleares, aunque hasta 2027 no esté previsto el inicio del cierre de ninguna. La tercera pata de las propuestas que se votarán el jueves es también habitual en los sus programas: recentralizar, ya sea la educación o la sanidad. Eso sí, sin mencionar a la privada tras la polémica de las becas de Ayuso. Una de las pocas diferencias con el PP de Pablo Casado.
El PP no plantea novedades en las resoluciones, que podrán enmendarse a lo largo de esta tarde y que se votarán en el Pleno del jueves. Como otras iniciativas parlamentarias, las resoluciones del debate del estado de la nación no pasan de ser sugerencias o peticiones más o menos concretas al Gobierno. Su influencia en la acción del Ejecutivo suele ser menor ya que, por definición, las plantean los grupos que no integran el Gobierno.
Pero sí sirven para definir la política de cada partido. La última vez que se produjo un debate de política general, en 2015, gobernaba el PP. Las resoluciones planteadas por la izquierda o los grupos plurinacionales fueron rechazadas y no influyeron en la acción del Ejecutivo del PP. Fueron, eso sí, un preludio de lo que estaba por venir a partir de la moción de censura de 2018.
Es lo que ocurre en el caso de las resoluciones planteadas por el PP, que recogen sus planteamientos clásicos, así como algunos más coyunturales. En ambos casos, sin novedades sobre lo ya anunciado. Ni en el campo de la economía, donde intenta focalizar su oposición Feijóo, ni en el de las instituciones, la lucha contra la pobreza o la Política Exterior y de Defensa.
El PP ha presentado una decena de propuestas de resolución. Cada partido tiene la libertad de presentar los bloques que considere y el contenido tampoco está tasado, por lo que la mera selección de temas y el marco en los que se agrupan dicen mucho de las intenciones de los grupos.
La radiografía que hace el PP es la de un país abocado al desastre, con una situación comparable a la de la crisis financiera que se inició en 2008 y víctima de un “empobrecimiento general que provoca la desaparición de la clase media”. Para el PP, la principal causa del actual estado de la nación es la “destrucción de empleo”, pese a que España está precisamente en los mejores datos paro desde aquel 2008.
Más allá de las propuestas genéricas para paliar esta situación, como “atender situación de privación material” o un “plan de protección de las familias”, el PP apuesta por “bajadas de impuestos, deducciones fiscales” dirigidas “a los más vulnerables”. El PP plantea además la mejora burocrática del ingreso mínimo vital.
En materia de Sanidad, el PP señala al Gobierno como responsable único del déficit de profesionales en la atención primaria, que se resolvería con una ampliación de plazas en el MIR concreto y la creación de una especialidad en Urgencias. Según el documento, hacen falta 1.000 médicos de familia en los próximos años.
Pero el PP no deja pasar la oportunidad de apostar por exprimir la recentralización como receta. Por ejemplo, con un Registro Estatal de Profesionales Sanitarios o un “gran acuerdo nacional” de medidas de choque, otra vez centrado en la atención primaria.
Algo similar ocurre con la Educación. Además de reclamar una genérica “libertad de los padres” para elegir “la educación y el centro de preferencia”, el PP pide un “currículo para todo el sistema educativo no universitario” en “todo el territorio” con “enseñanzas comunes”. También plantean “establecer criterios objetivos para promocionar, evaluar y titular” iguales en toda España.
Como la prueba de acceso a la universidad, EBAU, que debería consistir en “una prueba única para todo el territorio español”. Las diferencias entre comunidades autónomas es utilizada habitualmente por la derecha para hacer política. Este mismo miércoles, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado que existe discriminación para los estudiantes madrileños quienes, supuestamente, se quedan fuera de la universidades que quieren en detrimento de los de otras zonas del mismo país.
El reverso de estas medidas está en la defensa encendida del castellano, víctima de una supuesta persecución en aquellas comunidades con lengua cooficial. Pese a que Feijóo ha hecho bandera de esta riqueza cultural, su grupo parlamentario pide su “no discriminación” y llevar al Constitucional el nuevo marco regulatorio de la llamada “inmersión lingüística” en Catalunya.
Lo que no menciona el PP de Feijóo es a la educación privada. Ni una referencia después de la polémica por las becas de Ayuso a familias con rentas por encima de los 100.000 euros anuales para centros privados. Un debate que el presidente del PP resolvió con una frase en la que parecía estar, a la vez, a favor y en contra.
Otra de las resoluciones reclama al Gobieron que promueva la defensa de la Transición como “base fundamental de la concordia entre españoles y la superación de la dictadura franquista” así como “intensificar el reconocimiento de las víctimas del terrorismo como referente ético”.
El PP hace una mención expresa a ETA, desaparecida hace 11 años y después de que la portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, dedicara el martes un tercio de su intervención inicial a hablar de la banda terrorista, que se rindió en 2011.
En cuanto a la grave crisis energética que vive Europa, y que se puede intensificar si Rusia mantiene la guerra en Ucrania cuando llegue el invierno, el PP insiste en la reducción de impuestos como la piedra angular de su solución. Además, reclama como “recurso autóctono” el “promover un nuevo calendario de cierre, alargando la vida útil” de las centrales nucleares actualmente operativas.
Para ello, cómo no, se debe “reducir el actual exceso de impuestos” e imponer un “precio estable”. Pero, además, la solución que plantea el PP se choca con una realidad: los cierres no están previstos que se inicien antes de 2027, por lo que difícilmente prolongar su vida podría ayudar en la actual crisis.